Duro informe de la ONU sobre represión en Chile: muertes, torturas y violencia sexual

Las violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en Chile en el contexto de la represión contra las masivas movilizaciones, que incluyen desde asesinatos ilegales, torturas, violencia sexual, como parte de una larga lista fueron denunciadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh).

El durísimo informe sobre la represión desatada por el Estado chileno contra los manifestantes durante el estallido social iniciado en octubre constata “uso excesivo o innecesario de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias”. Todas denuncias que se venían haciendo públicas desde el comienzo de las marchas dice la Acnudh sin que eso modificara o llevara a una revisión o censura por parte de las autoridades responsables.

El documento de 35 páginas redobla la presión sobre el presidente  Sebastián Piñera, ya que la Acnudh aseguró que existen razones “fundadas” para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró “un elevado número de violaciones graves” a los Derechos Humanos.

La misión se hizo presente en Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, marcada por marchas  multitudinarias en las que millones de chilenos exigieron cambios profundos del modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las violaciones denunciadas por Acnudh se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría ocurrieron en Santiago de Chile y en contextos urbanos, precisó el organismo de la ONU que preside la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

La Acnudh también observó que “ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.

El informe señala que los Carabineros, la policía chilena, “incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente” y  que utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo “aparente” de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión.

El documento subrayó el uso “desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (…)  tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros”.

La Acnudh también manifestó que el “número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, señaló en relación con las 352 personas que perdieron la visión de manera parcial o total. Sobre las lesiones oculares, señaló el documento, “continuaron reproduciéndose, pese a la existencia de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales, y las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.

Junto a esto, la ONU también documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”, además de “numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales”.

“Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”, explicitó el texto.

El texto también hace énfasis en “el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los DDHH pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”, así como “la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.