Ejecuciones masivas en Arkansas al vencer las inyecciones letales

Siete presos van a ser ejecutados en el transcurso de once días desde el 17 de abril en el estado de Arkansas, una medida sin precedentes en tan corto tiempo desde que se reinstauró la pena capital en Estados Unidos en 1976.

La decisión responde a que a fines de este mes vence una de las drogas utilizadas para el procedimiento, un sedativo que además resultó ser ineficaz durante la aplicación de la inyección letal.

En el «corredor de la muerte» están Bruce Ward y Don Davis, con fecha para el 17 de abril; Stacey Johnson y Ledell Lee, el 20 de abril; Jack Jones y Marcel Williams, el 24 de abril; y Kenneth Williams, el 27 de abril.

En esa última fecha también estaba pautada la inyección a otro recluso, Jason McGehee, pero un juez puso en suspenso por 30 días la decisión. Todos están condenados por homicidios que ocurrieron entre 1989 y 1999.

Ningún estado en la historia moderna realizó tantas ejecuciones en tan corto tiempo, con el antecedente más cercano en las ocho que llevó adelante Texas en el transcurso de un mes, tanto en mayo como junio de 1997, según datos de Death Penalty Information Center, una ONG especializada en las penas de muerte.

Inclusive las dobles ejecuciones en un día son inusuales: solamente ocurrió en 10 oportunidades en los últimos 40 años, cuatro de ellas en Arkansas, estado que también tiene los récords de ser el único que llevó adelante tres ejecuciones en 24 horas (esto ocurrió el 3 de agosto de 1994 y el 8 de enero de 1997) y el que concretó múltiples ejecuciones en una misma jornada en un intervalo más corto de tiempo: 84 días.

Pese a este historial, la última vez que se llevó adelante la pena capital en Arkansas (sur de Estados Unidos) fue en 2005. Ahora, el gobernador republicano Asa Hutchinson, que asumió el cargo a principios de 2015 tras ocho años en el que los demócratas estuvieron en el poder, firmó las órdenes para volver a ejecutar la pena capital y no ocultó la razón para hacerlo de forma masiva: «Una de las tres drogas (midazolam) del protocolo de inyección letal expira a finales de abril».

«Para cumplir con mi deber como gobernador, que es llevar a cabo la sentencia impuesta por un jurado, es necesario programar las ejecuciones antes de la expiración de ese medicamento «, añadió el político en una declaración oficial enviada por su oficina a Télam.

«Esta acción es necesaria para cumplir con la ley, pero también es importante para cerrar un capítulo para las familias de las víctimas que vivieron con las apelaciones judiciales y la incertidumbre durante mucho tiempo», completó.

Por el contrario, el defensor público especializado en casos de penas de muerte, Dale Baich, sostuvo en diálogo con esta agencia que «la prisa para realizar las ejecuciones basada en la fecha de caducidad del midazolam es irresponsable. Incrementa el estrés y la presión sobre el personal de la prisión y médico y se multiplica el riesgo de cometer errores».

«Además es una droga utilizada en numerosas ejecuciones fallidas, lo que debe poner muy nerviosos a los funcionarios de la prisión en Arkansas», indicó quien fue uno de los abogados de Joseph Wood, un preso que agonizó durante más de 100 minutos durante un procedimiento de inyección letal en el que se uso el midazolam.

El ansiolítico tampoco hizo efecto en las ejecuciones de Dennis McGuire (en Ohio), Clayton Lockett (Oklahoma) y Ron Smith (Alabama), lo que llevó a los estados de Arizona, Ohio y Florida a dejar de utilizarlo.

Distintas organizaciones sociales como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Amnistía presionan para que el gobernador frene las ejecuciones e incluso se están organizando vigilias frente a su mansión en Little Rock, la capital del estado.

Pero la única que realmente puede evitarlas es la juez federal Kristine Baker, a cargo de analizar la última apelación posible hecha por los abogados de los presos, quienes argumentaron que los procedimientos suponen un «castigo cruel», además de quejarse que el apuro de la gobernación impide ejercer el derecho de defensa.

Desde el 1 de enero pasado ya se realizaron seis ejecuciones en Estados Unidos (en 31 de los 50 estados existe la pena capital), por lo que de concretarse las siete pautadas para fines de este mes y otras 23 con posible fecha para este 2017, el primer año de Donald Trump en la presidencia terminaría con más penas de muerte que las 20 que hubo en 2016, revirtiendo la tendencia de una caída interanual que se produce desde 2012.

Sin embargo, el director ejecutivo de Death Penalty Information Center, Robert Dunham, aclaró a Télam: «El año pasado se llevaron a cabo menos de 1 de cada 3 ejecuciones programadas. La mayoría de las ejecuciones que probablemente se llevarán a cabo en 2017 aún no han sido programadas por lo que no hay manera de predecir cuántas se concretarán».