Después de mantener suspendidas las negociaciones durante dos días, el presidente Guillermo Lasso retomará las conversaciones con la Confederación de Nacionalidades Indígenas en la tercera semana de protestas en todo el país.
Protesta indígena en Ecuador.
En función de «devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)», dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Sin precisar cuándo se reunirán, Jiménez señaló que la CEE será «la que determine la metodología, los actores, los representantes (…) para que podamos llegar a una solución definitiva de este conflicto», que inició el 13 de junio.
El Ejecutivo rompió hace dos días las negociaciones con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) luego de acusar a manifestantes de un ataque a un convoy de policías y militares en la amazónica provincia de Sucumbíos.
En ese choque murió un militar y una docena de uniformados resultaron heridos. En el contexto de las protestas también han muerto cinco manifestantes, según organizaciones de derechos humanos.
Los diálogos habían empezado el lunes luego de más de dos semanas de protestas, que tuvieron su punto más violento entre jueves y viernes de la semana pasada en Quito.
Aunque el gobierno había dicho la víspera que no estaba dispuesto a dialogar con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, ahora señaló que no pretende «poner condicionamientos» a este nuevo acercamiento.
Poco antes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según el gobierno, se «concentran la mayoría de actos violentos» de las protestas.
La medida, sin embargo, no incluye Pichincha, cuya capital es Quito, donde la mayoría de unos 14.000 manifestantes están congregados.
Los indígenas piden una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos.
El gobierno, atendiendo a los reclamos, bajó en 10 centavos el valor del diésel (1,80 dólares) y la gasolina corriente (2,45), pero la Conaie lo considera insuficiente.
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