El ataque a la redacción de Tiempo y la complicidad policial: la justicia avanza sobre los agentes del operativo

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volvió a reclamar a la jefatura de la Policía de la Ciudad que entregue una serie de datos personales e informe el destino posterior de los uniformados que cumplieron funciones en la ex Comisaría 31, del barrio porteño de Colegiales, durante la noche del 3 y la madrugada posterior del 4 de julio de 2016. En esas horas, el defraudador Mariano Martínez Rojas irrumpió, junto a los integrantes de una patota, en la redacción del diario Tiempo Argentino. El autopercibido empresario era parte de una maniobra fraudulenta urdida por el vaciador Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, que simuló desprenderse del diario y de las empresas del Grupo 23 luego de fugarse sin pagar los sueldos de sus trabajadores. En ese contexto, Martínez Rojas buscó impedir que el diario siguiera saliendo en forma cooperativa luego de un largo conflicto gremial. Lo hizo al frente de un grupo que fue respaldado por el comisario Jorge Azzolina y el subcomisario Gastón Aparicio, entonces de la Policía Federal.

Las medidas solicitadas, a las que accedió Tiempo, fueron ordenadas el 18 de octubre, antes del juicio oral contra Martínez Rojas por el ataque realizado el 11 de junio de 2016 contra la planta transmisora de Radio América para sacarla del aire. Ese expediente se reactivó luego que el defraudador fuera procesado por la interrupción del servicio de comunicación en la causa por el ataque a Tiempo y esta semana debía comenzar el juicio oral. Pero este lunes la defensa y la fiscalía cerraron un acuerdo de juicio abreviado y fue condenado a la pena de un año de prisión. A eso se suma que está privado de su libertad por la causa que investiga la “mafia de los contenedores” de la aduana y fue confirmado en Cámara su procesamiento por los delitos de usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo en la redacción de Tiempo, lo que podría derivar en otra condena en su contra, una vez que se resuelva sobre la intervención de los integrantes de la Policía Federal que lo facilitaron. 

El primer pedido de información que firmó Martínez de Giorgi fue para indagar sobre la complicidad de los efectivos policiales con la patota fue enviado en junio. Ahora reiteró una serie de requerimientos. Quiere saber qué funciones tenía cada policía en ese momento y que le entreguen el detalle de los móviles que estaban asignados a esa seccional con sus respectivos choferes y acompañantes. Además pidió los números de teléfonos celulares que había en cada patrullero y si poseían un sistema de rastreo satelital que “permitiera conocer su ubicación en tiempo real y si al día de la fecha resulta posible obtener los datos registrados sobre la ubicación de esos móviles durante la noche en cuestión”.

Para la abogada María del Carmen Verdú, que impulsa la querella en representación de los trabajadores de la Cooperativa por Más Tiempo, «el juez reconoció, en el auto de procesamiento, que se trató de un plan criminal encabezado por Mariano Martínez Rojas para interrumpir de manera violenta el funcionamiento del servicio público de comunicaciones brindado por el Diario Tiempo Argentino. Lo que jamás se hubiera concretado sin la participación necesaria del personal policial. Está probada la presencia de policías en el momento previo al ataque, que dijeron al cerrajero convocado para forzar la apertura de la puerta de entrada que debía hacerlo porque Martínez Rojas era el dueño. También se acreditó que el comisario puso a Martínez Rojas en contacto con Blander para convocar sus patotas».

El juez también pidió copias «de toda documentación que se hubiere labrado en la ex comisaría 31 de esa fuerza con motivo de entrevistas, requerimientos, denuncias y solicitudes de acompañamiento y/o traslado hasta la sede del Diario Tiempo Argentino, desde el mes de enero hasta el mes de julio, ambos inclusive, del año 2016, efectuados por parte de Martínez Rojas con indicación del personal que las llevó a cabo». Finalmente le pidió a la fuerza que le informe si los policías «han tramitado algún permiso de circulación por la pandemia de COVID- 19 o de vacunación contra dicho virus», porque si sucedió «se deberá indicar los datos personales obrantes, domicilio particular declarado y sus números telefónicos brindados».

El foco de la investigación ahora está en el rol que tuvieron los uniformados, cuya información la Policía no entrega. Ese giro fue luego de la decisión de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que confirmaron en parte las medidas que había resuelto Martínez de Giorgi. Tal como contó este diario, a diferencia de la decisión de primera instancia, los camaristas revocaron el procesamiento del comisario de la Policía Federal, Jorge Guillermo Azzolina, y dictaron la falta de mérito. Con esta decisión siguió en pie el procesamiento contra toda la patota, salvo para el uniformado, por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación y robo” con embargos de hasta ocho millones de pesos.

Los datos ya habían sido solicitados por Verdú, que reclama el procesamiento de los policías desde el inicio de la causa. Su planteo había sido sistemáticamente rechazado. Entre esa etapa y los pedidos del juez hay un denominador común: los efectivos llevan cinco años sin que se pueda saber qué pasó en esos días en la Comisaría 31, que ahora se llama Comisaría Vecinal 14-B, porque su denominación cambió cuando las comisarías de la Policía Federal fueron transferidas a la Ciudad para la conformación de la actual policía porteña.

El ataque fue liderado por Martínez Rojas y ejecutado por Juan Carlos Blander, reconocido como un presunto empresario de seguridad privada que se dedicó durante años a intervenir en espectáculos musicales. Fue el encargado de reclutar a una patota. Según dijo Blander en el expediente, el comisario Azzolina se lo recomendó a Martínez Rojas para dirigir el ataque.

Azzolina, con la ayuda del subcomisario Aparicio, dieron protección a la incursión violenta. El encargado de intervenir luego en el lugar fue el segundo, que se encargó de retrasar que los trabajadores recuperaran las instalaciones durante dos horas estuvieron ocupadas por la patota. Del mismo modo le entregó información a la fiscal contravencional Verónica Andrade, que ese 4 de julio intervino desde su domicilio y nunca fue al lugar de los hechos.

La primera vez que pidió los datos de los uniformados, el juez trabó embargo por ocho millones de pesos a Martínez Rojas y por dos millones a Blander. Le impuso 250.000 pesos a cada uno de los demás miembros de la patota: Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz Díaz, Carlos Antivero, Marcelo Caña, Pablo Batista, Diego Chávez, Esteban Díaz, Rodrigo Roldán, Juan Moreno, Ovidio Ramírez, Omar Ontivero y Alejandro Marostica Spahn.