El proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin hizo emerger de un modo cristalino esas corrientes. La autoría de la iniciativa fue de la senadora Anabel Fernández Sagasti. Esto hizo que los medios de la derecha hicieran dos más dos y en un razonamiento lineal le adjudicaran la propuesta a vicepresidenta Cristina Fernández. Nadie sabe en el fondo si fue así.
La sola mención de la intervención estatal despertó la inmediata reacción del bloque político, social y económico que, desde marzo de 2008, cuando se impulsó la Resolución 125, se transformó en oposición al gobierno de CFK: la argentina agropecuaria. No se trata de un bloque monolítico, ninguno lo es. Una delimitación más amplia de la disputa que se reinstaló en ese momento podría ser la siguiente: la Argentina más vinculada a la exportación versus la que produce, vende y trabaja, en el mercado interno. Esta forma de presentarla, sin embargo, tiene la debilidad de un exceso de economicismo. A eso hay sumar los imaginarios.
Que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sea el autor de la propuesta para gambetear la expropiación de Vicentin, aunque el Estado termine teniendo una presencia en la empresa, habrá que verlo, no debería sorprender. Un sector del peronismo santafesino le trabó al ex gobernador Hermes Binner (que no era el Che Guevara) la reforma tributaria que intentó impulsar cuando asumió en 2007. La reforma se basaba en la reactualización del valor de la propiedad rural. No prosperó. El peronismo santafesino tiene una rama con una fuerte representación de la Santa Fe rural.
“Es con todos” o “la unidad hasta que duela” no son meras consignas de campaña en las que un sector tiene que tomar agua para convivir con otro. Es un rasgo real de las tensiones políticas dentro de una coalición de mayorías. No es gratis construir mayorías y sin ellas ninguna transformación es posible.
El dilema es así: sin mayorías políticas y sociales no es posible gobernar y transformar. Para lograr esas mayorías hay que absorber contradicciones y éstas pueden, por momentos, trabar la transformación.
Lo más importante de la discusión disparada por la intervención de Vicentin, el debate que el Frente de Todos debería saldar en su seno, es si se considera estratégico que el Estado tenga un pie puesto en el comercio de granos. Es lo que hace, por ejemplo, el Estado chileno-se contó en esta columna hace una semana-con la empresa Codelco y la producción y exportación del cobre, el principal producto que Chile coloca en el mundo.
Ese debate en el mediano plazo es más importante que lo que se haga finalmente con Vicentin. Porque las formas en las que el Estado se puede involucrar en el comercio de granos seguramente son múltiples. Pero la decisión de poner un pie en ese sector es política. Puede ser uno de los elementos centrales que le den forma a la frase del presidente: “No vamos a perder la oportunidad de hacer un país más justo”.
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