Los dueños de la tierra y una democracia que nunca llegó al campo

La tierra, para quien la posee en grandes extensiones, es algo más que un recurso productivo. Es poder, prestigio, herencia y frontera social. Mientras la Argentina urbana atravesó, en el siglo XX, un proceso de ampliación de derechos que incluyeron mejoras salariales, sindicalización, accesibilidad a la educación pública y participación política, el mapa rural no sufrió modificaciones sustanciales.

Las grandes extensiones continuaron en pocas manos y la estructura de la propiedad casi no se alteró. Esa persistencia explica, en parte, por qué cada intento de discutir la renta agraria o el acceso a la tierra desató reacciones corporativas intensas y, en momentos críticos, apoyo a procesos autoritarios.

Cívico-Militar

El golpe de 1976 no implicó sólo la irrupción de las Fuerzas Armadas en la conducción del Estado. Fue también la consolidación de una alianza social que incluyó a sectores empresariales, financieros y agropecuarios decididos a clausurar un ciclo de conflictividad y disputas redistributivas abierto en las décadas previas. Entre ellos, la Sociedad Rural Argentina (SRA) ocupó un lugar emblemático como expresión histórica de la gran propiedad terrateniente.

La conflictividad que antecedió al Golpe no se limitaba a la industria. El antecedente del primer peronismo pesaba en la memoria de las corporaciones rurales. La intervención estatal en el comercio exterior a través del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI), la fijación de precios, el uso de la renta agraria para financiar la industrialización, el Estatuto del Peón Rural y las políticas de crédito para chacareros introdujeron una noción que alteraba el orden tradicional: la tierra y su renta podían y debían cumplir una función social. Incluso los debates, nunca plenamente concretados, sobre reforma agraria o limitación de grandes latifundios dejaron una huella política profunda.

Esa huella reapareció con fuerza en 1973. El proyecto de ley de renta normal potencial de la tierra, conocido como ley de rentabilidad diferencial, buscaba gravar con mayor intensidad a las explotaciones de alta productividad. El planteo no era meramente fiscal ya que implicaba reconocer que la fertilidad extraordinaria de ciertas regiones generaba una renta que excedía el esfuerzo individual del propietario y que, por lo tanto, podía ser parcialmente apropiada por el Estado para fines de desarrollo. Las entidades rurales reaccionaron con dureza, denunciando un ataque a la propiedad privada. El enfrentamiento volvió a evidenciar que la discusión agraria era, en esencia, una disputa por el poder.

El modelo económico, telón de fondo de la violencia

Cuando las Fuerzas Armadas realizaron el golpe de Estado, la disputa fue cancelada por la vía de la represión. El programa económico conducido por José Alfredo Martínez de Hoz redefinió las reglas del juego. La liberalización financiera, la apertura comercial y la desarticulación de instrumentos estatales de regulación beneficiaron a los grandes actores económicos. En el agro, la eliminación de organismos de intervención y el debilitamiento de las herramientas públicas de regulación modificaron profundamente el funcionamiento del modelo agroexportador. Las juntas reguladoras que tuvieron un papel central en la organización del comercio de granos y carnes perdieron capacidad de intervención y fijación de precios, mientras el comercio exterior del sector comenzó a concentrarse cada vez más en manos de grandes empresas exportadoras.

La reconfiguración institucional del agro incluyó además cambios en la política de tierras. En 1980 la dictadura derogó la ley de Colonización Agrícola y disolvió el Consejo Agrario Nacional, el organismo que desde la década de 1940 tuvo a su cargo la promoción de colonias agrícolas y la distribución de tierras fiscales. Entre 1940 y 1975 ese organismo impulsó más de cien colonias agrícolas que abarcaron más de un millón de hectáreas. Su eliminación significó la desaparición de uno de los pocos instrumentos estatales que intervino en la estructura de la propiedad rural, consolidando un escenario en el que la concentración de la tierra quedaba librada exclusivamente a las dinámicas del mercado.

La política económica del régimen también alteró el funcionamiento productivo del sector. Durante esos años se profundizó la adopción del paquete tecnológico de la llamada revolución verde, basado en semillas híbridas, fertilizantes químicos y herbicidas. La Doctora en Historia e investigadora del CONICET Cecilia Gárgano señaló que ese proceso implicó la privatización progresiva de las semillas y la creciente dependencia de insumos industriales producidos por grandes empresas, lo que “transformó la forma de producir en el agro argentino y redujo la autonomía de los agricultores”. Aseguró también que la dictadura “consolidó ese modelo al desregular el sector y favorecer la expansión de un esquema productivo más dependiente de insumos industriales y capital concentrado”.

La represión fue una pieza central de ese proceso. Las ligas agrarias que tuvieron fuerte presencia en provincias del nordeste fueron desarticuladas mediante persecuciones, encarcelamientos y desapariciones. También hubo intervención en organismos públicos vinculados al desarrollo agrario. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se produjeron cesantías, persecuciones y desmantelamiento de equipos de investigación que trabajaban con cooperativas o enfoques de desarrollo rural orientados a medianos y pequeños productores. Ese disciplinamiento permitió reorientar la agenda científica hacia modelos productivos más vinculados con los intereses del agro empresarial.

Al mismo tiempo, el sector agropecuario volvió a ocupar un lugar central como generador de divisas para una economía cada vez más endeudada. Entre 1976 y 1983 la deuda externa argentina pasó de menos de 8000 millones de dólares a más de 40.000 millones. En ese contexto, las exportaciones de productos primarios y agroindustriales se consolidaron como una de las principales fuentes de dólares del país. El modelo económico de la dictadura reforzó así el perfil primario exportador de la economía argentina, al tiempo que debilitaba las políticas de diversificación productiva que caracterizaron etapas anteriores.

El apoyo de sectores terratenientes al golpe no puede reducirse a una coincidencia coyuntural. Existía un rechazo ideológico y cultural a la expansión de derechos en el campo y a cualquier intento de intervención estatal sobre la renta agraria. La democratización social que avanzaba en las ciudades era percibida como una amenaza si atravesaba la tranquera. La posibilidad de que arrendatarios, trabajadores rurales o pequeños productores ganaran capacidad de negociación alteraba una jerarquía histórica. Ese clima de confrontación alimentó una disposición favorable a un orden que prometía disciplina, previsibilidad y restauración de privilegios.

Al servicio del “mercado mundial”

La dictadura no sólo reconfiguró la economía, también consolidó un modelo de explotación intensiva de recursos naturales alineado con la geopolítica de la Guerra Fría y el entramado represivo regional del Plan Cóndor.

Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, los recursos estratégicos como el petróleo, los minerales, el agua y la tierra fértil, fueron considerados activos a resguardar frente a cualquier amenaza interna. En el sector energético, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue objeto de endeudamiento y transformaciones que favorecieron contratistas privados, mientras se desarticulaban estructuras sindicales en lugares claves como Ensenada o Comodoro Rivadavia.

La transformación impulsada por la dictadura buscó consolidar un agro más integrado al mercado mundial, con menor intervención estatal y mayor peso de grandes actores económicos en la producción y comercialización. En ese marco, la concentración de la tierra y de la renta agraria no fue un efecto secundario sino una consecuencia directa del modelo. La represión política, la liberalización económica y la reconfiguración institucional del sector agropecuario formaron parte de un mismo proceso orientado a reordenar la estructura productiva del país en favor de los sectores más concentrados. «