El cuerpo legislativo tratará un proyecto sin escalonamiento en el pago de salarios, pero sigue el repudio opositor porque hay dudas sobre el sostenimiento de todas las fuentes laborales. También entrará la creación de un cargo por siete años que manejará todo el presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad.
El borrador de Emergencia Económica que presentó Larreta hace dos semanas planteaba el pago en cuotas de los salarios en caso de emergencia y liberalizaba las posibilidades para despedir empleados. Luego de largas negociaciones, y de la negativa de los aliados del PRO en la Ciudad, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Claudio Romero, le confirmó a la agencia Télam que acordaron «resguardar explícitamente el inciso 1 (gastos de personal) con un párrafo dónde quedan garantizadas todas las fuentes laborales y el Jefe de Gobierno ha tomado la decisión de quitar la facultad de poder escalonar salarios”.
El ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, había justificado esas medidas por la merma en la recaudación por la pandemia y echó mano a un texto que ya fue aplicado por el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra luego de la crisis de 2001 que fue implementado por su entonces secretario de Hacienda, Miguel Pesce, actual presidente del Banco Central.
Luego de las críticas de los bloques opositores y también de la UCR porteña, Mura aseguró que tomaron la decisión de no bajar los sueldos de los trabajadores y que solo buscaban pagar en forma escalonada. Por su parte, el Frente de Todos logró un dictamen de minoría que incorpora a la Ley de Emergencia la protección a las actividades económicas más golpeadas por la cuarentena como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos. También propone un refuerzo para el programa Ciudadanía Porteña y la obligación de destinar recursos para atender situaciones de violencia de género.
La reforma presupuestaria en el Consejo de la Magistratura capitalino busca centralizar la caja del poder judicial porque hasta ahora el organismo de selección de jueces porteños controla, a través de la Oficina de Administración y Financiera, su presupuesto anual; mientras que el Ministerio Público, que nuclea a la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General, tiene hasta ahora una administración autárquica.
Si el proyecto prospera la nueva Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial tendrá el control de todos los presupuestos, es decir de toda esa caja, con un cargo que será designado por los consejeros, con respaldo de la Legislatura y tendrá un mandato de siete años.
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