La oposición en Diputados busca declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027

Luego del apoyo de distintas organizaciones no gubernamentales que se movilizaron este jueves al Congreso de la Nación, la oposición de la Cámara de Diputados se prepara para tratar en el recinto, el próximo 4 de junio, un proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Desde Casa Rosada se mostraron en contra de la iniciativa por considerar que incumple con las metas fiscales que propone el presidente Javier Milei.

La sesión convocada para el mediodía, también incluye en el temario los distintos proyectos vinculados al sector previsional como la renovación de la moratoria y el aumento del bono para jubilados y pensionados. En la oposición muestran optimismo respecto de alcanzar el número necesario de 129 presentes para tener el quorum y luego poder aprobar, al menos, el proyecto de emergencia en discapacidad. Si avanza debe pasar al Senado de la Nación.

La semana pasada, la sesión convocada para tratar las iniciativas para jubilados se cayó porque no se logró alcanzar el quorum debido a que el punto de discordia fue la votación de los miembros de la Auditoria General de la Nación (AGN).

La iniciativa hacia el área de discapacidad cuenta con tres dictámenes que fueron firmados en comisión el pasado mes de abril. El de mayoría incluye medidas relacionadas con el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.

Durante el tratamiento de los proyectos en comisión, Daniel Arroyo, titular de la comisión de Discapacidad, detalló que la iniciativa plantea la emergencia sobre tres cuestiones centrales: “la primera, es la emergencia a lo que hace a las prestaciones, a los servicios para las personas con discapacidad; la segunda, es la relacionada con las pensiones por discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a una pensión, o ya la tienen; la tercera, refiere a algo más subjetivo, pero bien complejo, y es el maltrato”.

En este sentido, se prevén incentivos para las empresas que decidan contratar a trabajadores de este grupo, con el objetivo de fomentar su inclusión en el mercado laboral. Este aspecto busca abordar una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito profesional.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia desde el Ejecutivo, que argumenta que la medida no se alinea con las metas de “déficit cero” y cuestiona su enfoque. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se han expresado críticas hacia el proyecto. Voceros de la entidad calificaron la iniciativa como “regresiva” y señalaron que apela a un modelo asistencialista que, según ellos, ya ha demostrado ser ineficaz.