Dos jueces de la Corte pueden quedar afuera de la causa Nisman

Dos jueces de la Corte Suprema que deberán resolver quién continuará con la investigación por la muerte de Alberto Nisman tienen razones para excusarse (o ser recusados): Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Rosatti designó como secretaria letrada en su vocalía a Soledad Castro, ex integrante de la UFI AMIA. Es la funcionaria que debía reunirse con Nisman el mediodía del 18 de enero de 2015 en Le Parc. A esa hora, el fiscal estaba muerto. Fue nombrada el 29 de junio último mediante la Resolución 1904/16, firmada por Lorenzetti, con un contrato hasta el 30 de noviembre. Castro no cree que Nisman se haya suicidado.

Sobre Lorenzetti

La independencia judicial consiste, también, en que un juez, no importa su jerarquía, no pueda inmiscuirse en la tarea de otro. En dos ocasiones el presidente de la Corte llamó a su despacho a la jueza Fabiana Palmaghini para interesarse sobre la causa. Incluso decidió colocar frente al despacho de la jueza una cámara de seguridad que registrara durante las 24 horas quién entraba y salía de su despacho. Lorenzetti impuso esa decisión. La causa, vale recordarlo, estaba en manos de la fiscal Viviana Fein, no de Palmaghini.

El decano de la Morgue Judicial, Roberto Godoy, fue el encargado de la autopsia de Nisman. Ya intervenían la fiscal Fein y el juez Manuel de Campos (remplazaba a Palmaghini en la feria). Godoy terminó la autopsia y, salteando a Fein y De Campos, fue directamente a informarle los resultados a Lorenzetti, quien nada tenía que ver con la causa.

Luego, el presidente de la Corte mantuvo al menos dos reuniones con la jueza federal de San Isidro y ex pareja de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Es decir recibió a una de las partes sin la presencia, ni siquiera el conocimiento, de las otras.

En uno de esos encuentros, según publicó el diario Clarín el 20 de febrero de 2015, Lorenzetti «‘le dio su palabra’ de que apoyaría a la querella y ayudaría a vehiculizar una idea para reforzar ciertos equipos de trabajo».

En la apertura del Año Judicial 2015, en Tribunales se exhibió un video institucional sobre la «impunidad», que terminaba con una imagen de Nisman. El suicidio no es delito; el homicidio, sí. La Real Academia Española define «impune» como «que queda sin castigo». La ley penal sólo puede castigar la comisión de un delito.
En abril de 2015, Lorenzetti concedió un reportaje al periodista Luis Novaresio, en la radio La Red. Allí ratificó: «Es muy importante terminar con la impunidad.» Un año después, en una entrevista con el diario español El País, insistió: «Hicimos un video que fue muy fuerte con una cantidad de casos muy diferentes entre sí sobre los cuales no hubo resultados de investigación, y terminábamos con Nisman. Esto es impunidad.»

Con Novaresio, el presidente de la Corte dijo: «Hay muchos homicidios no resueltos y en muchos casos el tiempo excesivo termina enredando el proceso.» En ese contexto, explicó que «hay mucha tecnología de avanzada para poder indagar y descubrir cómo fueron los asesinatos o los homicidios, o lo que fuera, porque nosotros no podríamos abrir opinión sobre esto.»

El artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial establece como causal de recusación «haber emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado». El artículo 55 del Código Procesal Penal, en tanto, determina que «el juez deberá inhibirse de conocer en la causa… si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados». «

En manos del máximo tribunal

Esta semana, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió a la Corte Suprema de Justicia que resuelva qué juez debe investigar la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida en su departamento el 18 de enero de 2015. «A fin de que la Corte Suprema pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada, mantengo la queja interpuesta», dijo la procuradora en un breve dictamen a través del cual apoyó la queja del fiscal Ricardo Sáenz, quien apeló un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que había mantenido la causa en el fuero de instrucción a cargo de Fabiana Palmaghini. El pase del caso al fuero federal es un anhelo permanente de los familiares del fallecido ex titular de la UFI-Amia y del fiscal Sáenz, quien fue uno de los impulsores de la marcha del silencio en reclamo de «justicia» por la muerte de su colega.