Ecuador: los vaivenes de la incipiente alianza de Noboa con el correísmo

Una nueva acusación promovida por la Fiscalía General contra el exvicepresidente Jorge Glas por presunto “peculado” en 2016 amenaza con quebrar la temprana alianza estratégica que había establecido el gobierno de Daniel Noboa con el correísmo, y más aún, con generar un diferendo diplomático con México. A una semana de haberse asilado en la embajada de México en Quito, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa y estuvo detenido cinco años por una supuesta coima de Odebrecth que terminó desestimada por falta de pruebas, espera una resolución del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que acepte su asilo, como ya lo hizo con otros dirigentes de Revolución Ciudadana.

Antes de conocer la respuesta, la Cancillería publicó un comunicado oficial en el que afirmó que “para Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México” y que “deploraría” este otorgamiento y en tal caso “actuará con absoluta firmeza, con base en los altos intereses del Estado”. Además anunció que llamó a consulta a la embajadora mexicana Raquel Serur. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de AMLO no se había pronunciado en forma directa sobre el asilo, pero respondió a la nota formal de Cancillería con una declaración ambigua: aseguró que recopilará «toda la información necesaria sobre la situación» de Glas.

La Fiscalía al mando de Diana Salazar, enemiga declarada del correísmo, investiga al ex vicepresidente por el «caso de reconstrucción de Manabí», una provincia en el centro de la costa del Pacífico devastada por el terremoto de magnitud 7,8 hace siete años. Salazar intentó minimizar la orden contra Glas, al asegurar que no está prevista su detención. «Tiene que ir a la Fiscalía a rendir su versión», aseguró. «Recordemos que en 2016 hubo un terremoto y existieron abusos y él va a ser procesado por peculado», dijo el miércoles en entrevista con CNN en español. «No existe una orden de detención, simplemente existe una figura para invitarlo a que rinda una versión a la Fiscalía», insistió.

Este viernes, el abogado, Eduardo Franco, confirmó que Glas había solicitado formalmente el asilo. Dijo que lo hizo para proteger su integridad física. «Su vida corre peligro, su detención es llevarlo a la muerte» debido a que «el Estado no controla las cárceles» por la creciente expansión del crimen organizado que virtualmente copó los penales federales convirtiéndolos en centros de operación criminal, con motines y sangrientas batallas internas. Además porque Glas debió afrontar una condena a prisión de seis años por haber recibido supuestas coimas de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco del famoso Lava Jato. Luego de varios pedidos de excarcelación por cuestiones de salud, entre ellas una enfermedad congénita incurable, logró la libertad condicional en 2022. Al año siguiente, poco antes de iniciarse la campaña presidencial, la Justicia brasileña –donde se inició la causa– determinó que no existían pruebas para incriminarlo, al igual que otros acusados, y lo declaró inocente.

Para el expresidente Correa, la investigación es una «persecusión evidente y descarada». «Nadie cree en la ‘Justicia’ ecuatoriana y, peor aún, en la fiscal», tuiteó. No puede ser casual que el proceso se de en el marco del juicio político que la bancada de Revolución Ciudadana impulsa en la Asamblea Nacional y que el presidente ya dijo que no apoyará. Esta semana, la bancada también rechazó el proceso penal a Glas, con el voto negativo del correísmo y ausencias, entre ellas la del presidente del cuerpo, Henry Kronfle. Se trata del asambleísta elegido por consenso entre el bloque correísta, de 48 diputados, el Social Cristiano, de Kronfle, y el oficialista de ADN (14 cada uno). Las diferencias ponen en riesgo la gobernabilidad de Noboa, que consiguió aprobar por amplia mayoría una de sus medidas para la reactivación económica.