El ajuste sin fin de Milei

El pasado 29 de abril el jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni se presentó ante el Congreso Nacional para brindar su informe de gestión y responder preguntas de diputados de todos los bloques, como lo exige el artículo 101 de la Constitución Nacional. Tan solo días después, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026 que dispuso un recorte de 2,5 billones de pesos en partidas presupuestarias vinculadas a poblaciones vulneradas como jubilados y pensionados, niñeces y adolescencias, pacientes oncológicos y enfermos crónicos y personas con discapacidad, entre diferentes colectivos afectados por un nuevo intento de mantener la cuenta capital con superávit fiscal mientras se patean deudas, y se apuesta a un equilibrio y una estabilidad con variables macroeconómicos que comienzan a preocupar.

De las más 2150 preguntas realizadas por los parlamentarios al jefe de Gabinete, cientos de ellas tuvieron que ver con la situación y perspectiva de los haberes jubilatorios, los juicios a cancelar por el Estado, la ANSES y sus programas vigentes de beneficios a jubilados y pensionados, el estado actual del INSSJ/PAMI, el vademécum, la cobertura de medicamentos y programas focalizados de atención a enfermedades oncológicas y de riesgo, entre muchos otros tópicos.

Uno de los elementos más salientes es el recorte producido en esa materia por PAMI. Además del reconocimiento de nuevos límites terapéuticos, se adiciona el llamado de atención de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) que informó una caída real interanual del 29,5% en prestaciones del INSSJP-PAMI durante el primer cuatrimestre de 2026, asociada a una caída real del 54,5% en la asistencia financiera del Tesoro al organismo.

Por otra parte, en la Decisión Administrativa 20/2026 dispone un fondeo para ANSES por casi 650.000 millones de pesos, dinero que viene de contribuciones a la Seguridad Social, Aportes del Tesoro Nacional, renta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etcétera, sin embargo, no se observa una aplicación concreta o transferencia directa a beneficiarios más allá de los beneficios judicializados mencionados anteriormente.

De hecho, en un análisis exhaustivo de los recortes, se observa uno sensible en el Programa 17 “Complementos a las Prestaciones Previsionales” con una reducción de $11.020.000.000. Esta quita directa a ayudas sociales a personas y asignaciones familiares encuentra mayor nitidez al observar el Presupuesto 2026, en el que se define como unidad ejecutora del programa a la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones y se contemplan metas como “Atención Subsidio de Contención Familiar”; “Atención subsidios Tarifas” y “Refuerzos del ingreso previsional”.

En el primer caso, ANSES lo describe como un reintegro para el familiar directo que se hizo cargo de los gastos de sepelio, cremación o inhumación de un familiar jubilado o pensionado. Por otro lado, están los pagos de subsidios a las tarifas de servicios públicos^[1] con pago directo a este universo que también incluyen beneficiarios de la AUH, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza.

No resulta menor este elemento en un contexto donde la inflación acumulada del primer cuatrimestre de este 2026 es de 12,3% pero la categoría «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» registra un incremento muy superior de 34,3%

Finalmente, los refuerzos del ingreso previsional son bonos o complementos al pago de haberes por única vez o en forma periódica, tal como el bono de $ 70.000 que lleva más de dos años congelado.  

Existe un hilo conductor entre las (pocas) precisiones aportadas por el Jefe de Gabinete Manuel y la Decisión Administrativa 20/2026: es una profundización de las políticas de recorte presupuestario en el afán fiscalista que ahogó a una población muy castigada y mayor restricción de acceso a derechos básicos, como medicamentos y cancelación de transferencias de refuerzo indirecto de un sector que día a día ve deteriorarse su calidad de vida.

Resulta indispensable volver a ponderar una política que otorgue un abordaje integral al mejoramiento de las condiciones de vida del sector, empezando por una recomposición profunda de los ingresos, y atendiendo fundamentalmente la crisis habitacional y los recortes en medicamentos, tratamientos, cobertura en prestaciones del sistema de salud que se encuentra en una situación de estrés y ahogo cercano al colapso; así como el fortalecimiento y recuperación de dos instrumentos centrales en la organización, planificación y diseño de la calidad de vida para esta población como son la ANSES y el INSSJP-PAMI. 

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^[1] Este programa tiene como antecedente directo el Decreto 319/1997