Discapacidad: advierten que el Dec. 681 es nulo y que “el Gobierno sigue ensañándose con los más vulnerables”

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue el resultado de una larga lucha, fue vetada por el presidente Javier Milei y su veto fue rechazado en el Congreso, otra vez gracias a la movilización. Este lunes finalmente el Gobierno promulgó la Ley 27.793, pero suspendió la ejecución de la norma hasta que el Congreso asigne fondos específicos. La medida generó gran repudio y especialistas advierten sobre su nulidad.

Según el Decreto 681 publicado en el Boletín Oficial, la aplicación “queda suspendida en su ejecución”, por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24.629, hasta que el Congreso “determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”.

“Es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad”, advirtió el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien además representa a la familia de Ian Moche, el niño autista de 12 años agredido por Milei en redes sociales.

A pocas horas de la publicación del Decreto, ya se presentó el primer pedido de amparo. Se trata de una demanda colectiva presentada ante el Juzgado Federal de Campana. El planteo judicial incluye el desglose de recursos que desmiente la versión del Gobierno. Da cuenta de $2.3 billones como recursos disponibles reconocidos por el Gobierno; un costo total de la ley de $3.0 billones (0,35% del PBI) y una diferencia real necesaria: $717 mil millones (0,08% del PBI). Para contrastar, se señala que las modificaciones presupuestarias documentadas de la actual gestión fueron 19 en 20 meses y por montos superiores.

“Es gravísimo”

Las organizaciones sociales de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del área también repudiaron fuertemente el accionar del Gobierno. “La situación es gravísima. Este decreto en mi opinión es nulo, porque no puede suspender la ejecución de una ley, no existe eso”, cuestionó Eduardo Maidana, del Foro Permanente Discapacidad.

“Los argumentos de ese decreto dicen más o menos que la discapacidad va a vaciar el presupuesto nacional. Eso no es así, está probado. No se entiende. Me parece que es una artimaña del Gobierno para desfinanciar al sistema de discapacidad, suspender pensiones, lo mismo de siempre”, lamentó en diálogo con Tiempo.

“Los funcionarios se niegan a cumplir una ley. No sé qué sanción tendrá eso pero debería tener alguna. Que se manejen de esta manera es inentendible. El Gobierno sigue ensañándose con los más vulnerables, no hubo ningún cambio de actitud”, remarcó Maidana.

Andrea Cañas, referente de Familias CEA (condición de espectro autista) en Córdoba, señaló: “Lamentablemente era esperable esta actitud por parte del Ejecutivo. Pienso que es ni más ni menos una muestra del poco respeto que este gobierno tiene no sólo hacia las instituciones, sino hacia las personas que como autoridades representan. Es realmente muy triste como país, la situación de deterioro moral, ético e institucional”.

“Están condenando a todas las personas con discapacidad, llevando a la quiebra a todos los prestadores. Es muy inhumano todo lo que está pasando”, calificó Lourdes Farías, directora bonaerense de Acceso e Inclusión en salud.

“Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente”

El diputado socialista de Encuentro Federal y candidato a senador nacional, Esteban Paulón, definió la promulgación con suspensión como un acto de “cinismo y crueldad”.

“Es inaudito e inédito. Nunca un Gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución”, expresó, y agregó: “Si el 4 de octubre la ley no está cumplida ampliaremos la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Con la discapacidad, no”.

El diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez, indicó que tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, “pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad” porque, según lo que dicen “para eso no hay plata” y señaló que sí la hay en favor del agro.

Por su parte, la candidata a diputada nacional y referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, destacó que las medidas que tomó el Gobierno este lunes “son a favor de la fuga y en contra de la emergencia en discapacidad”, en alusión también al comunicado sobre “retenciones cero” en los granos.

¿Qué se puede hacer ante el Decreto 681?

Además de repudiar el Decreto 681 y considerarlo inconstitucional, el abogado Gil Domínguez explicó que la invocación del artículo 5 de la Ley 24.629 –de la que se agarró el Gobierno para suspender la aplicación- “se aplica cuando existe una ley de presupuesto vigente lo cual no ocurre en el presente”.

Además, criticó que “es una noción elemental del sistema de fuentes argentino que una ley posterior y especial puede derogar total o parcialmente una ley anterior y general; por ende, aunque existiese un presupuesto vigente, el Congreso está facultado para derogar el art. 5 de la ley 24.629 respecto de una situación particular a efectos de garantizar los derechos de personas especialmente protegidas por la Constitución y los IIDH. En nuestro paradigma, una ley no es el techo del sistema de derechos y siempre puede ser derogada –total o parcialmente, expresa o implícitamente- por otra ley”.

Ante este panorama, apuntó que “las personas afectadas (pueden) promover acciones de amparo de forma individual y colectiva. Cualquier persona realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier persona solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Señor Presidente Javier Milei por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo”. Todas estas opciones, ante el interrogante de ¿Qué se puede hacer ante el Decreto 681/2025?

Este lunes, de hecho, ya se presentó al menos un amparo en contra de la medida del Gobierno.