El debate por el gasto público ante un retroceso histórico de los ingresos

El debate sobre la magnitud del déficit fiscal soportable para un país cuya economía está en crisis pero, al mismo tiempo, sus ciudadanos soportan enormes privaciones en medio de una pandemia, se mantuvo en voz baja dentro del oficialismo por meses hasta que estalló esta semana con la crisis política en el interior del Frente de Todos tras la derrota en las PASO.

Las posiciones están tomadas. De un lado, el presidente Alberto Fernández y los ministros Martín Guzmán, de Economía, y Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, defienden lo actuado en 2020 y este año como lo máximo posible sin alterar de una manera irrecuperable las vigas maestras macroeconómicas. Ambos ministros permanecerán en sus cargos. Del otro, los que consideran que ese posibilismo esconde un ajuste exagerado.

En su carta del jueves, la vicepresidenta Cristina Fernández apuntó directamente contra la política de “ajuste fiscal equivocada” de Guzmán y cuantificó en 1 billón de pesos lo que todavía queda por ejecutar para alcanzar el déficit establecido en el Presupuesto 2021, calculado en el 4,5% del PBI. La vicepresidenta advirtió que hasta agosto, ese nivel estaba en el 2,1% y quedaba ese 2,4% pendiente de ejecución.

Otros cálculos hablan de una cifra menor. Roberto Feletti, exviceministro de Economía con Amado Boudou, calculó que “faltaron en la calle unos 250.000 millones de pesos” para cambiar el humor social y ganar las PASO. “Fue exagerada la búsqueda del equilibrio” por parte de Guzmán, agregó.

En general, estas posiciones se repiten en el ala kirchnerista del FdT, aunque con matices en relación a los números puestos sobre la mesa. Los reclamos apuntan a la ejecución de un presupuesto que ya no contemplaba prácticamente gastos para enfrentar la pandemia, salvo las compras de vacunas, y cuyas partidas mostraban bajas reales en algunos casos, como en salud (del 0,48% al 0,45% del PBI).

Pero en el ala del Poder Ejecutivo identificada con el presidente, por caso el propio Ministerio de Economía, se ven las cosas de otra manera. Según datos oficiales a los que tuvo acceso Tiempo, a agosto pasado, la ejecución promedio del Presupuesto era del 64%, es decir, de unos dos tercios, en sintonía con la marcha del calendario. Siete jurisdicciones llevaban un gasto igual o superior al promedio, con el Ministerio de Desarrollo Social a la cabeza con el 74 por ciento. Seguían Desarrollo Territorial (73%), Economía (72%), el Poder Judicial (70%), el Ministerio de Seguridad (66%), la Presidencia de la Nación (65%), y los ministerios de Trabajo y Justicia con el 64% de presupuesto ejecutado cada uno.

Otras 16 jurisdicciones ejecutaron por debajo de la pauta presupuestaria, con el Ministerio de Agricultura mostrando el peor desempeño, con el 49 por ciento. En esa cartera, asumirá mañana Julián Domínguez en reemplazo de Luis Basterra.

Retroceso histórico

La ampliación del déficit fiscal hasta lo que indica el presupuesto de este año es, sin embargo, un debate que se queda a mitad de camino a la luz del enorme retroceso de los ingresos de los asalariados, que constituyen el grueso de los ingresos de la población. Al primer trimestre de este año, el Indec registró poco más de 15 millones de asalariados, dos tercios registrados y un tercio informales.

En el primer trimestre de 2016, la cantidad de asalariados era similar a la actual. Pero existe una diferencia sustancial con la foto de 2021: cinco años atrás, los asalariados concentraban en sus ingresos el 54,6% del Valor Agregado Bruto (VAB) de ese trimestre. El VAB mide el valor de la producción de bienes y servicios en un momento dado. En cambio, en el primer trimestre de este año, ese porcentaje se redujo al 46,1 por ciento. La diferencia equivale a 2,6 billones de pesos.

Dicho de otra manera, los asalariados habrían percibido 2,6 billones de pesos más en el primer trimestre de este año si se hubiese mantenido el porcentaje de participación en la generación de la riqueza que ostentaban cinco años atrás. Eso equivale a un retroceso del 18,5 por ciento.

Un repliegue de esa magnitud tiene características estructurales y afecta todas las variables de la economía: caída del consumo privado y de la demanda de crédito, una economía menos productiva, pobreza generalizada, concentración económica y otras taras que afectan cualquier despegue de la actividad.

Revertir esa caída en los ingresos no es cuestión de bonos o una aplicación presupuestaria por única vez. Más con los límites que impondrá el acuerdo, cualquiera sea, con el FMI. Requiere de un cambio de dirección.

Presupuesto 2022: sigue el achique del déficit

El proyecto de ley de Presupuesto 2022 prevé una expansión de la economía, una mayor actividad privada, más impulso estatal de la economía y una recuperación de los ingresos. Para ello, deberá superar el estigma de los presupuestos de los últimos años, considerados “dibujos” porque la realidad termina haciéndolos añicos.

Los cálculos oficiales indican que la economía crecerá un 4% en 2022, un nivel que está por encima del 2,7% que pronosticó la Cepal semanas atrás. «No hay estabilización macroeconómica que sea posible sin una recuperación de la actividad económica, y es sobre esa premisa que se diseña una nueva ley de Presupuesto que establece que el Estado continúe jugando un rol central en pos de sostener y apuntalar la recuperación económica y que llegue a todos los sectores», explica el mensaje que acompaña al proyecto de ley.

Respecto del gasto previsto, las estimaciones oficiales prevén un déficit fiscal primario del 3,3%, menor al proyectado para este año. El resultado financiero se estimó en 4,9% del PBI. Es decir, el gobierno precisará en total unos 3 billones de pesos para financiar el déficit y aspira a financiarlo con deuda (1,2 billones), 1 billón con emisión de moneda y el equivalente a $ 800.000 millones financiado por organismos internacionales.

La inflación en el 33% está por debajo de lo que esperan los analistas privados consultados por el Banco Central. Lo mismo el dólar en $ 131. El proyecto no contempla pagos de deuda al FMI por lo que da por sentado que habrá acuerdo con el organismo que dirige Kristalina Georgieva.