Eduardo Barcesat: “El Congreso debería iniciar el juicio político y remoción del Poder Ejecutivo”

Dos temas que parecen agobiar a Barcesat: la pérdida del estado de derecho y la gestión del gobierno. El abogado constitucionalista ha recorrido un vasto camino en materia de derechos humanos. Trabajó como docente universitario, también en la UNESCO. Fundó de la Asociación Americana de Juristas, participó en la reforma de la actual Constitución Nacional y a dos meses de la asunción del presidente Mauricio Macri, lo denunció por “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”. Considera que el camino es el juicio político.

En 2006, cuando Nilda Garré era ministra de Defensa, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 727 que habilita la intervención militar solo ante un ataque de una nación extranjera, de manera tal que el Ejército no podría intervenir en seguridad interior.

En las últimas horas se conoció que el presidente Mauricio Macri firmó el decreto de reforma de las Fuerzas Armadas, que habilita su intervención ante situaciones de seguridad interna.

-¿Cuál será el rol de las Fuerzas Armadas de incorporarse a la seguridad interior?

-El gobierno pretende que colaboren con Gendarmería, Prefectura Naval y la Fuerza Policial Federal para reprimir la protesta social. Siempre las fuerzas de seguridad fueron un desprendimiento de las Fuerzas Armadas para tareas internas como custodia de fronteras, pero ahora intentarán que pasen a ser un ejército de reserva de las fuerzas de seguridad. Es una subversión absoluta del orden jurídico y de las funciones específicas de la seguridad interior.

-¿Bajo qué fundamentación el gobierno plantea la necesidad de revocar el decreto 727 y decretar el nuevo?

-Este decreto es una amenaza para la sociedad civil y las Fuerzas Armadas serán empleadas en represión interna -aunque disfrazada bajo alguna forma de custodia de los bienes, riquezas y recursos naturales de la Nación. Dicen que la turba enardecida se apropiará de Vaca Muerta, de la reserva y explotaciones minerales en el norte argentino, del litio, del sílice, de tungsteno -los minerales estratégicos para el desarrollo informático científico-, cuando en realidad son las empresas trasnacionales los verdaderos saqueadores de esas riquezas y recursos naturales, que se apropian de nuestros recursos sin pago de cánones y sin retenciones.

-¿Cuáles son los riesgos sobre los recursos naturales?

-El mayor peligro para ese conjunto de riquezas y recursos está en las resoluciones del Ministerio de Finanzas que acompañaron el endeudamiento externo argentino y donde renuncian a la inmunidad soberana sobre riquezas y recursos naturales y empresas públicas. Se aplica al Estado nacional, provincial o municipal y fue realizado sin consulta con las provincias. Hasta hoy el mayor gesto de hidalguía institucional lo detentó la provincia de Neuquén que sacó una declaración que indica que los recursos y riquezas naturales existentes en su territorio no serán empleados en el pago de la deuda externa.

-¿Cómo evalua el rol de estas fuerzas de seguridad?

-Represión interna e inmundicia institucional, para asegurar la efectividad del plan del FMI.

-¿Por qué?

-El Fondo Monetario Internacional impone asegurar la efectividad de sus dictados. Todo el contenido de este acuerdo ya estaba en una directiva en noviembre del 2017, donde se expresaba terminar con la legislación laboral, precarizar las jubilaciones y pensiones, elevar la edad jubilatoria y suprimir beneficios sociales como el PAMI, además de la pretensión de terminar con el fondo de garantías y la privatización de jubilaciones. Para garantizar esto -con el grado de efervescencia y repugnancia que desplegará- será necesario el máximo nivel de represión a la sociedad civil. Probablemente no alcancen las “Tortugas Ninja” que tiene, ni “Robocops” de Gendarmería y Policía Federal y tengan que poner hasta los Granaderos a Caballo a reprimir al pueblo.

-¿Qué cambia con el decreto?

-​Las FF.AA. actuarán en colaboración con las Fuerzas de Seguridad. La política del actual gobierno fue dejar en segundo plano a las FF. AA. y poner todo el equipamiento militar adquirido en manos en las de seguridad. Es decir, son ellas las que están respondiendo específicamente al Ministerio de Seguridad, quienes van a indicar cuáles son los objetivos que debe custodiar hipotéticamente las fuerzas armadas.

-¿A qué obedece el cambio?

-Como todo lo que sucede en materia institucional, hay un quiebre del Estado de derecho y un derrumbe institucional incuestionable.La afectación de la división de poderes es la piedra basal del Estado de derecho porque el Poder Ejecutivo ha tomado a las incumbencias del Congreso de la Nación y ha anulado virtualmente la función jurisdiccional mediante una situación de amenaza genérica a los jueces.

-¿Recuerda otro caso parecido?

-No hay que olvidar que el propio ministro de Defensa actual, Oscar Aguad, a raíz de reformar vía decreto la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual expresó “¿Cómo puede una ley prevalecer por sobre la voluntad del presidente?”. En cualquier país civilizado del mundo el ministro hubiera sido enjuiciado y removido. En nuestro país a ningún juez le pareció anormal. Pero ahora ha sido traspuesta a nivel del Ministerio de Defensa y quieren que las FF.AA. intervengan en política y represión interna sin darle intervención al Congreso.

-¿Cómo se podría garantizar la independencia de poderes y el Estado de derecho?

-Debería merecer una respuesta enérgica, tanto en sede del Congreso como en el Poder Judicial. El Parlamento debiera emitir una declaración estableciendo cual es el régimen legal dictado. El Poder Ejecutivo debería enviar un proyecto de ley, pero no a través de vía de una normativa inferior, porque no es reglamentario. Y el Congreso debería anular el decreto, ya que como como tiene competencia para crear también la tiene para anular. El Poder Legislativo tiene la potestad superior para hacerlo porque es una incumbencia propia. Luego el Congreso  debería iniciar el juicio político y remoción del Poder Ejecutivo por mal desempeño y violación o comisión de delito en ejercicio de la función pública. Son  causales que prevé la Constitución Nacional para el juicio político.

-¿Por qué cree que no está promoviendo el juicio político?

-Creo que siempre hace esta especie de “poroteo” para contar cuántos votos tienen y si se aprobará o no, en lugar de hacer lo que hay que hacer. Correspondería hacerse inmediatamente y cuando llegue la votación se verá quienes están del lado de la defensa del estado de derecho y quienes por su quiebre o derrumbe.

-¿Cómo define el papel actual del Parlamento?

-Creo que en el Congreso Nacional está predominando una ineptitud funcional. Siempre tengo presente las palabras del doctor Luis María Boffi Boggero, un ex magistrado de la Corte Suprema y catedrático “Cuando un poder del Gobierno Federal no ejerce las potestades que la Constitución le confiere, esas potestades son apropiadas por quien carece de ellas, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida”.

-¿Cómo cree que la sociedad interpretará este decreto?

-Me temo que de haber una situación de indignación popular masiva, van a emplear a las fuerzas armadas en la represión. Por eso estamos tan preocupados y tan concernidos por esta maniobra del gobierno que en lugar de gobernar va a reprimir con ferocidad la protesta.

-¿Qué puede ocurrir en el contexto social del acuerdo con el FMI?

-Un genocidio interno. Hasta aquí estamos en un genocidio por las muertes de gente que no tiene casa, que tiene frío, que no tiene vivienda, ni comida. Para conocer la cantidad de muertos que han provocado los primeros días del invierno hay que tomar las estadísticas de Juan Carr, porque las oficiales no se divulgan. Si a esto se le agrega la intervención de las Fuerzas Armadas, no vacilo
en expresar que estamos en la figura de prevención y sanción del delito
de genocidio.