El crimen de Cabezas: a 27 años de la causa que desnudó la mafia del poder y que no tiene a nadie preso

Pasaron 27 años, pero las circunstancias –los detalles– siguen estremeciendo. Ese 25 de enero de 1997, una patota de delincuentes y policías emboscó al hombre que llevaba la cámara colgada. A trompadas lo subieron al asiento trasero de un auto rentado por la temporada. La punta de un revólver calibre 32 silenció cualquier intento de resistencia. Fueron algunos kilómetros, pero parecieron muchos más hasta la frenada, los empujones y la orden de arrodillarse en el piso. Es probable que en ese instante haya pensado en sus hijos, en su mujer y en sus padres, y que haya soltado un llanto inútil antes de los dos tiros en la nuca.

El cuerpo del reportero gráfico José Luis Cabezas estaba estropeado por el fuego cuando lo encontraron en la cava de General Madariaga, cerca del acceso a Pinamar. La conmoción fue inmediata. No se había asesinado solo a un hombre: se había atentado a la vista de todos contra el libre ejercicio de una profesión. El país ya no volvería a ser el mismo.

“Fue un crimen cometido para mostrar impunidad. En un acto demencial de arrogancia, Alfredo Yabrán mandó a matar a José Luis y así demostró que a él no lo podía tocar nadie. Es la misma impunidad del poderoso que todavía se ve, que piensa que puede hacer lo que se le cante”, remarcó Miguel Gaya, abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el encargado de representarla durante el juicio.

Las primeras horas

“Era la época menemista de los indultos –continúa–, los asesinos estaban sueltos y había una sensación de anomia, de que ellos podían hacer de nuestras vidas lo que quisieran. Ese era el contexto durante las primeras horas de desconcierto y dolor. Encima ARGRA casi no existía, no tenía ni sede propia, solo nos juntábamos una vez al año para la muestra. Igual tratamos de organizarnos y alguien dijo que lo peor de todo era que esta conmoción iba a desaparecer en dos meses. Así se nos ocurrió la frase ‘No se olviden de Cabezas’ porque recordarlo era comprometerse. Empezamos a hacer unos folletos con la foto del carnet de José Luis, la única que teníamos, y atrás escribimos ‘La impunidad de su crimen será la condena de la Argentina’. Desde un primer momento nos dimos cuenta de que, si lo dejábamos pasar, después vendrían por más. Todavía no conocíamos al autor, pero sabíamos que se estaba ante un mensaje mafioso”.

“El crimen se pagó socialmente”

El crimen de Cabezas provocó un cimbronazo político. “Me tiraron un muerto”, fue la primera reacción del entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, al enterarse de la noticia. Después, apremiado por su próxima candidatura presidencial, comenzó una serie de purgas y reformas en la policía Bonaerense (la misma que tiempo atrás había calificado como “la mejor del mundo”) en un intento desesperado por borrar el mote de “maldita” que la cubría por esos años noventa de pizza, champagne, mafia y poder. La derrota en las elecciones de 1999 probaría el costo pagado.

Margarita Di Tullio, más conocida por su apodo de «Pepita la pistolera» junto a otros malandras de los bajos fondos marplatenses fueron los “perejiles” de turno. La declaración de un testigo enderezó la investigación hacia el policía de Pinamar Gustavo Prellezo y la banda “Los horneros”. Un entrecruzamiento de llamadas entre Prellezo y Gregorio Ríos, jefe de la custodia del empresario postal Alfredo Yabrán, terminó de cerrar el círculo criminal.

El domingo 3 de marzo de 1996, la Revista Noticias había publicado en tapa la primera imagen del empresario caminando junto a su esposa por las playas de Pinamar. Yabrán, para quien una foto era como si le dieran «un tiro en la cabeza”, tardó un año en escarmentar el atrevimiento de Cabezas.

“Convencí a Osvaldo Baratucci, el presidente de ARGRA de aquella época, de presentarnos en el juicio porque la instrucción la estaba haciendo la propia policía. Logramos que, por primera vez en Argentina, una asociación civil fuera aceptada como parte querellante en defensa de los intereses de sus asociados. Lo que hicimos fue pulir toda la prueba porque si lográbamos una sentencia con pruebas falsas después te la podían voltear –resalta Gaya–. A Yabrán no se lo pudo condenar porque estaba muerto pero el resto de las sentencias quedaron firmes».

«Muchos repiten ahora que nadie está preso por el crimen de José Luis, que están todos libres, pero pienso que el dolor es irreparable, no hay cárcel que alcance, no se puede poner pena al daño provocado. ¿Cuántos años hubieran sido los correctos? Lo importante es que ese crimen se pagó socialmente”, destaca.

El atentado a la libertad de expresión que significó el asesinato derivó en el decreto de ley 24.876, promulgado el 13 de octubre de ese mismo año, que estableció el 25 de enero como Día Nacional del Reportero Gráfico. En la actualidad, más de 70 lugares públicos, entre plazas, calles y barrios, llevan el nombre de José Luis Cabezas.

“El saldo a 27 años –concluye Gaya– es que no tuvimos otro trabajador de prensa asesinado. En cualquier otro país, ni hablar de México, la cantidad de crímenes cometidos por el ejercicio de la profesión es impresionante. La sociedad argentina no se banca otro muerto, ha puesto límites que son difíciles de franquear”.

Un asesinato sin detenidos

El 2 de febrero del año 2000, tres años después del asesinato, un tribunal de Dolores condenó a la pena de reclusión perpetua a los expolicías Gustavo Prellezo (autor material), Sergio Camaratta y Aníbal Luna; a los “horneros” Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana; y al jefe de Seguridad del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos.

En un segundo juicio, realizado en 2002, también fue sentenciado por liberar la zona el comisario Alberto “La Liebre” Gómez. Ninguno continúa preso.

Los integrantes de la banda de Los Horneros tuvieron reducciones de penas por la aplicación del «2×1”, salvo Retana, que murió en prisión. Por su parte, entre 2007 y 2010, los ex policías detenidos fueron abandonando la cárcel de a uno, menos Prellezo que recién fue liberado en 2017, aunque ya gozaba de prisión domiciliaria desde 2010. El ex oficial estudió en la cárcel y se recibió primero de abogado y luego de escribano en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Una denuncia presentada por la familia de Cabezas le impidió ejercer como abogado.

A fines de diciembre de 2022, José Luis Auge fue detenido mientras caminaba por las calles de la localidad bonaerense de Berisso, no por lo de Cabezas sino porque  pesaba sobre él un viejo pedido de captura emitido por un juzgado de Dolores vinculado a un incumplimiento en las condiciones de detención, según informaron en ese momento fuentes policiales. Como la causa estaba extinta, horas después le dieron la libertad.

Tras conocerse la detención, la familia del fotógrafo de la Revista Noticias, a través de su hermana Gladys Cabezas, emitió un comunicado en el que consideraba «indispensable la memoria para que la figura de José Luis Cabezas sea siempre el símbolo del rol del periodismo», y señalaba que este tipo de situaciones marcan nuevos «hitos de impunidad al alma y al corazón» y «un deseo de obtener justicia».

*Artículo publicado originalmente en el Suplemento Especial por los 25 años del asesinato de Cabezas.