El Gobierno se aseguró la aprobación en general del Presupuesto 2026 y comenzaba el debate por capítulos

La Cámara de Diputados aprobó en general el Proyecto del Presupuesto 2026 pasada la medianoche. El oficialismo logró el acompañamiento de 132 diputados y diputadas, frente al rechazo de 97 y 19 abstenciones.

Esta madrugada se desarrollaba el debate y votación de cada capítulo que incluía el dictamen de mayoría, específicamente el que establece disposiciones generales, ya que entre sus artículos deroga las leyes sancionadas por el Congreso de emergencia en discapacidad y presupuesto universitario. Para evitar que la oposición voltee el artículo 75, la Casa Rosada -a través del ministro del Interior Diego Santilli- negociaba con gobernadores del norte que aprovechaban la situación para subirse el precio.Una señal de esas gestiones surgió minutos antes de la medianoche, cuando el miembro informante del bloque oficialista, Alberto Benegas Lynch anunció dos cambios: el acuerdo para la compensación de la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires y la asignación de una partida a la jurisdicción 5 del Poder Judicial de 21.300 millones.

El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advritió que ambas modificaciones buscaban como objetivo «blindar el capítulo 75 metiendo cosas en el artículo 11». «Están agregando el financiamiento del Poder Judicial en el capítulo 11 con la única finalidad que si algún juez osa suspender la aplicación de la votación se le cae la guita al Poder Judicial. Son unos chantas», advirtió Martínez.

Este miércoles debutó la nueva composición de la Cámara Baja en el recinto. Tras más de siete horas de debate en los que expusieron más de 45 legisladores, los libertarios buscaron hacer valer la construcción de mayoría parlamentaria con el apoyo de diputados aliados y gobernadores que se han visto beneficiados por transferencias de dinero de la Casa Rosada. El Presupuesto 2026 continuará su camino parlamentario en el Senado donde los violetas estiman que será convertido en ley el próximo 26 de diciembre. De darse esa situación, sería el primer Presupuesto del gobierno mileista sancionado por el Congreso, ya que desde que asumió la presidencia, Javier Milei ratificó por dos años consecutivos el último aprobado en el parlamento, en el año 2023.

Sectores de la oposición denunciaron que el gobierno cambió votos por transferencia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y es que una planilla que circuló durante la jornada en el Congreso reveló en los primeros quince días de diciembre se actualizaron ATN a provincias como Tucumán, Entre Ríos, Misiones, Salta, Chaco y Catamarca.  

En este sentido, el radical Pablo Juliano expresó: “Este Presupuesto sale con las prácticas más rancias de la política. En el último mes le dieron nada más ni nada menos que 20 millones de pesos a (Osvaldo) Jaldo para poder construir mayoría”. «El gobierno tomó una decisión que fue construir el presupuesto como haciendo alarde de una mayoría que se va a comiendo representaciones de la política que tiene miedo de decir las cosas», agregó.

La defensa del dictamen libertario la hizo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda Bertie Benegas Lynch quien expresó: “la gente se ha dado cuenta de que paga impuestos para gente que teje redes para mantener sus privilegios. La contención social es que la gente no pague el 60% del fruto de su trabajo para bancar políticos”.  “El 2026 estará dedicado a las inversiones. Con un cartel luminoso que diga no queremos kirchnerismo nunca más. El kirchnerismo dejó un naufragio humanitario. Los artífices del desastre están pidiendo que se arregle todo en dos años”, agregó. Los deseos de que no regrese el kirchnerismo fueron el leit motiv de los discursos libertarios.

A su turno, Juliana Santillán hizo foco en que el dictamen del oficialismo “prevé crecimiento con inversión privada”. “El eje central es la consolidación del superávit fiscal, condición indispensable para dejar atrás las crisis que vuelven una y otra vez”, explicó la mileista. Asimismo, destacó que “las jubilaciones crecen un 5% real. Todos los sectores por encima de la inflación esperada en el próximo año”.

Párrafo aparte para el correntino Lisandro Almirón, quien hizo un papelón en el recinto. Y es que, al momento de su alocución, destacó al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar en el artículo 27 del dictamen una serie de obras, entre las que celebró la restauración del Puente General Belgrano. Sin embargo, el legislador no pudo notar que estaba celebrando el dictamen de minoría de Unión por la Patria.

Desde la vereda opuesta, los diputados de Unión por La Patria, que presentaron dictamen propio, marcaron su postura en contra. En ese sentido, Victoria Tolosa Paz afirmó que “sobran argumentos para decirle no al presupuesto de Javier Milei”. “Por eso tenemos dictamen propio, porque este presupuesto refleja más ajuste, caída de consumo y destrucción del entramado industrial”, agregó.

Tolosa Paz advirtió: “Vienen a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”. También señaló que este proyecto de presupuesto “no trae mejoras para jubilados, ni para las personas con discapacidad, ni para la educación pública, ni para el sistema sanitario, ni mucho menos para que el país crezca y se desarrolle en el tiempo”.

Compañera de bancada, Blanca Osuna cuestionó la eliminación de las metas de inversión en materia educativa y en el sistema tecnológico: “Borran dejar de cumplir la meta de inversión del 1% en ciencia y tecnología que son valores de la Argentina”, señaló la entrerriana.  En tanto, Jorge Taiana sentenció: “Lo que estamos tratando hoy atenta contra el federalismo y aumenta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.  El Estado Nacional se retira de sus obligaciones y recorta prestaciones y fondos esenciales que les corresponden por Ley a las Provincias argentinas. Se abandonan obras de infraestructura que son estratégicas para la soberanía y el desarrollo nacional como el Canal Magdalena, que ya había sido incluido en el presupuesto del año 2023”.

Desde Unidos, que se estima utilice como estrategia la abstención a la hora de votación en general, el socialista Esteban Paulon afirmó: «Este presupuesto desinvierte en las personas, se niega la producción y la infraestructura. Este proyecto es reaccionario”. “En este Congreso tenemos que trabajar para ponerle un freno y darle una respuesta a la enorme mayoría de argentinos que está esperando para saber cómo les mejoramos sus ingresos”, sostuvo.

El espacio que responde a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Corrientes, se preparaba para votar en contra de algunos artículos, sobre todo los cordobeses se oponían a la inclusión de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las transferencias “mínimas” que el Presupuesto establece para las cajas de previsión provinciales. “No nos representa y no tenemos diálogo directo con funcionarios de Rosada, a excepción de Santilli que se acercó a apenas asumió como ministro del Interior”, comentó a Tiempo un representante cordobés.

Como parte del mismo espacio, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot recordó que “Unidos” presentó su propio dictamen con 26 diferencias fundamentales entre las que se destacan la composición de los gastos, pese a coincidir con la necesidad de un superávit fiscal. Massot cuestionó la reducción de aportes patronales, que propone el gobierno, por considerar que afectarían la recaudación de ANSES. Criticó la apropiación de fondos de las provincias que, según él, dejaron a varias en dificultades para pagar sueldos.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola denunció el carácter inconstitucional del Presupuesto 2026 por ir en contra de leyes aprobadas como la de financiamiento Universitario y discapacidad. Al respecto disparó: «Es completamente ilegal e inconstitucional que una ley temporal como es un presupuesto de un año derogue leyes de carácter permanente como lo hace el artículo 75 con la Ley de financiamiento Universitario y de discapacidad». “Esta cámara no puede votar semejante atrocidad”, indicó.

Como suele suceder, los representantes del radicalismo que hoy en la Cámara Baja están divididos en dos interbloques distintos marcaron su postura diferenciada. Por un lado, el mendocino Lisandro Nieri (UCR), que acompañará con sus pares de bloque al oficialismo, subrayó: «En este presupuesto hay algo de mejoras, sobre niveles muy bajos, en la inversión. La eficiencia o la disminución del gasto tiene que apuntar a más inversión. Y ojalá haya más inversión privada, pero hay algunas inversiones que no las va a hacer el sector privado, y ahí hace falta el sector público. Ahora toca trabajar con bisturí sobre el gasto ineficiente.  Hay que avanzar en baja de impuestos. Se hizo mucho, por ejemplo, al eliminar el impuesto PAIS”.

Sin embargo, desde el lado del comité radical, el nuevo presidente del partido Leonel Chiarella emitió un comunicado donde apeló a los legisladores nacionales “para que se respete el federalismo y que el Presupuesto Nacional contemple el financiamiento universitario, el de las personas con discapacidad y la emergencia pediátrica para garantizar el pleno funcionamiento del Hospital Garrahan, tal como ha sido aprobado por el Parlamento este año. También solicitamos que se contemplen las diferencias existentes en las Cajas de Jubilaciones provinciales, así como las obras comprometidas por el gobierno nacional”.

Entre otras críticas, se mencionó la eliminación de la ampliación de las zonas frías que se sancionó en el 2021. El beneficio volverá a regir para las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la Región de la “Puna”.

Los otros proyectos que restan tratar

Se espera que por la madrugada el oficialismo pueda aprobar el proyecto de Inocencia Fiscal. El Gobierno busca simplificar el sistema tributario y fomentar el uso de dólares que están atesorados sin declarar “en el colchón”. El oficialismo, en este caso, tuvo el apoyo del PRO, la UCR y gobernadores aliados, por lo que se descuenta que obtendrá la media sanción sin problemas. No será el mismo final para la iniciativa que establece un compromiso para que “nadie en el sector público ni en los gobiernos subnacionales vaya por fuera de la ley de Administración Financiera”. Por falta de acuerdos se estima que volverá a comisión.