El cambio de escenario alertó al gobierno sobre el costo político de sostener contratos sospechados

«Hasta que no haya condena firme no se tocan los contratos de obra pública de las empresas sospechadas. Los allanamientos, las detenciones y las medidas que se toman en este momento no significan nada respecto a la continuidad de las concesiones o contratos que haya entre el Estado y esas firmas», confió a este diario un alto funcionario que sigue el escándalo de los cuadernos desde las oficinas del Ministerio de Justicia, que encabeza Germán Garavano. En la línea de tiempo que manejan dentro del gobierno, pero especialmente en las oficinas de la cartera judicial, los pronósticos políticos apuntan a que esas sentencias se concreten dentro de un año, es decir, antes del comienzo de la etapa más caliente de la temporada electoral que se avecina.

Esos tiempos, que entusiasman a algunos funcionarios y espantan a otros, fueron parte del análisis que compartieron los ministros del presidente Mauricio Macri que tienen obras públicas bajo su órbita. La cita se concretó a mitad de la semana, fue conducida por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, e incluyó a los ministros de Energía, Javier Iguacel; a su par de Transporte, Guillermo Dietrich; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. El encuentro en la Casa Rosada buscó analizar las consecuencias «técnicas» que podrían provocarle al gobierno los coletazos de la investigación que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, basada en las fotocopias de los cuadernos que el exchofer Oscar Centeno dice haber escrito, pero cree haber incinerado.

La cita no tuvo un resultado definitivo por el giro que tomó el expediente con la confesión del empresario Carlos Wagner, dueño de la contratista Esuco y extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). A diferencia de sus colegas detenidos con anterioridad (que negociaron aportar información como arrepentidos, a cambio de evitar la cárcel) Wagner no se escudó en el presunto pago de coimas para engrosar aportes a la campaña electoral del kirchnerismo, sino que aportó elementos que resultaron como música en los oídos de Bonadio y Stornelli. Apuntó a los exfuncionarios detenidos Roberto Baratta y José López como piezas ejecutoras del sistema de recaudación que, según insistió, terminaba en el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La información que aportó Wagner provocó un giro en la línea argumental que sembraron los demás empresarios imputados que habían apelado a un delito de ribetes electorales para transitar la senda menos espinosa. «El aporte de dinero en forma voluntaria o bajo extorsión es mucho menos grave que el cohecho que es pagar para obtener algo indebido. Se les puede complicar a los que declararon eso y el cohecho jode los contratos obtenidos», razonó una fuente del Poder Judicial, dedicada a analizar la delgada línea que separa a las implicancias penales de un delito electoral, de la confesión de un delito penado con prisión de uno a seis años, de acuerdo a las variantes que establecen los artículos 256 a 258 del Código Penal.

El giro es uno de los temas más eludidos en Balcarce 50. Los voceros consultados lo cinturean con una fuga hacia adelante: anticipan planes para cambiar la ley de obras públicas y deslizan una batería de cambios para aplicar de «ahora en adelante» para mantener la iniciativa sobre el caso. Sin embargo, por debajo de la línea de tiempo que monitorean en Justicia, en el primer piso de Balcarce 50 aseguran que «se analizará obra por obra, y caso por caso, de acuerdo a lo que suceda en el expediente, porque si bien estos señores (por los empresarios) tienen derechos que hay que respetar, también tienen obligaciones que difícilmente puedan cumplir en caso de seguir complicados», resumieron cerca del jefe de Gabinete Marcos Peña.

A diferencia de las dudas públicas sobre la presunta parcialidad de Bonadio y Stornelli en la investigación, debido a su cercanía con el gobierno, cerca de Macri niegan que la libertad del primo presidencial Ángelo Calcaterra lo perjudique. Se trata del exdueño de IECSA, la constructora familiar, que fue vendida hace un año al empresario energético Marcelo Mindlin, cuyas oficinas también aparecen mencionadas en las escrituras que Centeno se adjudica. «Es un tema de Calcaterra, sucedió en la gestión anterior y su futuro depende de lo que aporte a la Justicia», insistió el funcionario, para desligar al jefe del Estado de su primo empresario. Calcaterra se presentó espontáneamente y habló de coimas, pero las vinculó con la recaudación electoral del kirchnerismo. Su aparición desató sospechas sobre un aviso anticipado de la Casa Rosada para evitar consecuencias peores. Otros vinculan su aparición en tribunales como una forma de evitar que su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, se quebrara. «Es cierto, hay una onda de arrepentidismo donde todos adoptan la estrategia de negar que fueron millones, sino que pusieron algunos pesos. Dicen que no era para obra pública, sino para la campaña. Todo eso linkea el caso con el escándalo que afronta (la gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal por los aportes truchos en la última campaña», resaltó otro inquilino de Balcarce 50. «Con eso no alcanza para llegar a CFK. Para hacerlo hay que llevarse puestos a todos los empresarios, pero si salen del despacho de Bonadio con una palmadita en la cola a cambio de aportar alguna información, no tenemos forma de diferenciarnos. En el medio el tema puede crecer y nos puede perjudicar económicamente ahora, no cuando haya sentencia dentro de un año», bramó el hombre del gobierno consultado, que no descarta complicaciones «en el corto plazo», al calor de la tormenta de confesiones, donde todos los empresarios señalados, apuestan a tirar del mantel, mientras el gobierno busca anticipar quién caerá primero.