Al cierre de junio de este año la ejecución presupuestaria destinada al gasto público se contrajo un 4% con relación al mismo período de 2025. El ajuste, que en sí mismo es drástico, resulta todavía más profundo cuando se lo analiza en la perspectiva de los tres años de gobierno libertario.
Es que, si se compara la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 con el mismo período de 2023 la contracción acumula un 34%. Dicho de otra forma el gobierno ya no gasta uno de cada tres pesos que destinaba al financiamiento de la salud, la educación, la ciencia y, entre otros ítems, la obra pública.
Sin embargo, el dato agregado muestra un promedio muy general del impacto de la motosierra. Si se analiza el ajuste de manera detallada emerge un sesgo con un contenido político muy definido en detrimento de sectores sensibles de la seguridad social, las personas con discapacidad, la industria, la investigación, la salud, la atención de niños y adolescentes y un largo etcétera.
Del otro lado, el gasto mejora sensiblemente para ítems significativos como los servicios de inteligencia. Toda una definición política.
Gasto social en la mira
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explica que “si bien el ejercicio presupuestario aún se encuentra en desarrollo, los datos disponibles a junio permiten identificar tendencias sobre la orientación fiscal del año, evidenciando un marcado sesgo contractivo del gasto público”.
En esa línea destaca que “la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 17% en su ejecución” a la vez que “los Servicios de la Deuda Pública concentran el 13% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto”.
En su informe, el CEPA destaca recortes en salud empezando por el ajuste en la Superintendencia de Servicios de Salud que sufre una caída de sus recursos del 64%. A la vez, los hospitales dependientes del gobierno nacional, sufrieron un ajuste de entre el 17% y el 44% al igual que el Instituto Malbrán (-32%) y la ANMAT (-42%).
El CEPA destaca que existen “programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades (que) presentan caídas de hasta 100%”.
Del otro lado, “el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) muestra un incremento real del 68%”.
Más profundo aparece el recorte en ciencia y tecnología donde, por ejemplo, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación “registra una fuerte caída (-88%), al igual que el CONICET (-35%) y la CONAE (-64%)”. Además, destacan la caída del 31% en la ejecución en favor del Servicio Geológico Minero Argentino y la del 36% de la Fundación Miguel Lillo y el Servicio Meteorológico Nacional (-33%).
Pero el gasto social afecta también áreas clave que financian la seguridad social y la asistencia. Allí el ajuste también se hizo sentir especialmente. La ANSES, por ejemplo, “presenta una caída del 15%, al igual que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-75%) y el INAES (-82%)”.
Más de fondo, el programa de Economía Social “registra una caída total en su ejecución (-100%), mientras que el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia muestra una reducción (-93%)”. Similar suerte sufre el Plan Nacional de Protección Social con una contracción del 99%.
Tal como denuncian las organizaciones sociales y piqueteras, “las políticas alimentarias también observan retrocesos significativos, con disminuciones en Comedores Comunitarios y Merenderos (-65%) y en la Prestación Alimentar (-37%)”.
Más ajuste para educación y ciencia
Las partidas destinadas a Educación, lóigicamente, también sufrieron la particular saña de la motosierra libertaria. El programa Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente sufrieron un recorte absoluto (100%) mientras que la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes “muestra una reducción significativa (-83%)” al igual que “las Acciones de Formación Docente (-90%) y el Desarrollo de la Educación Superior (-31%)”. El ajuste es total en “Equipamiento que contrajo sus ejecuciones en un 96%”.
Al igual que los sectores industriales, los organismos orientados al desarrollo estratégico fueron librados a su propia suerte. La Comisión Nacional de Energía Atómica “registra una caída significativa del 50%, acompañada por descensos en la Autoridad Regulatoria Nuclear (-26%), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (-35%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-34%)”.
El informe del CEPA destaca una ejecución extremadamente baja en transporte y obra publica “con caídas del 84% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes”.
Las provincias y municipios también sufrieron el sesgo del ajuste con caídas de partidas puntuales de hasta el 100% en lo que se refiere a las transferencias: Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios redujo un 97% mientras que en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires fue total.
Pero incluso dentro de su orientación general en favor de la represión y los organismos de seguridad, el recorte es selectivo. Así como los servicios de inteligencia se beneficiaron con un sensible incremento en términos reales, las fuerzas de seguridad nutridas de agentes sufrieron un sensible retroceso. La Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval perdieron entre un 30 y un 34% de su presupuesto mientras que el presupuesto del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se contrajeron un 16%, un 19% y un 27% respectivamente.
