Se van a cumplir 230 días de la Ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso con un veto que también rechazó el Congreso y ratificada incluso por el Poder Judicial. En cualquier otra circunstancia este hecho sería calificado de enorme gravedad institucional, antidemocrática, como un ataque a la división de poderes, y un largo etcétera, pero en la Argentina distópica de hoy se naturaliza. Hasta el punto de que el Ejecutivo nacional ni piensa en acatarla, y en su lugar buscó acercarse en las últimas horas al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para negociar otra implementación con un magro aumento salarial.
Según una autoridad de la UBA, La Libertad Avanza planteó “una locura”. Ofrecieron un aumento salarial del 21 por ciento para junio y otro 3% en octubre. La mitad de lo que perdieron docentes universitarios, en promedio, desde diciembre de 2023. ¿A cambio de qué? De que los rectores retiren la demanda judicial que presentaron hace casi 6 meses exigiendo el cumplimiento completo de la ley vigente.
De la reunieron formaron parte Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), que integra el Ministerio de Capital Humano, y los rectores de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci y Anselmo Torres, de Río Negro (UNRN), presidente y vice del CIN, respectivamente. El Ejecutivo también deslizó que darían más fondos para hospitales universitarios y gastos de funcionamiento. La plata, al parecer, estaba. Falta la intención.
“Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia”, afirman desde el CIN. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El Gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace desde hace años”, añadieron desde Conadu. Las facultades siguen en estado de alerta.
Universitarios sin financiamiento
El diálogo entre el CIN y el oficialismo quedó suspendido hasta nuevo aviso. Mientras tanto, las y los rectores universitarios se están reuniendo con los gremios para analizar el curso de acción, en paralelo la Corte sigue dilatando el caso y evita la sentencia. Algunos sectores universitarios visualizaron la propuesta del Gobierno como un avance en una intención negociadora, mientras otros se opusieron de manera contundente a aceptar un porcentaje menor del que corresponde.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD) enfatizaron que toda la información se conoce a través de vías informales o por los mismos medios de comunicación: “Ante este supuesto ofrecimiento, alertamos que ya hay federaciones discutiendo aceptar bajo el argumento de que es un inicio en el cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario. Nada más lejano dado que el gobierno exige que se retire la cautelar precisamente para incumplirla sin costo”.
Y acotaron: “Si esa ley se aplica hoy (su incumplimiento lleva 223 días) nos tendrían que estar depositando un aumento del 52% a todos los trabajadores. La distancia entre el ofrecimiento del gobierno y lo que dice la ley es abismal. Por eso, el subsecretario de Políticas Universitarias dice que la condición para que se cumpla este ofrecimiento a la baja es que se deje sin efecto la cautelar que se produjo en marzo de este año. La Corte lo advierte, si se expide nos da la razón y en el gobierno desata una nueva crisis que lo hundiría aún más. Esta ley, defendida por el contenido aún cuando no resuelve todos los problemas presupuestarios del sistema universitario, le da un marco para la transferencia de fondos, garantiza el retroactivo desde la sanción de la ley y las paritarias”.
La Ley 27.795 dictamina que el Estado debe actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades públicas, revertir la caída de los salarios docentes y nodocentes, y actualizar las becas estudiantiles. Pero el Gobierno sigue suspendiendo la transferencia de fondos, similar a lo que ocurre con PAMI o los subsidios al transporte. Desde el CIN ya habían advertido que podrían continuar con denuncias penales dirigidas a los funcionarios involucrados, por “delito de desobediencia”.
En estos dos años y medio de gobierno de Milei las transferencias a universidades nacionales sufrieron una caída del 45,6 por ciento, lo que provocó el abandono de obras y de equipamiento, el éxodo de docentes, la baja en investigaciones y del alumnado, y un descenso de la calidad académica en la región.
Dentro del ranking de universidades del Center for World University Rankings (CWU), que evalúa las 2000 mejores universidades entre 21.000 de todo el mundo, las siete instituciones argentinas que lo integran este año cayeron de posición. Se trata de todas universidades públicas, ninguna privada. La UBA es la mejor valorada, que en 2025 estaba en el puesto 409, y ahora quedó en el 423.
