Duro informe de Amnistía sobre el impacto en derechos humanos del deterioro social y económico

Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre el impacto en los derechos humanos que tiene en la Argentina el “deterioro en la agenda social y económica” producto de “la profunda crisis que atraviesa el país”, puso el foco en el “uso abusivo” de las prisiones preventivas, y cuestionó “medidas regresivas” restrictivas de los derechos de las personas migrantes y que “facilitaban la discriminación y la xenofobia”.

En su informe anual 2019 “Derechos Humanos: Agenda para Argentina”, conocido este jueves, Amnistía consideró “imprescindible que la mirada sobre el contexto actual de Argentina en materia de derechos humanos tenga en cuenta la profunda crisis que atraviesa el país”.

En ese marco, menciona las dificultades que genera la “retracción de la actividad económica, el aumento de los índices de pobreza, el deterioro en las jubilaciones y otras prestaciones sociales, la pérdida de empleos, la caída del salario real frente al aumento de la inflación que produjo un deterioro en la agenda social y económica”.

No obstante, el documento destaca que la Argentina “ha mostrado un liderazgo a nivel mundial en la lucha por la memoria, verdad y justicia, un camino que debe continuar fortaleciéndose por sus implicancias locales y globales”.

Al repasar distintos aspectos de la situación en el país, en un apartado sobre violencia y uso de la fuerza, el informe de AI habla sobre “las marchas y contramarchas en la determinación de los protocolos y guías de actuación vigentes para las fuerzas de seguridad”, y exige un “marco legal claro y riguroso en materia de uso de la fuerza”.

En ese sentido, alerta sobre el empleo de armas eléctricas, entre ellas, “las pistolas tipo Taser, ya que las nuevas tecnologías, menos que letales, en ciertos casos pueden prestarse intrínsecamente a abusos, incluyendo tratos o torturas crueles, inhumanos o degradantes”.

En cuanto a las protestas sociales, el documento menciona que, durante 2019, el Estado continuó recurriendo al sistema de justicia para “penalizar las actividades legítimas de reclamo, reivindicación y defensa de los derechos humanos de defensoras y defensores de derechos humanos”.

Un párrafo especial dedica Amnistía a la medida procesal de la prisión preventiva:

“Argentina ha sido expuesta a la luz de la comunidad internacional por el uso abusivo de la prisión preventiva. Las cifras oficiales indican que para el final de 2017 había más de 94 mil detenidos en cárceles de todo el país, federales y provinciales, de los cuales sólo el 53,3% de ese total tenían condena, mientras que el resto se encontraban sin condena”, advierte.

En ese marco, expone el caso de Jorge González Nieva, quien “lleva casi 13 años detenido sin condena firme”, lo que “da cuenta del abuso en la aplicación de la prisión preventiva por parte del sistema judicial”.

En este tema incluye también el caso de la dirigente social Milagro Sala, quien “se encuentra en detención arbitraria, cumpliendo prisión preventiva, sin contar con ninguna condena firme”, dice el informe.

En cuanto a la situación de los pueblos originarios, AI asegura que “en los últimos 20 años hubo un fuerte avance en el modelo extractivo, en diversas actividades como agronegocios, megaminería, petróleo y forestales” y, si bien destaca que «el avance de actividades productivas y los objetivos de desarrollo económico son legítimas aspiraciones del país», advierte «que no pueden serlo a expensas de los derechos humanos”.

Finalmente, la organización advirtió en el informe que en 2019 “se adoptaron medidas regresivas que restringían los derechos de las personas migrantes y facilitaban la discriminación y la xenofobia” y continuó “aplicándose el Decreto 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones, pese a que había sido declarado inconstitucional”.