El equilibrio fiscal «inclaudicable»

En sus recientes intervenciones públicas, el presidente Javier Milei dejó en claro una vez más las prioridades de su gestión de gobierno. Con una postura que lo ubica muy lejos de las necesidades de la sociedad, asegura que su “compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”. Señaló también que está dispuesto a “pagar todos los costos que tenga que pagar” por “vetar (la fórmula de mejora de los haberes) a los jubilados”.

Además, en el marco del veto a la Ley de financiamiento universitario, manifestó que “el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La Universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma”. Una argumentación refutable.

De acuerdo con datos del INDEC, se observa que la tasa de pobreza de la totalidad de los estudiantes que asisten a la universidad pública alcanzó al 42,6% en el cuarto trimestre de 2023. Otro dato interesante es que, en promedio, el 68% de los ingresantes a las universidades públicas de todo el territorio nacional son primera generación, es decir, estudiantes cuyos padres no tienen título universitario.

No es el único paralelismo que puede encontrarse con la gestión macrista. Fiel a la concepción del “Estado canchero” acuñada por el expresidente Mauricio Macri, Milei dejó en claro: “la responsabilidad del crecimiento económico no es mía (…) Las condiciones son que yo les ofrezco equilibrio fiscal, no emisión, o sea una moneda fuerte y les aseguro que no van a tener turbulencias cambiarias. Yo me ocupo de eso, las inversiones las determina el sector privado”.

Omitió decir que hay sectores en los que las empresas privadas no invierten porque simplemente no son rentables pero que al mismo tiempo son necesarios para el bienestar de una sociedad, desde la salud, hasta la obra pública y la educación (incluyendo la universitaria).

El buen manejo macroeconómico va más allá del superávit fiscal y la “no emisión” monetaria, tiene que reflejarse en el análisis de una cantidad de indicadores que indiquen mejora en las condiciones de vida para la gente. El Presidente sostiene: “Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley” (en este último punto se refiere a seguridad).

Por lo tanto, a las demás áreas no las reconoce como temas a resolver por el Gobierno nacional. Pero todas esas áreas son las que resuelven la mayoría de los problemas de la ciudadanía. En definitiva, la única economía que sirve es aquella que hace que la gente esté mejor y no es lo que está ocurriendo en la Argentina actual.

“Deep motosierra” y desregulación de importaciones

Vale la pena analizar algunas de las reflexiones que efectuaron los empresarios y funcionarios que participaron del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que se desarrolló en estos días. No faltaron los elogios al equilibrio fiscal, a la política monetaria de emisión cero (frase convertida en muletilla).

Entre los comentarios, se escuchó en los paneles que uno de los desafíos que enfrenta el Gobierno es que “la mejora en la economía real llegue a todos”. Una clara alusión a la realidad que reflejan varios indicadores, entre los últimos conocidos: el alto porcentaje de capacidad instalada ociosa en la industria promedio de los 8 primeros meses de 2024, su segundo peor año desde 2002 (el otro fue 2020 con la pandemia); o la caída que experimenta la producción metalúrgica: 14,1% acumulada hasta septiembre 2024 con respecto a igual tramo de 2023; o que se perdieron 26.200 puestos de trabajo registrado en julio pasado (último dato disponible).

Otra de las novedades de esta semana fue la oficialización de la reducción de aranceles a la importación para 89 productos. En los fundamentos del decreto se lee: “Resulta oportuno y conveniente con el fin de equilibrar los niveles de incentivos para la producción, así como también la competitividad y mejorar el precio al que acceden los consumidores a ciertos bienes”.

Una aseveración que no tiene correlato con la realidad, así lo expresó una cámara empresaria, enfocándose en que la reducción de aranceles (a contramano de lo que está haciendo el mundo y la región), sin que se haya resuelto la falta de competitividad y los costos asociados, deteriora aún más la capacidad de la producción argentina frente a la competencia desleal.

Porque además, la AFIP ha eliminado los valores de referencia para la importación, lo que dificulta grandemente la lucha contra las prácticas de dumping, entre otros controles esenciales.

Teniendo en cuenta estos efectos, se profundiza la competencia desleal contra las empresas argentinas que además son generadoras de empleo.

El ministro Federico Sturzenegger comentó que llegó el momento de la “Deep motosierra” o motosierra profunda, un paso más en la reducción del Estado. Al solicitar que levanten la mano los empresarios que están diseñando el sistema de cese laboral en su sector, nadie lo hizo, actitud que sorprendió al ministro. La realidad muchas veces dista de las planificaciones realizadas en el escritorio.

Experiencias anteriores dan cuenta de las consecuencias de este tipo de políticas desregulatorias y de baja de aranceles, que no hacen más que destruir la industria local, principalmente a las PyMEs que tienen menos capacidad para competir y son las más afectadas por las importaciones y el dumping. Situación que tiene un fuerte impacto negativo en términos de empleo.

Reducción de sobrecargos del FMI

El Fondo decidió finalmente reducir, a partir de noviembre próximo, los sobrecargos que cobra a los países deudores, dando lugar a un reclamo que desde hace años se venía realizando, validado por el G20 ya en el 2021 (con una activa participación del gobierno argentino de ese entonces) y que ha sido acompañado por referentes como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y el Papa Francisco. No obstante, importantes funcionarios del actual gobierno intentaron adjudicar este logro a su gestión, cuando nunca hicieron pública crítica alguna a los sobrecargos del organismo internacional.

Los intereses del FMI se aplican de la siguiente manera. Un cargo base, aplicado a todos los créditos, conformado por la tasa de Derechos Especiales de Giro (DEG), más un margen, que fue reducido de 100 puntos básicos a 60. Y dos tipos de sobrecargos. Uno de ellos es el que se aplica cuando el saldo deudor supera un determinado umbral respecto a la cuota del país en el Fondo, el que pasó del 187,5% al 300%, aliviando la carga a varios países. Este cargo es de 200 puntos básicos y no fue modificado.

El otro sobrecargo, que fue reducido de 100 puntos básicos a 75, se aplica al saldo deudor que se mantiene por encima del mencionado umbral por más de un determinado período de tiempo (36 y 51 meses dependiendo del tipo de préstamo). Estas modificaciones para la Argentina implicarán menores pagos por un monto que oscila entre los 400 a los 450 millones de dólares para el año próximo.

Una decisión que permitirá reducir moderadamente la importante carga de deuda que posee nuestro país con el FMI y que fue adquirida durante la gestión de Mauricio Macri.