El fideicomiso que se liquidará había sido creado durante el gobierno de Alberto Fernández y contenía el precio de productos derivados.
El texto oficial dispuso revocar «el Contrato de Fideicomiso suscripto el día 7 de abril de 2022 entre la ex Secretaría de Comercio Interior y BICE Fideicomisos S.A., conforme el modelo que fuera aprobado por el Artículo 2° de la Resolución N° 355 de fecha 7 de abril de 2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de Desarrollo Productivo», recogió la agencia de noticias NA.
El fondo había sido creado durante el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de «estabilizar el costo de la tonelada de trigo comprada por los molinos argentinos». En aquel momento se buscaba «mantener una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos derivados de ella», según explicaba el sitio web gubernamental.
Además, precisaba que todos los recursos del fideicomiso estaban destinados a subsidiar la bolsa de harina 000 común de 25 kilos. De ahí la bolsa era adquirida por las panaderías para la elaboración de pan y para su uso en la segunda industrialización. También era empleada por las empresas de consumo masivo en la producción de galletitas, pan de molde, tapas de empanadas, entre otros productos. Estas empresas, en su mayoría, forman parte del programa Precios Justos.
Al respecto, la Resolución que lleva la firma del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, afirmó que «las condiciones que motivaron la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino no se encuentran presentes en el momento actual».
Al mismo tiempo, la cartera económica determinó instruir a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía para que arbitre los mecanismos necesarios para proceder a la liquidación del «Fondo Estabilizador del Trigo Argentino».
En ese sentido, el Ejecutivo procederá a notificar al fiduciario (BICE Fideicomisos S.A.) de la revocación del contrato y Comercio se encargará de la liquidación del fondo. Asimismo, se precisó que se utilizará el Fondo de Reserva de Liquidación para cubrir los gastos remanentes, mientras que «el patrimonio fideicomitido remanente se transferirá al Ministerio de Economía».
De acuerdo a estimaciones oficiales, el Fondo demandó desde el momento de su creación una erogación de $69.000 millones. La decisión de eliminarlo va de la mano con el objetivo de dar de baja otros nueve fondos fiduciarios, sobre un total de 29 incluidos en el proyecto de Ley Ómnibus que llegarían a su fin. La eliminación de los primeros nueve fideicomisos implicaría un ahorro fiscal del orden de los US$2.000 millones, según el cálculo del Ejecutivo.
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