Trabajan en los Centros de Actividades infantiles y Juveniles que trabajan en escuelas de zonas vulnerables de la provincia. Temen que en 2017 den de baja los programas.
Se trata de los maestros comunitarios, talleristas, auxiliares y coordinadores de los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y de los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) que funcionan desde 2010 en escuelas primarias y secundarias, bajo la órbita de la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación, y que reclaman cobrar desde hace meses.
Los docentes, que brindan apoyo pedagógico a los alumnos con dificultades y también llevan adelante talleres recreativos en las escuelas, son monotributistas y le facturan al Estado bonaerense. Algunos no cobran desde febrero, otros desde mayo o junio y por eso intimaron vía telegramas a la Dirección de Políticas Socioeducativas.
«Los trabajadores de los programas CAI y CAJ perdimos la paciencia. Venimos trabajando desde principio de año, sosteniendo como podemos los programas sin ninguna intervención del estado provincial ni nacional. Sin sueldos ni fondos necesarios para que los programas se lleven a cabo. Abrimos las puertas de las escuelas, preparamos mate cocido, abrazamos, contenemos, enseñamos», sostuvieron en un comunicado maestros de escuelas de San Martín, Hurlingham y Tres de Febrero que advirtieron que se movilizarán si no les pagan lo adeudado antes de fin de mes.
El gobierno tampoco está pagando el fondo para material didáctico que hasta 2015 era administrado por los coordinadores del programa, ni el servicio de desayuno que se sirve los sábados a los alumnos que participan de los talleres.
«En la gestión anterior cobrábamos cada dos o tres meses pero cobrábamos y no vivíamos la desprolijidad con que se está manejando esta gestión desde el primer día. Nadie nos da una respuesta. Creemos que hay una decisión política de no pagar», señaló a Tiempo Lucía, docente de la Escuela Primaria N° 47 de barrio Evita de Caseros, en el distrito de Tres de Febrero.
La docente explicó que la situación se repite en cada una de las regiones educativas en las que funcionan los programas y que hay temor de que en 2017 sean dados de baja por el gobierno. «Estamos a un mes de que se caigan los contratos que vencen en diciembre y nadie nos atiende. La directora general renunció, no saben qué decirnos», agregó Lucía.
Desde la Dirección General de Cultura y Educación admitieron a Tiempo el retraso en los pagos aunque aseguraron que «no es de nueve meses en todos los casos». También sostuvieron que las autoridades «están buscando alternativas para modificar el sistema de pagos actual» y negaron que los programas vayan a desaparecer.
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