Educar también es tomar partido

Hay decisiones que se anuncian como simples reorganizaciones, como si el sistema educativo fuera un engranaje técnico al que se le quita o se le agrega una pieza sin consecuencias profundas. Pero la educación no funciona así. Nunca funcionó así. Cada definición sobre qué se enseña, qué se prioriza y qué se elimina expresa una concepción de sociedad, de poder y de futuro. Por eso, la supresión de la jornada “Educar en Igualdad” no puede leerse como un detalle administrativo: es una definición política de alto impacto simbólico y material.

La escuela no es un espacio neutro donde los conflictos sociales quedan suspendidos en la puerta. Al contrario, es uno de los pocos ámbitos donde esos conflictos pueden ser pensados, elaborados y discutidos colectivamente. Allí donde la violencia atraviesa la vida cotidiana -en los hogares, en los vínculos, en las calles- la escuela tiene la posibilidad de ofrecer algo distinto: palabras, tiempo, escucha, pensamiento crítico. Quitar deliberadamente ese espacio implica aceptar que ciertas desigualdades no merecen ser problematizadas en el ámbito público de la educación.

Durante años, la jornada “Educar en Igualdad” habilitó conversaciones que no siempre encontraban lugar en otros ámbitos. No se trataba de bajar línea ni de imponer respuestas prefabricadas, sino de generar condiciones para que niñas, niños y adolescentes pudieran poner en palabras experiencias, dudas, miedos y preguntas. Para muchas infancias, ese fue el primer espacio donde escuchar que la violencia no es normal, que el maltrato no es una forma de amor, que el silencio no es una obligación.

La violencia de género no irrumpe de manera repentina. Se construye lentamente, en aprendizajes cotidianos, en roles asignados, en jerarquías que se naturalizan desde edades tempranas. Se aprende a callar, a tolerar, a justificar. Precisamente por eso, también puede desaprenderse. Pero ese proceso no ocurre espontáneamente: requiere una educación que asuma el conflicto, que lo nombre y que lo trabaje con responsabilidad colectiva.

Las infancias no llegan a la escuela como hojas en blanco. Llegan con historias, con marcas, con vivencias que muchas veces no saben cómo ordenar. La escuela es, para muchas de ellas, el único espacio donde esas experiencias pueden ser miradas sin juicio, sin culpa y sin miedo. Cuando el Estado decide retirarse de ese lugar, no protege a las infancias de debates incómodos; las expone a una pedagogía implícita mucho más cruel, donde el silencio legitima la desigualdad.

Se suele invocar la idea de neutralidad para justificar este tipo de decisiones. Pero la neutralidad educativa no existe. Callar también enseña. Enseña que hay temas que no merecen tiempo escolar, que ciertos dolores son privados, que algunas violencias pueden seguir ocurriendo sin ser nombradas. Esa enseñanza no es inocente: consolida un orden donde las relaciones de poder permanecen intactas.

Educar no es transmitir información de manera aséptica. Es formar sujetos capaces de leer críticamente la realidad que habitan. Es ofrecer herramientas para comprender el mundo y, eventualmente, transformarlo. Una escuela que renuncia a esa función no se vuelve más libre ni más plural: se vuelve funcional a las desigualdades existentes.

Delegar la educación en igualdad a la voluntad individual de cada institución o de cada familia no amplía derechos, los fragmenta. Genera trayectorias educativas desiguales, donde algunas infancias acceden a espacios de reflexión y cuidado y otras quedan excluidas. En materia de derechos, el Estado no puede limitarse a acompañar cuando hay demanda: tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de igualdad para todas y todos.

La escuela es uno de los pocos lugares donde la palabra puede disputar sentido al miedo. Allí donde la violencia se naturaliza en la vida privada, la educación tiene la potencia de abrir preguntas, de correr culpas, de construir conciencia crítica. Quitar deliberadamente ese espacio es dejar a las infancias a merced de pedagogías silenciosas que enseñan obediencia, desigualdad y resignación.

Educar en igualdad nunca fue una concesión cultural ni un exceso discursivo. Fue una forma concreta de asumir que la democracia también se aprende. Y cuando el Estado decide que esa tarea ya no le corresponde, no está simplificando su rol: está renunciando a su responsabilidad histórica de formar sujetos capaces de transformar la realidad que habitan.