El ajuste como protagonista

Se conoció este jueves la evolución del Estimador Mensual Actividad Económica (EMAE), indicador que acusó recibo de la fuerte devaluación ocurrida tras el cambio de gobierno y cayó en diciembre un 3,1%, frente a noviembre, para la serie sin estacionalidad. Esta retracción estuvo fundamentalmente explicada por la merma de la demanda interna, en un contexto en que los salarios cayeron en términos reales un 13,2% mensual. La misma es la más severa desde la pandemia y coloca al nivel de actividad en su menor valor de los últimos 29 meses.

El presidente Javier Milei y los principales funcionarios económicos siguen haciendo hincapié en la supuesta necesidad de lograr el “déficit cero” sobre la base de la poda del gasto público y en estos días “festejaron” el dato de superávit fiscal que se alcanzó en enero de este año. Nada dijeron acerca de que en el recorte del gasto público primario, que fue del 39,4% interanual real, el mayor “aporte” correspondió al rubro jubilaciones y pensiones, que explicó un tercio de la baja. 

A su vez, las caídas en subsidios económicos (principalmente energía) y el gasto de capital, representaron, combinadas, otro tercio de la reducción real de las erogaciones del Estado. Resultados a los que se agregan las podas en los salarios públicos, los planes sociales y las transferencias corrientes a provincias. Este último rubro muestra una caída real interanual del 72%.

En tanto, las partidas para los planes sociales (Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y Progresar, entre otros) se redujeron en un 23% real interanual, mientras que el pago de intereses de la deuda se incrementó en un 26%. Una comparación que lo dice todo.

En materia salarial, luego de un “fallido” encuentro entre los gremios y los empresarios, el Gobierno nacional terminó fijando por decreto un incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que está muy lejos de seguirle los pasos a la inflación. Días antes Javier Milei había dicho: “No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre”.

El salario mínimo, que se mantuvo congelado en diciembre y enero, aumentará tan sólo un 15% en febrero y otro 15% en marzo, es decir, que no se recompondrá de las pérdidas que generó la inflación de diciembre (25,5%) y enero (20,6%).

Según sostiene un comunicado de la CGT, que pedía un 85% de aumento, “rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario (…) el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”.

Esto afectará, por caso, a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo (equivalente al 50% del SMVM), a 1,3 millones de jubilados con más de 30 años de aportes y que cobran haberes mínimos (este segmento tiene un piso garantizado del 82% del SMVM), a los estudiantes que reciben las becas Progresar, o a los trabajadores no registrados cuyos empleadores suelen tomar como referencia el salario mínimo, entre otros. Es otra forma de ver los alcances del mentado cambio de los precios relativos que persigue la actual administración.

El Gobierno nacional confirmó el otorgamiento de un bono de $70.000 en marzo para aquellos/as jubilados/as que cobran la mínima (a quienes perciban mayores haberes les será entregado el monto proporcionalmente hasta llegar al tope de $202.600). Aun así, se registrará una gran pérdida en términos de poder adquisitivo con respecto al año pasado. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la pobreza dentro de la rama de los jubilados es del 15%, mientras que la infantil es del 60%. La política no puede pasar por aumentar la pobreza en el segmento de los jubilados, debería ser disminuirla en todos los estratos.

Por otra parte, el ministro de Economía describió a las personas que ingresaron en su momento a la moratoria, grupo de jubilados/as que representa aproximadamente 2/3 del total, como “esa gran idea del gobierno anterior de imprimir plata” y meter millones de jubilados “más”. El funcionario los calificó como “los que no aportaron”, cuando en realidad se adhirieron a las distintas leyes de moratoria que aprobó el Congreso de la Nación. Son las que permitieron la inclusión de quienes no pudieron completar sus aportes porque estuvieron desempleados o bajo regímenes laborales informales.

Hasta la propia subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath, alertó sobre la situación social. Al término de su visita a Buenos Aires, en un comunicado afirmó que resulta “esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras”.

Por otro lado, Gopinath sostuvo que las reformas “deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo”. Acto seguido, y revelando las verdaderas preocupaciones del FMI, dijo: “proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”.

Sin importar los efectos de las políticas que se están implementando, en su última entrevista televisiva, el presidente señaló como un logro de su gobierno “el ajuste impensado en la historia argentina” que se está llevando a cabo. Elogió la aplicación de la “motosierra” en la obra pública, en las transferencias a las provincias, en el cierre del INADI y el despido de 50 mil trabajadores del Estado, entre otros.

Entre las herramientas que la actual gestión busca eliminar se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Al respecto, desde el bloque de Unión por la Patria, señalamos que, con la complicidad de los principales medios de comunicación y grupos mediáticos, el objetivo del Gobierno nacional es “desprestigiar una política pública ampliamente consensuada (…) que beneficia directamente a más de cinco millones de compatriotas que viven en barrios populares de todo el país. Paso previo para desfinanciarla y discontinuarla”.

 En este marco se siguen acumulando los rechazos. El listado de esta semana incluye el conflicto salarial en el sector ferroviario, el paro nacional en sanatorios y clínicas y las protestas de diversas organizaciones sociales en reclamo de “asistencia para comedores comunitarios”. También hay que mencionar el comunicado de varias universidades públicas en contra del recorte presupuestario (el gobierno prorrogó la partida vigente en el Presupuesto 2023 lo que implica un fuerte retroceso dada la inflación actual) y el paro anunciado por los estibadores portuarios para el próximo lunes. En la medida en que esta gestión siga avanzando con el ajuste, indefectiblemente la resistencia de la sociedad se va a seguir incrementando.