Ambas empresas que circulan por el AMBA, una de ellas vinculadas al oficialismo, obligaron a sus choferes a trabajar.
En este escenario, los dos grupos empresarios hicieron caso omiso a la adhesión oficial de la UTA que se sumó al paro de otros sectores clave del transporte como los trenes y subtes. Según un relevamiento de medios especializados como Ciudad de bondis y Paro de bondis, líneas como la 21, 28, 57, 60 y 194 circulan con cronograma habitual.
La decisión patronal obliga a miles de choferes a prestar servicio en un contexto de altísima sensibilidad social, ignorando el mandato del consejo directivo del sindicato y priorizando el sostenimiento de la caja empresarial en medio de una jornada de protesta por la pérdida de derechos laborales.
La postura de estas compañías —que concentran el manejo de más de unas 200 líneas de colectivos— no es neutral. Al mantener sus unidades en la calle en un día de parálisis casi absoluta, los grupos concentrados del sector se alinean con la estrategia oficial de invisibilizar el reclamo obrero. Esta «libertad de servicio» impulsada por la patronal ocurre mientras las empresas exigen al Ejecutivo mayores tarifas y ajustes automáticos, evidenciando una sintonía de intereses entre los empresarios del transporte y el programa de desregulación que se debate en el Congreso.
En contraste, el resto del sistema de transporte —incluyendo líneas neurálgicas como la 1, 12, 15, 39, 68 y 152— se mantiene bajo una adhesión total, reflejando el masivo repudio de las bases a las políticas de ajuste.
El Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor) tiene varios socios, siendo que la mayoría de las acciones pertenecen a los hermanos José y Ángel Faijá. Luis Rodríguez y José Santoli, también cuentan con una porción importante de la empresa.
Sugestivamente, Norberto “Beto” Milei, el padre del presidente Javier Milei, contaba con una parte importante del paquete accionario del Grupo DOTA. Según se informó, entre 2006 y 2007, vendió su participación por un monto millonario.
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