Detuvieron a una ex policía Federal trasladada a la Ciudad que reclama por su reincorporación

A su turno, Graciela Ligorria, con su hija en brazos, tomó el micrófono y expresó: “Era personal policial y hoy no lo soy gracias a usted y a toda la gente que tiene a su alrededor. Después de 20 años de trabajo me dejaron en la calle por reclamar mis derechos. Soy personal transferido y lo único que pedía era volver a Policía Federal, me echaron y no se me pagó un solo centavo”. Su principal interlocutor, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, intentó, sin suerte, esbozar una respuesta. Este lunes al mediodía, la casa de la ex policía fue allanada y ella permanece detenida en la comisaría tercera de Quilmes, acusada de «usurpación de títulos y honores».

Todo comenzó el sábado temprano en medio de una reunión encabezada por Rodríguez Larreta con vecinos de Liniers quienes realizaban algunos planteos vinculados con problemas de inseguridad en el barrio. En ese momento, varios ex agentes de la Federal que en su momento fueron trasladados compulsivamente a la Policía de la Ciudad aprovecharon la oportunidad de volver a reclamar por su reincorporación a la PFA. Incluso, acusaron al jefe de gobierno porteño de mentiroso y al oficialismo de haberse quedado con todos sus aportes de la Caja de Retiro.

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“¿Qué les doy de comer a mis hijos? ¿Ahora cómo sigo?”, le preguntó Ligorria. “No tengo respuestas de nadie. Todos me cierran las puertas. No se me indemnizó. Se me echó a la calle. Dónde están mis aportes”, se autorespondió la mujer, despedida de la fuerza unas semanas atrás.

El lunes, una comisión de la Bonaerense allanó la casa de Ligorria y su marido, el ex cabo Juan Mármol, en Bernal Oeste, Quilmes. Según reconstruyeron algunos compañeros de armas de la pareja, los efectivos que protagonizaron el procedimiento realizaron varios destrozos en las instalaciones. “En el momento de la irrupción Ligorria estaba con la bebé en brazos. Aparentemente, el personal policial la quiso reducir y ella como que forcejó. La golpearon, redujeron y tenemos entendido que le quieren armar una causa por atentado y resistencia a la autoridad”, explicó a Tiempo el cabo primero Ricardo Braunstein, quien también se niega a ser traspasado a la Policía de la Federal.

“Suponemos que todo esto tiene que ver con las denuncias que estamos haciendo por la Caja y porque quieren someternos psicológicamente. Tratan de desprestigiarnos. Llegaron a acusar a Ligorria de enriquecimiento ilícito y que viajaba por todo el mundo. Pero esos eran los destinos de ella como custodia de la presidencia y vicepresidencia”, analizó Braunstein, quien si bien aún sigue en la fuerza, sabe que tiene los días contados como policía ya que está de manera pasiva y sin cobrar su sueldo.

Braunstein opina: “Los funcionarios deben pensar que la pareja responde al gobierno anterior y mezcla las cosas. Nosotros somos apolíticos. Recibimos órdenes del gobierno de turno. Sólo queremos que nos devuelvan los recursos de la Caja y volver a la Policía Federal”.

Según pudo saber este diario, los investigadores se llevaron de la casa de Ligorria algunas pertenencias cuando pertenecía a la fuerza como el chaleco antibalas y las cartucheras de la pistola. Tiempo no pudo saber si el secuestro del arma reglamentaria también estaba entre los objetivos del procedimiento.

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Mármol fue exonerado en junio por incumplimiento de los deberes y las obligaciones por ser policía de la Ciudad, además de insubordinación. La suerte de Ligorria no es diferente, fue echada tras acumular denuncias por amenazas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se había mencionado periodísticamente que la estuvo relacionada con una investigación por enriquecimiento ilícito, sin embargo ella lo desmiente.

Ambos lideraron y participaron de protestas en diferentes sitios como en la Casa Rosada, en los ministerios de Seguridad de Nación y de Capital, en la Legislatura Porteña y en dependencias policiales. En las manifestaciones, en las cuales llegaron a participar más de mil policías, reclaman que el traspaso (de unos 19.300 agentes de la Federal) fue inconstitucional.