Diputados proponen un “shutdown” argentino para limitar la prórroga de presupuestos

En el comienzo del debate del Presupuesto 2026 de esta semana se coló un concepto que existe en la legislación norteamericana para frenar al Poder Ejecutivo Nacional: en el marco de la Comisión que preside el libertario José Luis Espert, varios opositores hablaron de “shutdown” o cierre de la Administración de gobierno.

Pero, qué significa ese término. Se trata de una situación en la que el gobierno suspende parcial o totalmente sus operaciones porque el Congreso no aprueba un presupuesto antes de una fecha límite. Y es que en sistemas como el de Estados Unidos, el Congreso debe aprobar leyes de financiamiento para poder operar, si no hay acuerdo entre los partidos políticos, entonces la administración entra en “shutdown”.

De hecho, el Capitolio norteamericano, enfrenta hoy un plazo para aprobar el presupuesto federal del presidente Donald Trump. Si no aprueba a tiempo, antes del primero de octubre, ya sea el presupuesto completo o una extensión temporal, la administración trumpista se queda sin fondos para pagar a sus agencias y empleados.

No es la primera vez que Trump, que recientemente le brindó respaldo económico a Javier Milei, enfrenta esta situación. En su primer gobierno, entre 2018 y 2019, el cierre de administración fue de 35 días. En aquel entonces por diferencias con los legisladores sobre los fondos para el muro. Ahora, la discusión está trabada por los fondos al sector de la salud.

En el caso de Argentina, hay una práctica habitual de prórroga de presupuestos, ya que la Ley 24.156 de Administración Financiera no limita la posibilidad de reutilizar uno indefinidamente. Por eso, hay diputados, como el socialista Esteban Paulón o el peronista Roberto Mirabella que presentaron iniciativas para que el Poder Ejecutivo no abuse de una herramienta que le brinda máxima discrecionalidad presupuestaria.

En diálogo con Tiempo, Paulón explicó: “Planteamos dar un año de gracia de prórroga de presupuesto, pero luego activar este proceso. Fundamentalmente, el sentido de este proyecto es que la Constitución en nuestro sistema es clara en relación con la participación del Congreso, que es la representación del pueblo, en la definición de los recursos y gastos que va a tener el Estado”.

“En el caso de nuestro proyecto planteamos que se puede prorrogar el presupuesto por un año, pero que si ese año en que se ha prorrogado el presupuesto no hay un mecanismo por el cual el gobierno no quisiera aprobar un presupuesto, automáticamente se activa un mecanismo que suspende algunas de las actividades del gobierno fundamentalmente esperando a que se apruebe el presupuesto. Por ejemplo, los sueldos de los funcionarios políticos del estado”, agregó.

Paulón, aclaró que, como la legislación norteamericana, no se afectarían servicios esenciales como las prestaciones sociales, los salarios públicos y obviamente el cumplimiento de pagos de deuda.

En sintonía similar, Mirabella resaltó que el shutdown “se presenta como una herramienta razonable, en tanto de no llegarse a un acuerdo político”. “Dadas las particularidades de nuestro país con problemas de pobreza, desigualdad, y volatilidad de los mercados la implementación plena de este mecanismo implicaría una rigidez que no sería compatible con nuestra gobernanza”, agregó.

En ese sentido, fundamentó: “Por eso en mi proyecto de ley propongo un punto intermedio: limitar la prórroga a un año y, en caso de un segundo año sin presupuesto, aplicar un cese parcial de la actividad estatal, reduciendo el funcionamiento del Estado a las funciones mínimas de servicios sociales, pago de deuda pública, defensa nacional y seguridad interior, pago de remuneraciones de los trabajadores del Estado y al funcionamiento del poder legislativo”.

En cuanto al inicio del Presupuesto 2026, el diputado por Santa Fe, expresó que “hasta ahora el gobierno de la libertad avanza se ha mostrado cómodo gobernando sin presupuesto aprobado por el Congreso pudiendo llevar a cabo los ajustes que todos conocemos, y sobre todo subejecutando el envío de fondos a las provincias”.

“Ahora bien, continuar con este mecanismo un tercer año sería de un enorme error político si contemplamos que las distintas y variadas fuerzas de la oposición le han puesto un freno parlamentario a las políticas de ajuste en universidades, discapacitados, fondos a las provincias (ATN), entre otros. El gobierno nacional debe gobernar con las instituciones respetando los tres poderes del Estado, y no pasando por encima de ellos”, finalizó.