A diez años de su arresto, el hostigamiento a Milagro Sala es una política de Estado

Hay situaciones que resultan poco comprensibles salvo porque la Argentina parece ser un país en el que las garantías constitucionales son constantemente avasalladas. Que Milagro Sala cumpla diez años detenida el próximo viernes 16 de enero es una de ellas. Internada hace varios días, tiene por delante dos desafíos cruciales: que el Estado argentino mantenga las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para preservar su salud y la posibilidad de reclamar la libertad condicional.

La dirigente está detenida desde el 16 de enero de 2016. En ese entonces llevaba varios días de acampe junto a integrantes de organizaciones sociales que le pedían al incipiente gobernador jujeño Gerardo Morales (UCR) una reunión para hablar sobre medidas relacionadas con el reempadronamiento de cooperativas, que nunca concedió. Más bien, redobló la apuesta con una denuncia a Sala por el acampe que, dos días después, hizo que su entonces ministro de Seguridad, Ekel Meyer, se ponga al frente de un operativo para detenerla. El viernes habrán pasado 3653 días de esa jornada.

Cuando la Justicia ordenó su liberación no se concretó. No tardó en aparecer otra causa con pedido de detención. El expediente se denominó “Pibes Villeros”, en alusión a una cooperativa dedicada a construir viviendas para población vulnerable. En ese caso, Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión al ser considerada jefa de una asociación ilícita y por los delitos de defraudación y extorsión, en el marco de un supuesto desvío de fondos públicos.

En diciembre del 2022 la Corte Suprema dejó firme la condena y Morales, que llevaba meses diciendo que le daba “bronca” que esté detenida con domiciliaria, le pidió a la Justicia que la trasladen a una cárcel común.

En 2023, un tribunal de Jujuy unificó esa condena con otra de dos años por amenazas en el marco de un reclamo que Sala le hizo a la policía para que le devuelvan prendas secuestradas a una vendedora ambulante. La defensa apeló la mera sumatoria de condenas y el caso llegó a la Corte que validó la pena de 15 años.

Dos tercios

Con prisión domiciliaria en La Plata tras una larga lucha contra las incesantes maniobras del poder político y judicial jujeño para tenerla presa en esa provincia, el viernes llegará a los dos tercios de condena.

“A partir de ahí estaría en condiciones de acceder a la libertad condicional, pero sabemos que eso va a ser parte de otra pelea porque ninguno de los condenados de la Tupac accedió a la libertad condicional al cumplimiento de los dos tercios”, le dijo a Tiempo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, integrante de la defensa de la dirigente, que confirmó que ya se trabaja en la redacción de un pedido en ese sentido.

Sala pasó los últimos días internada en un hospital por complicaciones de salud que la aquejaron durante su detención carcelaria y domiciliaria.

“En ella encarnaron todas las prácticas represivas, de destrucción no sólo de la organización popular sino de una persona. Que a diez años de detención haya empezado el año internada, con su hijo y su marido muertos, y teniendo que estar en Buenos Aires porque en Jujuy no le aseguraban ni las condiciones más elementales es la demostración de que ese modelo represivo se encarnó en ella”, agregó Gómez Alcorta.

Milei y la CIDH

A la par del capítulo sobre la libertad condicional, la defensa enfrenta una lucha contra las intenciones del gobierno de Javier Milei de que queden sin efecto las medidas provisionales que dictó la CIDH en 2017.

Ese año, el organismo concluyó que la dirigente atravesaba un cuadro de salud “de extrema gravedad y urgencia”. Frente a eso ordenó que el Estado argentino adopte medidas para “garantizar su vida, integridad personal y salud” y sustituya la prisión preventiva en cárcel por arresto domiciliario. Pero ahora, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Cancillería al mando de la gestión libertaria busca la derogación de esas medidas.

Diego Morales, director de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos que ha accionado contra las violaciones del Estado a los Derechos Humanos de Sala, dijo a Tiempo: “El de Milagro es  un caso que no tiene paralelo. Es una muestra clara de una Justicia provincial que busca condenar a una defensora de Derechos Humanos sin motivo y sin pruebas, sólo por ser opositora al gobierno de turno. También demuestra la posición del gobierno actual que intenta levantar las medidas provisionales, incumpliendo sus compromisos internacionales”.

El delicado estado de salud de la dirigente -entre otras afecciones por una trombosis venosa profunda- puede explicarse por el cúmulo de anomalías judiciales que sufrió. Su defensa se quejó muchas veces del impedimento para controlar pruebas, ofrecer testigos y hasta de la negativa del Poder Judicial a peritar las obras para verificar las supuestas irregularidades que le achacaron en una de las acusaciones. Quienes siguen de cerca el caso no dudan en afirmar que las garantías del debido proceso han estado lejos de respetarse. 

Según Gómez Alcorta, esas situaciones persisten. “En una de las causas que está abierta en Jujuy acaban de declararla rebelde porque no pudo participar de la audiencia del 7 de enero, a pesar de que una comisión del Ministerio Público Fiscal fue a La Plata y constató su internación”, dijo. Para la abogada, habrá hostigamiento para rato. «