Ante la crisis social y el estado de conmoción que se vive en Ecuador, la bancada de Revolución Ciudadana, espacio que responde al expresidente Rafael Correa, pidió a la presidencia de la Asamblea Nacional (el parlamento ecuatoriano) que convoque a una sesión extraordinaria para activar «los medios constitucionales para pedir la renuncia de (el presidente Lenín) Moreno y poner a disposición la renuncia de todos los asambleístas a fin de convocar a elecciones». La posición, muy dura ante la seria crisis desatada, fue fijada en un comunicado firmado por la diputada correísta Gabriela Rivadeneira y podría ser considerada esta semana, si la presidencia habilita la reunión extraordinaria, o a menos puesta de manifiesto en la sesión del martes, lo que anticipa un debate candente. En tanto continuaban las protestas en las principales ciudades del país, aunque en menor intensidad debido a la feroz represión de las fuerzas policiales en el marco del estado de excepción establecido por el gobierno. «El régimen de Moreno declaró el estado de excepción y dispuso a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que con el deliberado propósito de reprimir y criminalizar la protesta social, despejen las calles. En estas horas llevamos contabilizados más de 350 detenidos ilegales, decenas de heridos provocados por las fuerzas represivas, la detención ilegal de los dirigentes gremiales, sociales, líderes indígenas, todos ellos que convocaron a paro nacional, y el uso indiscriminado de la fuerza», expresó la fuerza opositora. El acuerdo con el Fondo Las protestas comenzaron el miércoles cuando el gobierno del exaliado de Correa y hoy principal adversario anunció reformas laborales y tributarias según un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que acordó créditos por 4209 millones de dólares. En esa línea se produjo un aumento en los precios de los combustibles más utilizados de hasta 123% a partir de la eliminación de los subsidios, que según el gobierno demandaban unos 1300 millones de dólares al año, y cuyo efecto prevén que impactará severamente en el costo de vida. Sectores sociales de Ecuador iniciaron el miércoles protestas contra las reformas, calificadas como un «paquetazo» y también contra la «traición» del presidente hacia el pueblo. Organizaciones de indígenas, sindicales y del transporte continuaron protestando el jueves, cuando las medidas entraron en vigencia, lo que derivó en que el gobierno suspenda las clases de ese día y enfatice que la adopción de medidas es «clave» para el país y que van a «defenderla». Para el expresidente Correa, en cambio, la crisis económica no se debe a otra cosa que «el mal manejo de la economía». En un comunicado, la presidencia añadió que «de ser necesario» invocará «las normas constitucionales y legales que prohíben la paralización de servicios públicos». Así dispuso el estado de excepción a nivel nacional «con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos», anunció el mandatario el jueves tras liderar una reunión de Gabinete en Quito. La medida estará vigente durante 60 días, lo que permite la Constitución antes de extenderla por otros 30, si el gobierno lo resuelve. Bajo el estado de excepción se puede establecer al territorio ecuatoriano como zona de seguridad, suspender o limitar derechos como el de la libre movilidad o imponer la censura previa para la prensa. También autoriza al gobierno a emplear a militares y policías en el control público y disponer el cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Pese a la vigencia de la norma y a la actitud hostil de las fuerzas de seguridad que reprimió las protestas con gases, palos y detenciones, algunas protestas y barricadas continuaban al cierre de esta edición, al igual que el paro nacional de transportistas que piden retrotraer el alza de los precios de combustibles. «Ratificamos continuar con la medida indefinidamente», declaró Carlos Brunis, líder de los taxistas de Quito. Sin un sólido apoyo en el Legislativo y las encuestas en contra, Moreno lidia con las primeras consecuencias del convenio con el FMI de marzo para obtener créditos. Acosado por la oposición y sectores sociales que rechazan sus medidas de ajuste, en contraposición con la otrora plataforma de Alianza País, la fuerza progresista que lideraba Correa y de la que el propio Moreno era parte (hoy la lidera pero con un giro político-económico de 180 grados), el presidente acusa de golpismo a sus adversarios. La Constitución prevé en su artículo 130 que frente a un estado de conmoción la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciar al presidente y convocar a elecciones con acuerdo de las dos terceras partes del cuerpo. No parece una salida probable a juzgar por los números. De un total de 137 asambleístas, Alianza País sigue siendo la fuerza mayoritaria, con 40 diputados, seguida por los 29 del correísmo. Dependerá la posición que asuma el resto de las fuerzas de la oposición, algunas de las cuales se aliaron con Moreno cuando produjo su giro hacia la centroderecha. En este caso, los diputados que proponen la salida del gobierno también se incluyen en una renuncia masiva de todos los cargos electivos para comenzar de cero con una nueva elección. Sin duda se especula con la buena imagen del expresidente que muestran las encuestas, aunque está impedido de presentarse a elecciones luego de una enmienda impulsada por Moreno el año pasado. «
