El caso de la enfermera deportada y separada de sus hijos llega a la CIDH

Criminalización, cinismo, perversión, crueldad, coacción, xenofobia y discriminación fueron algunas de las palabras más sonadas –todas dedicadas al gobierno nacional- este miércoles, poco antes del mediodía, en la sede de Amnistía Internacional, en el décimo piso de Paraguay 1178 de Capital Federal, donde se dieron cita organismos de Derechos Humanos y la prensa, para dar a conocer que se le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de medidas cautelares por el caso de Vanessa Gómez Cueva, la ciudadana peruana de 33 años obligada a abandonar en febrero el país y a distanciarse de sus hijos nacidos aquí. Además, se destacó que hubo más episodios como este.

Vanessa residía en la Argentina desde hacía 15 años, donde nacieron sus tres hijos –que ahora tienen 14, 6 y 2 años- hasta que el 4 de febrero fue expulsada del país (junto a su hijo más chico, ciudadano argentino) tras ser engañada por los funcionarios del Ejecutivo y de la Justicia. Según contó el abogado de la mujer, Juan Martín Villanueva, “en el 2010 Vanessa firmó un juicio abreviado por el cual fue condenada a 4 años de prisión por tenencia de drogas presuntamente para el comercio”.

Luego de cumplir la pena, en 2014, la mujer comenzó a estudiar enfermería y a cuidar a adultos mayores. Pero a la hora de recibirse, las autoridades de la institución le solicitaron que regularizara sus papeles ya que tenía residencia precaria y le faltaba el DNI argentino. “Al acercarse a Migraciones para completar el trámite, le denegaron el DNI y le informaron que sería extraditada”, agregó el abogado.

En 2015, Migraciones reactivó la deportación y el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, convalidó el proceso encarado por el gobierno, a través del cual, según los organismos de Derechos Humanos, se violó el principio básico del interés superior del niño, entre otros.

El 1 de febrero, agentes de la Policía Federal se acercaron al domicilio de Vanessa a quien le dijeron que debía acompañarlos para completar unos trámites. La mujer los siguió con lo puesto y con su hijo de dos años en brazos. No volvió a ver al resto de su familia. Tres días después, fue echada omitiéndose los hábeas corpus presentados por la defensa.

Posteriormente, el abogado de Vanessa planteó diferentes recursos ante la justicia y Migraciones, pero por el momento ninguno prosperó y hasta dejaron trascender que tanto Villanueva como referentes de Amnistía Internacional fueron ninguneados con desprecio por los funcionarios judiciales y de Migraciones.

“Hace ya tres meses que la familia está dividida y con cada día que pasa, la vida, el bienestar y el desarrollo de los tres niños se ven irremediablemente afectados por los efectos de la separación”, coincidieron en la conferencia de prensa de hoy los voceros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, cuyos organismos presentaron el miércoles de la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para que Vanessa y sus tres hijos puedan revincularse para “evitar el daño irreparable a sus derechos a la integridad y a la protección de la familia y al derecho a la identidad de los niños”.

Puntualmente, se pidió que interceda ante el Estado argentino para que levante la prohibición de ingreso de Vanessa, dejar sin efecto toda orden de expulsión en su contra, garantizar la reunificación familiar y la regulación migratoria de ella.

Contexto regresivo

“Todo esto ocurre en un contexto normativo que tuvo su correlato en enero de 2017 con el Decreto de Necesidad de Urgencia 70/17 que modificó algunos aspectos de la Ley de Migraciones 25.871 sin ningún tipo de contralor del Congreso. Esto supuso dos cambios fundamentales: primero, se redujo el plazo para recurrir estas medidas sólo a tres días, desde el momento de la notificación. Con lo cual en una o dos semanas, en un trámite exprés, se echa a la persona”, explicó el director de litigio del CELS, Diego Morales.

“Segundo -continuó Morales-, el gobierno resolvió que no hacía falta tener una condena para avanzar con este procedimiento. Ahora bastaba con el sólo requerimiento de elevación a juicio”. El abogado del CELS advirtió que esta situación está contemplada para sospechosos de delitos graves o una expectativa de pena superior a los tres años, por lo que entrarían tipificaciones tales como hurto, violación de marca y usurpación. “Así fue que luego de las manifestaciones de octubre, la policía detuvo a dos venezolanos, un paraguayo y un turco, en donde nos consta que al menos en este último caso se iniciaron los trámites de expulsión, aunque no prosperaron”, insistió Morales.

Los organismos que tratan la problemática actual del migrante pidieron que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70/17. Las sucesivas apelaciones del gobierno lograron que el expediente recalara en la Corte Suprema de Justicia donde en noviembre le pasaron vista los jueces y desde febrero, el análisis del caso quedó en manos del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Previamente, los fiscales de primera y segunda instancia se pronunciaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de la norma. “Entendemos que la opinión del procurador debería seguir esa misma línea. Le vamos a pedir también a la Corte una audiencia para que escuche a todas las instituciones que trabajamos el tema”, precisó Morales.

Mujeres madres vulnerables, el patrón

“El caso de Vanessa no es el único. Detectamos cierto patrón que nos preocupa en donde se dieron expulsiones de manera muy similar, como el de Sierra Chávez que fue expulsada por ser peruana, aunque tiene una hija de 14 años argentina. Fue retenida mientras la nena estaba en la escuela y ahora es quien se hace cargo de su hermano menor”, informó Gabriela Liguori, la coordinadora de CAREF, quien añadió que dieron con el caso de otra mujer paraguaya que estaba con arresto domiciliario, con cuatro hijos nacidos aquí y que al ser notificada de su deportación se descompensó y se murió.

Liguori mencionó también la situación de Lis Moreta Santana. Ella es de República Dominicana, tiene 39 años y es peluquera. Está casada con un argentino, con quien tuvo tres hijos –hoy de 13, 8 y 5 años-, pero apenas arribó al país, en 2005, lo hizo con drogas y quedó atrapada. Ahora, se suma a la cuestionada lista negra del gobierno.