La suba de precios en abril fue del 2,6% mensual, con una variación interanual del 32,4%, de acuerdo a datos del Indec. El dato de abril fue inferior al 3,4% de marzo, aunque lejos de los menores valores que tiempo atrás prometía el gobierno para esta época.

Según las proyecciones que figuran en la Ley de Presupuesto 2026, la inflación anual iba a ser del 10,1%, pero ya fue superada en el primer cuatrimestre (12,3%). Confirma, como señalé en su momento en el debate parlamentario, que las estimaciones no tenían bases sólidas. A su vez, la proyección del Relevamiento de Expectativas de Mercado (encuesta realizada por el Banco Central) se ubica en el 30,5% para todo el año, el triple de lo proyectado en la ley.

Tras publicarse el dato de abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que fue la más baja en cinco meses. Por su parte, el Presidente posteó: “RETORNANDO A LA NORMALIDAD. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”.

Decir que el Congreso tuvo actitudes golpistas por sancionar leyes como el Financiamiento Universitario o la Emergencia en Discapacidad es desconocer el rol del Parlamento, que sólo funcionaría “bien” si es afín a las políticas libertarias. Es asumir que en democracia los sectores afectados no pueden manifestarse y reclamar por medio de sus representantes para proponer alternativas al ajuste en curso.

El oficialismo ha repetido hasta el cansancio que la inflación es un fenómeno monetario, pero es la administración libertaria la que lleva a estos resultados con sus políticas. De hecho, los precios regulados (en los que incide el gobierno) se incrementaron en el mes 4,7%, en el acumulado del año un 17,5%, y en forma interanual un 43,0%, todos por encima del promedio de inflación. En este rubro están, por ejemplo, los servicios de luz, gas y agua, así como el transporte, cuyos incrementos están muy vinculados a la propia política de reducción de subsidios del Tesoro con el objetivo de tratar de sostener los actuales “superávits fiscales”.

La inflación obedece a múltiples causas, entre ellas la puja distributiva, y requiere actuar a través de distintas herramientas. La postura del gobierno está generando una situación en la que a pesar del ajuste fiscal y monetario la inflación se mantiene elevada y la economía se ameseta, generando importantes costos sociales y productivos.

El presidente señaló: “entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, porque cayó el salario real, (…), asociado a un salto de la tasa de inflación pero el escenario alternativo era inmundo”. Un concepto indemostrable. Es la primera vez que el primer mandatario reconoce un “freno” en la economía y una reducción en los salarios reales.

Pensando en escenarios alternativos, no hay que perder de vista que durante gobiernos anteriores de carácter progresista se registraron valores mensuales de inflación no muy alejados de los actuales (e incluso menores) y desde la oposición en aquel entonces se intentaba instalar una falsa sensación de crisis o insostenibilidad. La diferencia es que en dichas administraciones crecían el empleo, los ingresos y el consumo. Había inflación, en gran medida originada por los formadores de precios, y el Estado reaccionaba tratando de compensar las pérdidas en el poder de compra por la vía de distintos estímulos y programas sociales. Una Argentina muy distinta a ésta, a pesar de todas las cosas que había por mejorar.

Ajuste sobre ajuste

En la semana el Poder Ejecutivo dispuso un recorte de gastos de $ 2,4 billones, elevando incluso el superávit financiero proyectado para la Administración Pública Nacional. Es el ajuste sobre el ajuste que ya ha estado ocurriendo durante toda la gestión Milei.

Pareciera ser que mientras más crecen los reclamos y las necesidades de la ciudadanía, más buena letra el gobierno intenta hacer con los organismos internacionales y los mercados, en tanto profundiza el ajuste y busca dar una señal clara de que no lo van a doblegar y de que el rumbo no se toca.

Hay caídas en términos nominales en prácticamente todas las partidas de gasto. El mayor recorte se sitúa en las transferencias a las provincias, incluyendo los recursos pendientes de desembolso en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, que se reducen cerca del 70%, así como los del Plan Nacional de Alfabetización. También se achican fuertemente los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, los gastos destinados a la salud y a la educación. El ajuste tiene múltiples aristas y no se repara tampoco en los daños sobre la infraestructura del país. Por ejemplo, el recorte de presupuesto en la Dirección Nacional de Vialidad deteriorará aún más el estado de las rutas nacionales, acrecentando los riesgos y los reclamos de la ciudadanía en general, y de los productores y transportistas en particular.

La adecuación no ocurrió en cualquier momento: se dio un día antes de la Marcha Federal Universitaria, muy masiva a nivel nacional, en la que se exigió el cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, que el Ejecutivo ha venido incumpliendo a pesar de la ratificación del Poder Legislativo y de los fallos de la Justicia para que se aplique.

La movilización se encolumna con otros hechos, como la marcha del último 24M, y va expresando un constante deterioro del apoyo al gobierno, que se ve reflejado en las encuestas y en la calle.

Desde el Ejecutivo se llegó a afirmar que la Ley de financiamiento educativo “nació muerta”, porque primero está la restricción que impone la Ley de Presupuesto. En rigor, el gobierno incumple esta última, al readecuar partidas asignadas con el fin de garantizar un mayor superávit fiscal.

El reciente recálculo del Presupuesto 2026 es una muestra de que el ajuste no tiene fin, a no ser que la resistencia de los/as ajustados/s imponga sus límites.

No descartamos sostener un equilibrio presupuestario. Lo que no somos es partidarios del ajuste para tratar de lograrlo. Existen maneras socialmente sostenibles de hacerlo, básicamente por la vía de una economía en crecimiento (que genere mayor recaudación) y con tributos progresivos. Margen para actuar hay, pero también existen distintas prioridades.

Lo más peligroso es que crezca la búsqueda de una alternativa que mantenga los trazos gruesos del proyecto libertario modificando sólo los modales de sus dirigentes. El problema es el modelo, no su estilo de implementación. Lo que hay que cambiar son las políticas de ajuste, de apertura, de endeudamiento y de entrega de la soberanía y los recursos.

Más allá de los efectos nocivos de las políticas actuales, en nuestro país la toma de conciencia aún parece ser débil. Cuando la ciudadanía logre vincular de forma masiva el hecho de que el problema está en el modelo, seguramente habrán madurado las condiciones para que pueda darse un proceso verdaderamente diferente. De lo contrario, podríamos ir hacia lo que algunos quieren instalar: que hay que conseguir a alguien más prolijo, pero que mantenga el rumbo.

En este escenario y de cara a las próximas elecciones se hace cada vez más necesario construir un espacio amplio, plural y diverso desde donde podamos volver a impulsar un modelo alternativo. La discusión no se debe reducir a la existencia o no de déficit fiscal. Hay que definir si se insiste con un país basado solo en cuatro sectores (minería, combustibles, agro y finanzas) o se vuelve a un proyecto de desarrollo industrial y de servicios orientado a beneficiar a la mayoría de la población.