El fiscal Raúl Garzón sumó el delito de encubrimiento agravado a la imputación que ya pesaba en contra de Liliana Asís.

La querella que encabeza el abogado Carlos Nayi había advertido en las últimas horas que pediría detenciones de funcionarios y así accedió la fiscalía, en el caso de Asís porque entiende que mantener su libertad genera peligro procesal.
El fiscal Garzón había imputado por omisión de deberes de funcionario público y por falsedad ideológica a Asís (70) al no haber denunciado los casos a tiempo y haber firmado los certificados de defunción de los niños muertos en situaciones bajo sospecha.
Por las mismas figuras están imputadas las médicas Marta Gómez Flores y Adriana Moralez.
Sin embargo hoy a Garzón se le agregó la figura de encubrimiento agravado, por todos los hechos, que son las cinco muertes de recién nacidos y ocho casos que quedaron calificados como tentativas de homicidio.
La investigación comenzó en agosto pasado a partir de denuncias formuladas dos meses antes sobre cinco casos de «muertes sospechosas» de bebés nacidos sanos en el hospital provincial neonatal.
En la primera semana de setiembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.
La causa tiene siete imputados, entre ellos la enfermera Brenda Agüero, que era hasta hoy la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes.
Agüero está detenida desde el 19 de agosto último e imputada por el fiscal Garzón por los delitos «homicidio calificado por aplicar método incidioso al suministrar potasio incompatible para la vida», que sería la causa de los fallecimientos de los bebés nacidos sanos, que ocurrieron entre marzo y mayo de 2022.
También está acusada por el mismo delito en grado de «tentativa» sobre ocho bebés que habrían pasado por la misma práctica y sobrevivieron, y corresponden a nacidos entre marzo y junio del año pasado.
Los restantes imputados son el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital Alejandro Salama, por el delito de «omisión de los deberes de funcionario público», según consta en el expediente.
Además, las exjefas de áreas del neonatal Gómez Flores y Morales están acusadas por los delitos de «omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica».
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