El bono de $5000 no conforma a nadie y abrió una nueva crisis

No será fácil la redacción del decreto que el gobierno aspira a publicar mañana en el Boletín Oficial y que, en general, otorgará un bono de fin de año de $5000 en dos cuotas para los trabajadores del sector privado.

Luego del acuerdo de intenciones sellado el martes en el Sindicato de la Sanidad en una reunión tripartita de la que participaron dirigentes de la CGT, el gobierno en la persona de Dante Sica y Jorge Triaca y la UIA con su titular Miguel Acevedo a la cabeza, fueron muy variadas las versiones acerca del alcance y modalidad de aplicación del plus de fin de año. 

El decreto, en principio, se daría a conocer el jueves. El mismo Dante Sica salió a aclarar esta mañana las características y el alcance de la medida con la que esperan que la CGT por la tarde resuelva formalmente dejar sin efecto el quinto paro nacional que habían anunciado sin fecha.

Ante las versiones cruzadas, el mismo Ministro de Producción y Trabajo, en declaraciones a radio Continental reconoció que el bono no alcanzará a los empleados públicos que negociarán una actualización propia, que también podría incluir un bono, a partir de la reapertura de sus negociaciones paritarias. Con todo, aseguró que el bono sería de cumplimiento obligatorio para las patronales privadas y que, para el caso de aquellas que manifestaran no contar con los recursos para afrontarlo, el gobierno gestionará líneas de financiamiento especiales que podrían canalizarse a través de la banca pública. 

Por otro lado, en sus declaraciones, eximió el otorgamiento del bono a aquellos sectores que haciendo uso de las cláusulas de revisión hayan superado el umbral del 40%. Del mismo modo aclaró que aquellos sectores que ya hubieran acordado actualizaciones con cuotas pautadas a futuro podrán hacer uso del bono como un adelanto a cuenta de esos pagos.

Las aclaraciones de Sica, lejos de traer tranquilidad generaron una batería de cruces entre los sectores involucrados que, incluso, podrían poner en riesgo la publicación del decreto para el día de mañana e incluso el propio acuerdo. 

Desde la UIA, uno de sus vicepresidentes, Daniel Funes de Rioja, aseguró que el 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago y bregó por una flexibilidad del acuerdo para que, eventualmente, se puedan disponer en “tres o cuatro cuotas”. El dirigente de COPAL se quejó por las altas tasas de interés que deberían afrontar las empresas que se vean obligadas a pedir un crédito y pidió “financiamiento blando”. De ese modo se trataría de una suerte de subsidio estatal para el sector privado.

La CAME, por su parte, adelantó que “no todas las empresas pueden afrontar un bono de $5000” y propuso “seguir dialogando con el gremio para analizar si se aumentan los planes de pago en más cuotas segmentando el tipo de empresa, que sea no remunerativo y como adelanto de futuras paritarias.»

En el otro extremo a los referentes de la CGT tampoco le gustaron las declaraciones de Sica e incluso volvieron a amenazar con desempolvar la posibilidad de una medida de fuerza. En particular no están de acuerdo con la exclusión de los trabajadores que ya hubieran reabierto sus paritarias ni con la posibilidad de que el bono sea contemplado como un adelanto a cuenta de las cuotas futuras ya acordadas.

En la Alimentación, por caso, ya entró en una impasse una reunión pautada para los primeros días de diciembre con el propósito de revisar el acuerdo sellado.

Desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) integrado por el sindicato Camionero, el Smata y los sindicatos de la Corriente Federal repudiaron el bono por insuficiente e incluso consideran la posibilidad de tomar una medida de fuerza coordinada con las CTA.