El bono cubrirá apenas el 6,6% de lo perdido y sólo lo recibiría uno de cada tres trabajadores

El salario promedio de todos los trabajadores del país llega a los $ 19.734. La pérdida promedio del poder adquisitivo durante 2018, proyectando una inflación del 47,5% hasta diciembre, se traducirá en una resignación promedio de $ 75.186 acumulados durante el año, según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPYP) dirigido por el economista de la CTA, Claudio Lozano.

Así las cosas, el bono que el gobierno formalizará mañana mediante un decreto representa apenas un 6,6% de lo que, en promedio, los asalariados perderán como resultado de la inflación durante 2018. Para el caso de los trabajadores registrados del sector privado, el bono equivale a un 8,7% de los $ 57.470 que, por el mismo motivo, perderán en 2018.

El borrador del decreto fue acercado a los dirigentes de la CGT con el propósito de que dejaran sin efecto el quinto paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. El Consejo Directivo efectivamente resolvió suspender la medida a pesar de que, según lo dispuesto en el borrador, el bono de $ 5000 no sólo no recompone el salario (son dos cuotas por única vez) y cubre un ínfima parte de lo perdido, sino que además limita sensiblemente la cantidad de los potenciales beneficiarios. Es que la letra del decreto indica que serán excluidos los 3,2 millones de trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal; los 490 mil empleados de casas particulares y los 323,5 mil empleados rurales registrados. El beneficio, claro, tampoco alcanzará a los casi 2 millones de monotributistas y autónomos, ni a los alrededor de 4 millones de trabajadores no registrados. Tampoco, por supuesto, a los casi dos millones de desocupados.

De los 6,2 millones de asalariados del sector privado  posiblemente habrá que descontar, además de esos 323,5 mil trabajadores rurales registrados (de un total de más de un millón), los 420 mil trabajadores de la enseñanza cuyos haberes van asociados a los de los docentes públicos explícitamente excluidos. Así las cosas, de un total de 16,4 millones de asalariados, apenas el 33% podría aspirar a recibir el bono. Si se incluyeran los desocupados, el porcentaje cae a 29 por ciento.

Pero además, el borrador del decreto incluye una serie de artículos que, en rigor, podrían llevar a los beneficiarios a una cifra marginal. Por caso, el artículo 3 señala que «las partes (…) podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellos sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva». Tomando en cuenta el Estimador Mensual Industrial (EMI) del mes de septiembre, publicado el martes, que arrojó un retroceso interanual del 11,5% y que acumula cinco meses consecutivos de caídas, resulta fácil predecir que una parte importante del sector privado podría alegar «declinación productiva» para negarse a otorgar el paliativo.

La manufactura explica 1,16 millones de empleos. El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, ya adelantó que el 60% de la industria tendrá dificultades para cumplir con la disposición. El sector de Comercio, que genera 1,17 millones de puestos de trabajo, podría alegar la caída del consumo de un 9,2% registrada por CAME en septiembre para eludir el pago del bono. Lo mismo el sector inmobiliario, que en septiembre anunció un retroceso del 41,2% en las escrituras y explica gran parte de los 832,5 mil empleos incluidos el rubro de «actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler». Incluso la construcción, que emplea formalmente 456,3 mil trabajadores, podría hacer alusión a la caída del 4,2% registrada en septiembre.

En rigor, y en un contexto recesivo, son contados los sectores que no serían capaces de encontrar algún indicador para intentar negar el bono a sus empleados.

Pero además, en su artículo 4, el decreto sostiene que aquellos sectores que «hubieran pactado un incremento sobre los ingresos de los trabajadores en concepto de revisión salarial de la pauta oportunamente acordada podrán compensar aquel aumento con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1 hasta su concurrencia, salvo que acuerden la no absorción». De este modo, como el artículo ni siquiera fija un piso de esa revisión, las patronales bancarias, del transporte de personas y bienes, la construcción, petroleros, comercio, de estaciones de servicio, entre varias otras, podrán hacer uso de ese artículo para que el bono sea absorbido incluso con revisiones que llevan las subas al 25 por ciento. El mismo artículo contempla la posibilidad de que la suma sea considerada como parte de los futuros aumentos que se acuerden en las revisiones aún no realizadas. Con ese panorama, la aplicación concreta del bono dependerá, en gran parte, de las eventuales discusiones sectoriales.    

En sus fundamentos, el decreto sostiene que el propósito es que «se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones». Sin embargo, ese objetivo se ve desmentido por el hecho de  tratarse de un pago por única vez que, una vez percibido, dejará los salarios en los niveles previos.

Lo que logró la disposición fue desactivar la medida gremial. «Nunca dijimos oficialmente que íbamos a hacer paro. Prefiero que los trabajadores tengamos 5000 pesos más. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer paro», dijo Carlos Acuña, uno de los dos secretarios generales de la CGT, a Radio con Vos.

El sindicato de la Alimentación, liderado por Rodolfo Daer, hermano del dirigente de la CGT Héctor Daer, se declaró en estado de alerta y movilización por la suspensión unilateral de la reunión pautada para revisar su acuerdo salarial una vez que se conoció la intención de fijar el pago del bono. Es un ejemplo concreto del propósito político que esconde el acuerdo: evitar el paro y también desactivar el proceso de revisiones en curso, colocando una referencia que oficie de techo para esas discusiones. «