Mogólico, autista, bipolar, esquizo, psicópata. Los términos se escuchan cada vez más en las aulas. No como diagnósticos sino como forma de agravio. Mogólico, autista, bipolar, esquizo, psicópata. Lo que era algo esporádico y señalado como conducta a corregir se volvió moneda corriente. Mogólico, autista, bipolar, esquizo, psicópata. Las políticas de ajuste y estigmatización sobre las personas con discapacidad se traducen en discriminación pura y dura, validada desde las más altas esferas por un gobierno (y un presidente) obsesionados con este sector social.
“Veo un incremento. ‘Mogólico, autista, bipolar, esquizo, psicópata’. Los chicos están absolutamente atravesados por el desborde que hay desde el poder. Más allá de cualquier idea, los modos, las formas, el desprecio, la naturalización de ciertas palabras por parte de adultos, han llegado a las escuelas. Y es preocupante”, dice María Zysman, psicopedagoga fundadora y presidenta de Libres de Bullying.
Su constatación no sorprende. El propio presidente Javier Milei, desde la campaña electoral de 2023 en adelante, usó términos como ‘down’, ‘minusválido’, ‘problema mental’, entre otros, para referirse a sus adversarios. Al punto de ser repudiado, más de una vez, por entidades como la Asociación Sindrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Pero no es solo cuestión de palabras que violentan, naturalizan y discriminan (como si eso fuera poco): son palabras e ideas que están siendo usadas para justificar un ajuste feroz. Y que dejan huella a nivel social.
Estigmatizar para justificar
“El ajuste siempre tiene que estar justificado, entonces la forma de justificarlo es estigmatizando a las personas con discapacidad. Como a los jubilados. La clase trabajadora fue estigmatizada incluso con la reforma laboral, con la idea de que los trabajadores no quieren laburar”, señala Laura Alcaide, militante de Orgullo Disca y la asamblea Discas en Lucha, quien comparte con uno de sus tres hijos una discapacidad visual.
“No es casual que el Gobierno tenga un abordaje de estigmatización, de insulto, de atropello hacia las personas con discapacidad. No es algo nuevo, pero sí es pasar de una sociedad que iba pensando en abrirse, en mostrar más a las personas con discapacidad, a políticas que desde lo discursivo, y afianzándose en el ajuste, logran llevarnos al encierro. Y una vez estando en el encierro, nuestro aniquilamiento es más viable –alerta–. El ajuste se sustenta en la estigmatización, en las políticas de odio y en los discursos de aniquilamiento. Sin eso, el ajuste no es viable. No hay ajuste que se pueda justificar si no es a partir de estos criterios”.
Ante la reciente presentación en el Congreso del nuevo proyecto ajustador por parte del Gobierno, contra el que se movilizó el colectivo días atrás, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) exclamó: “Pone en riesgo no sólo el acceso a las pensiones no contributivas que reciben las personas con discapacidad, esenciales para su subsistencia, sino también el acceso al sistema de prestaciones básicas vigente hace casi 30 años. Así, implicaría un enorme retroceso, incluso más allá de los avances logrados en la Ley de Emergencia, contrario al marco de derechos que Argentina se obligó a garantizar, y que pondría en grave riesgo la salud, la educación, y hasta la vida de las personas con discapacidad en nuestro país”.
“Efecto discriminatorio en la sociedad”
Ana Trezza es mamá de un niño con discapacidad. Es también docente y formadora de futuros profesores, y dicta un curso sobre discapacidad y educación en nivel superior en un profesorado de educación primaria en La Plata. Tiene alrededor de 50 alumnos (alumnas, en general) por año en cada uno sus dos cursos, donde enseña a quienes están aprendiendo a ser maestras. Allí, incluso allí, ve cómo cala el discurso estigmatizador sobre el colectivo que integra su hijo.
“Las primeras clases hago una indagación de sus conocimientos sobre discapacidad, de sus enfoques, pensamientos e ideas. El año pasado apareció con fuerza, y este año también, la desconfianza sobre las personas con discapacidad. Una desconfianza promovida por el Gobierno: que en realidad no necesitan esas ayudas, o que mienten sobre su discapacidad para poder acceder a beneficios. Que tendrían que arreglárselas solos, como puedan, tendiendo a la idea del individualismo y la meritocracia. En el ámbito docente también se empezó a escuchar. Antes quizás la gente no se sentía tan habilitada para decir cosas como ‘este nene no tiene por qué estar en esta escuela’ y ese tipo de ideas sobre niñas y niños con discapacidad”, relata Trezza.
“Que la idea aparezca y que las personas se sientan con la posibilidad de enunciarla tiene que ver con que se sienten habilitadas por parte del Gobierno, con toda la violencia que promueve. Esa idea de desconfianza sobre todo el colectivo de personas con discapacidad y también la idea de que tendrían que estar trabajando, cuando muchas veces se desconoce que no acceden porque en general nadie les da trabajo. Esos discursos se ven en los últimos dos años no generalizados pero sí muy numerosos. Creo que tiene mucho efecto el discurso del presidente y los miembros del Gobierno. Un efecto discriminatorio en la sociedad en general”, advierte. Y avisa: “Va a ser dificilísimo de revertir”.
«El colapso es tan grande que esto es imposible»
Hasta diciembre del año pasado, Mara Cotelo fue directora de una escuela pública porteña de educación especial. Se jubiló en enero. Desde entonces sigue en contacto con las familias a través de redes barriales. Conoce de cerca la realidad de las personas con discapacidad y sus entornos, así como el impacto que está teniendo el contexto.
“Lo que se ve es mucha angustia y desazón. No saber adónde ir, qué hacer. Ya no alcanza con hablar de crueldad. Las escuelas de educación especial están explotadas porque cerraron un montón de centros a los que asistían estos chicos y chicas. Se suma a la resolución que sacó personal de las escuelas. No solo hicieron recortes, sino que están superpoblando las escuelas. Es desolación lo que hay. Abatimiento”, define.
“Un pibe que hoy tiene que sacar un CUD (Certificado Único de Discapacidad) tiene que conseguir primero un turno con un neurólogo y pasar por el circuito de salud mental. El colapso es tan grande que esto es imposible. Y la gente ahora tendrá que ir a validar la discapacidad, porque ponen en duda la discapacidad de sus hijos. Muchas familias ya lo aceptan y no quieren hacer nada: hay muchos chicos en la casa, sin escolaridad. Porque no hay transporte, no tienen cómo ir a la escuela”, lamenta.
“Dicen que la violencia está en la escuela. No es así –afirma Cotelo–. Es lo que se reproduce en los ámbitos nacionales, lo que se ve en la tele, un presidente que le dice mogólico a alguien. No se puede esperar otra cosa, es lo que los pibes están aprendiendo. La escuela va a ser el lugar para empezar a repensarse, va a tener que empezar a educar en valores. El trabajo va a ser muy arduo”.
La palabra con «r»
“La palabra ‘retrasado’ ha vuelto, y es una de las grandes victorias culturales”, dijo el cómico estadounidense Joe Rogan en un episodio de abril de 2025 de su podcast. Antes, el magnate idolatrado por Milei, Elon Musk, la había usado para descalificar a un investigador finlandés. En mayo, un artículo de la CNN titulaba: “La ‘palabra con r’ está de regreso: cómo fue que un insulto volvió a normalizarse en el discurso público”. Milei ni siquiera es original.
Otra vez el argumento del «fraude»
Antes de que estallara el escándalo de las coimas en la hoy disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno usó el argumento de las pensiones mal otorgadas para abrir un proceso de auditorías que fue frenado tras múltiples denuncias sobre irregularidades y maltratos. El nuevo proyecto que impulsa la gestión del ministro Lugones apunta en el mismo sentido: con el discurso de ir contra el “fraude” en las pensiones se aprieta el acelerador sobre el colapso del sistema.
“Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad. Siguen insistiendo con el relato de las pensiones truchas pero no muestran pruebas concretas que justifiquen esta reforma. Mientras ponen bajo sospecha a todo un colectivo, que ya viene siendo golpeado y maltratado hace mucho tiempo”, cuestionó Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS). Y agregó: “Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador Nacional. Es lo que establece el valor de las prestaciones que brindan las instituciones y asociaciones en todo el país. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”.
No es la primera vez que el gobierno de Javier Milei intenta desarmar el Nomenclador. En mayo de 2024 circuló el borrador de un proyecto de decreto que ya apuntaba en ese sentido.
