Se trata de la persecución en redes, donde exponen los datos personales de usuarios críticos de la gestión de Milei. Un "doxeado" expuso a varias cuentas que debieron cerrar. Especialistas explican si existe delito, en un país al que desde la cúpula de gobierno se lo incita a vivir en la violencia.
En las redes sociales los seguidores del economista encontraron el ámbito más afín para desarrollar sus pensamientos, y también crear situaciones de hostigamiento hacia quien piensa diferente. En los últimos días, una tendencia de este ataque fue creciendo bajo un nombre importado (el “doxing”) que se castellanizó: el doxeo. Una maniobra que parece inofensiva pero puede acarrear consecuencias peligrosas.
Los términos “doxing” o “doxeo” nacieron prácticamente al mismo tiempo que internet, donde la privacidad y el anonimato se suponen dos valores sagrados. Su origen está vinculado a los ataques hackers que se daban en los primeros años de los ’90, cuando se exponían en la red ciertos documentos sensibles de una persona que pudieran revelar su identidad, dirección, trabajo, datos financieros o el número de teléfono. También incluye la publicación de información aún más sensible como antecedentes penales o fotos personales. Y como hoy parecen volver los ’90, esa metodología también resurge a pleno.
Los usuarios de X (ex Twitter) advirtieron en los albores de la Navidad la efímera existencia de cuentas tales como el Ministerio del Doxeo, Ministerio de Doxeo de la Nación, Disciplina Argentina, Oficina del Ministerio de Defensa, o Pochita_LLA. Desde todas ellas se encarnaban, de manera estratégica y organizada, sendos ataques “a quienes públicamente cometan delitos contra individuos, el presidente de la Nación y/o funcionarios de gobierno”, según indicaban en los posteos, mientras aclaraban: “no se utilizará esta herramienta con otros fines (ej: si les caen mal)”.
La acción fue replicada por trolls, bots y seguidores de LLA que amedrentaron así a usuarios críticos. Tras varios ataques y persecuciones, que derivaron en que se expongan datos personales de foristas, los agresores virtuales se toparon con el usuario equivocado, y terminaron ellos mismos expuestos. Poco después, estas cuentas fueron cerradas, antes de que X pudiera sancionarlas.
Un usuario, Damián García, resumió en un hilo: “Resulta que hace unos días unos perfiles de Twitter se encargaban de doxear gente que era opositora al gobierno de Javier Milei. En esos doxeos cayó @BadEmpanada por su posición política anti-liberal. Filtraron sus datos personales e inclusive su domicilio, compartiendo imágenes de la entrada de su edificio”.
“A raíz de eso, @BadEmpanada decidió buscar ayuda para dar con la identidad de los dueños de los perfiles”, continuó García, quien puntualizó que el primer atacante en caer fue el Ministerio de Doxeo de la Nación, «perfil que estaba administrado por un chico libertario que vive en Chaco y que cuenta con ayuda estatal (un plan social)”. La bio de esta cuenta era elocuente: “Doxeamos y exponemos kirchos y terroristas disfrazados de socialistas. Las fuerzas del cielo vigilan”.
“Los perfiles que insistieron con las amenazas de doxeo fueron la Oficina del Ministerio de doxeo de la Nación y Ministro Carlos de Disciplina. Ambos perfiles se vieron advertidos por @BadEmpanada sobre su situación. Si cerraban sus cuentas de Twitter y dejaban de doxear, @BadEmpanada no los doxearía”, contó García, y añadió que las personas que estaban detrás de estas cuentas finalmente optaron por cerrarlas. Hasta el momento relevaron al menos 50 cuentas que llevaron a cabo doxeos. A una usuaria le mandaron primero mensaje privado amenazándola con exponer sus datos, y extorsionándola pidiendo fotos.
Un fiscal especializado en delitos informáticos consultado por Tiempo reveló que esta práctica “es común desde hace muchos años, aunque hay pocas denuncias. Generalmente no es un delito en sí mismo, pero puede darse en el contexto de otros delitos como amenazas, injurias u hostigamiento”.
La fuente precisó que si bien estas investigaciones parecen ser simples, pueden tener sus complicaciones: “Siempre depende del caso, pero obtener información de los proveedores de servicio extranjeros no siempre es fácil y esa puede ser la mayor dificultad” para que una causa pueda avanzar.
“El doxing por sí mismo no puede ser considerado legal o ilegal porque es un concepto muy amplio que implica que alguien investigue muchísimo sobre una persona, un grupo de personas, una institución, un organismo o lo que sea, con el fin de difundir esa información”, coincide Miguel Sumer Elías, abogado especialista en ciberdelitos y director de Informática Legal.
El experto detalla a este diario que habría que “distinguir si esa información fue obtenida de fuentes de acceso público irrestricto”. En ese punto, “si bien se puede estar dañando la reputación de alguien, puede ser que incluso sea información que la propia víctima publicó en sus redes. Ahí estaríamos hablando de algo que en principio sería lícito”. En este sentido, Sumer Elías menciona una técnica conocida como OSINT (Open Source Intelligence) lo cual no requiere que se violen los sistemas de seguridad ni de confidencialidad.
“Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esta persona se dedica a meterse en la privacidad de la víctima o utiliza técnicas ilícitas, o cuando accede a información que no es pública, ni la persona misma quiere que sean públicas? Bueno, ahí estaríamos hablando de otro tipo de doxing. Ya hay un daño directo, hay una intencionalidad –como se dice en derecho penal–, hay un dolo, se busca causar un daño, un perjuicio a la víctima”, analiza el abogado.
La situación empeora si el sospechoso logra penetrar archivos, bases o bancos de datos privados, de acceso restringido, violando sistemas de confidencialidad y de seguridad. “Podemos pensar en que esta persona hace este tipo de investigación para amenazar a la víctima. Ahí tenemos otros delitos: extorsión; o intentar dañar el honor, el buen nombre, la reputación. En ese caso podemos hablar de calumnias, injurias; incluso se puede aplicar la Ley Antidiscriminación”, completa Sumer Elías.
Se sabe que las redes son el terreno fértil en que creció el movimiento mileísta con seguidores devotos, rabiosos, también con trolls e influencers pagos. El anonimato les sumó la sensación de impunidad, y desde la jerarquía partidaria no parecen bajar mensajes de calma. Más bien lo contrario. Esto también sucede en la Argentina donde la «libertad» se impone a fuerza de ataques y persecuciones. Reales. Y también virtuales.
A pesar de haberse convertido en presidente, Javier Milei nunca abandonó las redes sociales y en este breve período canaliza allí su cara más histriónica, como si no hubiese terminado la campaña y como si no gobernara para todo el país sino solo para sus seguidores: se peleó con declaraciones del difunto actor Hugo Arana; se encarga de denostar a la oposición y hasta fue uno de los impulsores de la efectista frase “No La Ven”. Siempre acompañado por ataques a los que no piensan como él. Quien sigue y analiza la avanzada liberal en internet es el consultor, especialista en tecnología y desarrollador de software Javier Smaldone, que padeció en carne propia la persecución del macrismo cuando a mediados de 2019 estuvo preso y fue investigado por sus ideas políticas.
“El doxeo no necesariamente es malo si se expone, por ejemplo, a alguien que hace estafas o amenazas anónimas. El problema es cuando se usa con otros fines, como extorsionar, amedrentar o exponer a alguien por sus opiniones políticas, que es lo que está cada vez más de moda”, aclaró el especialista a Tiempo.
En agosto de 2019 Smaldone fue detenido en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal que buscaba dar con los autores del hackeo a la base de datos de la Policía Federal y de la cuenta oficial de Twitter de la Prefectura Naval Argentina. Según relata el experto, en el expediente judicial constaba que la Policía Federal había advertido que era “muy activo en redes sociales por el (rechazo al) voto electrónico y uno de los primeros en publicar sobre las filtraciones que se investigan, incluso un comisario pidió a la justicia de Estados Unidos información personal porque supuestamente estaban detrás de amenazas al presidente Mauricio Macri. Un delirio que quedó en la nada».
“El doxeo se hizo durante todos los gobiernos, pero desde el surgimiento de los libertarios, ya directamente hemos visto grupos organizados, por ejemplo en Telegram para escrachar a determinadas personas publicando sus datos personales solo por quejarse, criticar o hablar mal de Javier Milei”. Smaldone describe que “luego de exponer esa información, otros grupos se suman a los ataques, al acoso”.
El consultor precisa que las redes sociales prohíben publicar datos personales de otra persona como el DNI. “Si esto ocurre, se puede denunciar a Twitter y casi con seguridad la plataforma lo va a sancionar y hasta puede eliminar la cuenta”, añadió el especialista quien ejemplificó: “El abogado Alejandro Sarubbi Benítez ya debe ir por la séptima u octava cuenta que se crea, porque Twitter se las baja automáticamente una vez que lo identifica. Quedó baneado (bloqueado) de por vida”.
Este abogado, un fanático de las ideas liberales y corporativistas, se ganó un lugar en la lista negra de la plataforma luego de publicar los datos de una menor de edad y ordenar a las huestes mileístas para que la acosaran, además de editar videos y presentarlos como reales con fines electorales.
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