Diego Montón: “Denunciamos ante la ONU la desarticulación de las políticas alimentarias y de fomento de la ruralidad”

La Vía Campesina, organización internacional en la que Montón es miembro del Colectivo de Derechos Campesinos, está presente en 88 países de los cinco continentes. Surgió en 1992 como resultado de la articulación de las distintas luchas que se venían dando en el ámbito rural contra el neoliberalismo. En 2018, como resultado de un largo proceso promovido por la Vía Campesina, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Campesinos. “Trabajamos en conjunto con todas las organizaciones campesinas, dando la discusión con los estados y articulando con el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, ente encargado de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo”, explica el dirigente de la MAA.

-¿Qué resultados arrojó el Foro realizado en Bogotá?

– El contenido del Foro giró en torno a conocer nuevas políticas públicas positivas, que avanzan en el reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos de los campesinos, y también los muchos problemas, o retrocesos, que se están viviendo en muchas partes del territorio, sobre todo en nuestro país. Todo lo que se sistematiza de este Foro lo toma el Alto Comisionado de la ONU para poder hacer recomendaciones para los Estados, y también lo tomamos nosotros para ir viendo los desafíos que tenemos y las distintas estrategias que los movimientos campesinos nos vamos dando en la región.

No hay que pasar por alto que la Declaración [de Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos] pone en marcha numerosos derechos vitales para la supervivencia y crecimiento del campesino: el derecho al libre uso y cultivo de semillas; el derecho a acceder al mercado con precios justos (a partir de lo cual la ONU sugiere a los estados intervenir directamente en el mercado); el derecho al agregado de valor, que implica que los estados inviertan en infraestructura para que en el campo se pueda agregar valor a la producción; el derecho a la gestión de la biodiversidad, a la educación cultivadora y la agroecología. También está planteado el horizonte de la reforma agraria. En suma, son varios elementos que, si bien eran viejas luchas de los campesinos, hoy son parte de los Derechos Humanos.

-¿Cómo vio la situación en Colombia? ¿Hay punto de comparación con lo que sucede en nuestro país?

– En el caso de Colombia, se está dando un proceso activo que avanza día a día impulsado por las autoridades gubernamentales. Colombia tiene una historia acumulada de organización, de lucha campesina. Viene de atravesar una larga y difícil etapa para dar paso a una nueva, a partir de los Acuerdos de Paz que implicaron el fin de la confrontación armada entre el gobierno y un grupo de organizaciones disidentes del ámbito rural. La apertura actual del Gobierno, en este marco, está dando mucho más espacio a las organizaciones campesinas, que en su caso son verdaderamente masivas. Colombia tiene mucha más población rural que nuestro país: Argentina tiene hoy menos del 8% de su población habitando el espacio rural, cuando países en teoría ‘urbanos’ como Alemania tienen 22% y el promedio mundial es de 43%. Esto hace que no sea grande la capacidad de incidencia de muchas de las políticas que puedan aplicarse para garantizar los derechos del campesino, en comparación con las políticas que afectan a las poblaciones de las ciudades.

Es por ello que la Mesa Agroalimentaria Argentina es una herramienta muy importante, porque gracias a ella logramos profundizar la organización en el campo y la ruralidad en general. Un gran conjunto de todos los actores que vamos coincidiendo programáticamente. La Mesa es un espacio no solamente campesino: nuclea también a pequeños y medianos productores, cooperativas, y otros grupos no necesariamente organizados pero que sí se encuentran enclavados en el ámbito rural y tienen la visión compartida para el desarrollo rural y sobre todo la soberanía alimentaria.

El segundo elemento tiene que ver con “urbanizar” la discusión: el desarrollo rural y los derechos campesinos están directamente relacionados con el derecho a la alimentación en los pueblos y ciudades en general. Entendemos que la soberanía alimentaria no puede ser solamente una reivindicación “del campo”: tiene que ser una reivindicación de todos los sectores.

Venimos trabajando fuerte en la articulación con las universidades, los estudiantes, sectores de la ciencia, los movimientos sociales y sindicatos. Todo esto para avanzar sobre la dinámica política: quienes ejercen representaciones parlamentarias o ejecutivas deben comprender la importancia de esto. Hoy, más que nunca, podemos visibilizarlo. Además, promovemos directamente la idea de que, para poder tener un derecho a la alimentación saludable, adecuada y universal, es necesario un modelo diferente e inclusivo de agricultura, en el cual campesinos, agricultores familiares, pequeños y medianos productores, sean el centro del modelo. Y que, para ser el centro del modelo, sí o sí se requiere de un Estado que opere de manera inteligente, con políticas diferenciadas, con la capacidad de tener y brindar información adecuada a los distintos sectores.

-Más allá de las decisiones del gobierno actual en nuestro país, ¿se puede considerar que el retroceso en los derechos y la promoción de la ruralidad se extiende a los últimos años?

-Sí, hay un retroceso, pero no podemos centrarnos sólo en estos últimos años. Es una cuestión pendiente. Desde la Campaña del Desierto para acá, la geografía se estructuró con la concepción del terrateniente, la cual, aunque se lo niegue, fue muy distinta de lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos. Ellos tuvieron una campaña similar en su concepción, es decir, despojando y desalojando ilegalmente a los pueblos originarios, pero después adjudicando esa tierra a los farmers: pequeñas propiedades de 60 hectáreas como máximo.

Eso les dio una estructura de desarrollo y una forma de poblar el país que fomentó la producción alimentaria sostenible, y que Argentina la tiene pendiente. Si bien podemos mencionar que en el peronismo se avanzó con la entrega de tierras a los chacareros, asentando en el ámbito rural más de 50 mil pequeñas parcelas, está claro que es una deuda pendiente del Estado argentino para con su propia población. Los últimos 30 años de neoliberalismo agrario han expulsado del ámbito rural entre 300 mil y 500 mil personas, una población que no se ha podido recuperar.

-¿Hay otros enfoques posibles para la solución del problema, además de apelar a las políticas estatales?

-Es una cuestión dual. Desde la Mesa Agroalimentaria tenemos experiencias importantes, de fincas recuperadas, de colonias agrícolas, mostrando en los hechos que es posible que familias campesinas y arrendatarias accedan a la tierra, y también hemos podido demostrar cómo eso impacta, con el modelo agroecológico y sistemas de comercialización de la producción rural.

Desde la Vía Campesina acompañamos todas las experiencias que vayan en la dirección que nosotros promovemos, sean del Estado que sean. Por ejemplo, acompañamos algunas iniciativas del gobierno de la provincia de Buenos Aires que dialogan de forma positiva con la Declaración: fortalecer la producción de la agricultura familiar, promover la agroecología y brindar acceso a la población a estos productos a través de los Mercados Bonaerenses.

En articulación con la ONU y su trabajo a nivel regional, tuvimos la posibilidad de participar en el Foro, espacio de intercambio de experiencias en el que nos encontramos entre ministerios, Naciones Unidas y diversos expertos, de los que hemos aprendido mucho. Y nuestra participación no se agota sólo en instancias informativas, sino que también podemos hacer quejas formales. Estamos trabajando en la construcción de un informe para Naciones Unidas respecto a la situación en la Argentina, en el cual estamos constatando todos los retrocesos que hemos tenido: se desactivaron y desarticularon todas las políticas que estaban asociadas a garantizar el derecho a la alimentación y a fortalecer la ruralidad y el arraigo. Si bien hemos tenido muchas demandas insatisfechas por el gobierno anterior, y hemos sido muy críticos al respecto del déficit de políticas para el sector, con el actual gobierno el retroceso es total.