Durante su presidencia, Macri gastó 14 millones de euros en aviones de combate que no podían volar

Cinco aeronaves de combate Súper Étendard Modernisé (SEM) y cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito Offshore Patrol Vessel (OPV) fueron adquiridos durante la gestión del Radical Oscar Aguad, al frente de la cartera de Defensa Nacional, entre 2016 y 2019. El informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es contundente: las aeronaves «no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil (…) la Marina Francesa había dejado de utilizarlas».

De esta manera, la SIGEN concluyó que el Gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones que no estaban en condiciones de volar. El convenio fue celebrado con el gobierno de Francia por parte del Estado Mayor General de la Armada.

La adquisición de estos cinco aviones SEM tenía el objetivo de servir al entrenamiento de pilotos en 300 horas de vuelo anuales. Este modelo de aeronave es un cazabombardero con capacidad para operar desde portaaviones y tiene casi cuarenta años de uso. La SIGEN asegura que la cartera que dirigía Oscar Aguad ignoró los informes técnicos preliminares de la Armada, que advertían sobre el estado de los aviones. Luego de varias evaluaciones técnicas, previas a la compra, confirmaban que resultaba esencial la obtención de «elementos críticos» para asegurar el funcionamiento de las aeronaves, entre ellos: la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.

De estas evaluaciones, se desprenden varias falencias: «incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo (…) Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción».

Habiendo tenido estas advertencias en su poder, el exministro Aguad habilitó la compra a Francia. El combo estaba compuesto por documentación de seguimiento técnico; «un lote de piezas de recambio, bancos y valijas de prueba y equipos de misión; además de diferentes herramientas y un simulador de vuelo». El precio de todos los materiales fue de € 12.550.000, mediante una única transferencia bancaria. A esto se le suman los gastos de retiro, estacionamiento y logística, realizado por el gobierno de Mauricio Macri mediante una Licitación Privada, la N° 005/17, que tuvo un gasto de € 1.346.255.

La compra se definió a finales de 2017 y la intención del gobierno de Macri era que los aviones estuvieran disponibles para noviembre de 2018. Todo indicaba que esto no iba a suceder, dado que había que conseguir repuestos que el Reino Unido, responsable de su fabricación, no iba a venderlos a nuestro país, como lo hace desde el año 1982. Un dato a tener en cuenta, en el supuesto caso que la gestión de Macri llegara a conseguir los repuestos de los aviones, tampoco iba a cumplir con los objetivos de entrenamiento, dado que las aeronaves y el resto de los vehículos adquiridos llegaron a la Argentina en mayo de 2019.

Las irregularidades no terminan en los aviones y también llegan a los buques

El informe de la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción para que evalúe un eventual inicio de acciones legales, no sólo por la falta de operatividad de los aviones adquiridos, también por varias irregularidades respecto a la compra de los Patrulleros Oceánicos Multipropósito: «se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones», y enumera varias carencias de documentaciones contractuales como la solicitud de desembolso, comprobantes de pago y documentos que acredite la efectiva entrega de los OPV que certifiquen que estaban en condiciones para operar. El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, deberá investigar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio del Estado, cohecho, etc.