Tapado por los grandes medios y por la agenda del Gobierno, el sector de discapacidad sigue siendo uno de los más golpeados por la política de ajuste y freno de transferencias de La Libertad Avanza. La verdadera «casta» afectada por las políticas «libertarias».
El cese de pagos a proveedores derivó en denuncias judiciales y horas antes de la Marcha Federal de la Salud, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, dictó una medida cautelar sobre el programa Incluir Salud y el PAMI, ordenando que normalicen en las próximas 72 horas la cadena de pagos para los prestadores que atienden a personas con discapacidad.
La medida se da a partir de un amparo colectivo de alcance nacional, que regirá al menos por seis meses hasta que haya sentencia firme. La denuncia enfatiza que los prestadores no cobran lo que el Estado tiene que pagar por ley, y eso deriva en que las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpan, igual que la entrega de medicamentos.
Son cientos de miles de millones de pesos que afectan desde transportistas hasta especialistas de terapia y acompañantes.
El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, algo que el Gobierno no cumple.
El magistrado también advirtió un «riesgo inminente» para quienes dependen de esas prestaciones, al señalar que las demoras crónicas y la falta de entrega de medicamentos comprometen la atención.
Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores describieron la situación de asfixia presupuestaria que sufren por la falta de envío de fondos del Gobierno: el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que las demoras le generaron $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.
El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, alegó ante la Justicia un “reordenamiento estructural”. Dicen que esto es porque les lleva tiempo corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”. Según la versión oficial, el traspaso del programa Incluir Salud de la ANDIS al Ministerio de Salud obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión”, lo que demoró la tramitación de los pagos.
Discapacidad, ajuste y crueldad
“El ajuste siempre tiene que estar justificado, entonces la forma de justificarlo es estigmatizando a las personas con discapacidad. Como a los jubilados. La clase trabajadora fue estigmatizada incluso con la reforma laboral, con la idea de que los trabajadores no quieren laburar”, señala Laura Alcaide, militante de Orgullo Disca y la asamblea Discas en Lucha, quien comparte con uno de sus tres hijos una discapacidad visual.
“No es casual que el Gobierno tenga un abordaje de estigmatización, de insulto, de atropello hacia las personas con discapacidad. No es algo nuevo, pero sí es pasar de una sociedad que iba pensando en abrirse, en mostrar más a las personas con discapacidad, a políticas que desde lo discursivo, y afianzándose en el ajuste, logran llevarnos al encierro. Y una vez estando en el encierro, nuestro aniquilamiento es más viable –alerta–. El ajuste se sustenta en la estigmatización, en las políticas de odio y en los discursos de aniquilamiento. Sin eso, el ajuste no es viable. No hay ajuste que se pueda justificar si no es a partir de estos criterios”.
Ante la reciente presentación en el Congreso del nuevo proyecto ajustador por parte del Gobierno, contra el que se movilizó el colectivo días atrás, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) exclamó: “Pone en riesgo no sólo el acceso a las pensiones no contributivas que reciben las personas con discapacidad, esenciales para su subsistencia, sino también el acceso al sistema de prestaciones básicas vigente hace casi 30 años. Así, implicaría un enorme retroceso, incluso más allá de los avances logrados en la Ley de Emergencia, contrario al marco de derechos que Argentina se obligó a garantizar, y que pondría en grave riesgo la salud, la educación, y hasta la vida de las personas con discapacidad en nuestro país”.
Foto: Pablo Lecaros
“Efecto discriminatorio en la sociedad”
Ana Trezza es mamá de un niño con discapacidad. Es también docente y formadora de futuros profesores, y dicta un curso sobre discapacidad y educación en nivel superior en un profesorado de educación primaria en La Plata. Tiene alrededor de 50 alumnos (alumnas, en general) por año en cada uno sus dos cursos, donde enseña a quienes están aprendiendo a ser maestras. Allí, incluso allí, ve cómo cala el discurso estigmatizador sobre el colectivo que integra su hijo.
“Las primeras clases hago una indagación de sus conocimientos sobre discapacidad, de sus enfoques, pensamientos e ideas. El año pasado apareció con fuerza, y este año también, la desconfianza sobre las personas con discapacidad. Una desconfianza promovida por el Gobierno: que en realidad no necesitan esas ayudas, o que mienten sobre su discapacidad para poder acceder a beneficios. Que tendrían que arreglárselas solos, como puedan, tendiendo a la idea del individualismo y la meritocracia. En el ámbito docente también se empezó a escuchar. Antes quizás la gente no se sentía tan habilitada para decir cosas como ‘este nene no tiene por qué estar en esta escuela’ y ese tipo de ideas sobre niñas y niños con discapacidad”, relata Trezza.
“Que la idea aparezca y que las personas se sientan con la posibilidad de enunciarla tiene que ver con que se sienten habilitadas por parte del Gobierno, con toda la violencia que promueve. Esa idea de desconfianza sobre todo el colectivo de personas con discapacidad y también la idea de que tendrían que estar trabajando, cuando muchas veces se desconoce que no acceden porque en general nadie les da trabajo. Esos discursos se ven en los últimos dos años no generalizados pero sí muy numerosos. Creo que tiene mucho efecto el discurso del presidente y los miembros del Gobierno. Un efecto discriminatorio en la sociedad en general”, advierte. Y avisa: “Va a ser dificilísimo de revertir”.
Foto: Pablo Lecaros
«El colapso es tan grande que esto es imposible»
Hasta diciembre del año pasado, Mara Cotelo fue directora de una escuela pública porteña de educación especial. Se jubiló en enero. Desde entonces sigue en contacto con las familias a través de redes barriales. Conoce de cerca la realidad de las personas con discapacidad y sus entornos, así como el impacto que está teniendo el contexto.
“Lo que se ve es mucha angustia y desazón. No saber adónde ir, qué hacer. Ya no alcanza con hablar de crueldad. Las escuelas de educación especial están explotadas porque cerraron un montón de centros a los que asistían estos chicos y chicas. Se suma a la resolución que sacó personal de las escuelas. No solo hicieron recortes, sino que están superpoblando las escuelas. Es desolación lo que hay. Abatimiento”, define.
