“Hago responsable a la candidata a vice de Milei, quién fue la que difundió mi cuenta", indicó Valeria Paz, tras recibir mensajes de que la iban a violar y matar, tras haber sido expuesta por la candidata a vice de Milei. En octubre se promulgó una norma que apunta a los discursos de odio por los canales virtuales.
«Dado que la campaña sucia de la izquierda implica editar mis tweets y agregarles cualquier texto les voy a agradecer que denuncien las siguientes cuentas por tratar de hacerse pasar por mi. @ValeraPaz4 @Menonniista @mariandalesio @Pampa139 @pangearg«, ordenó Villarruel.
Al instante, desde otras cuentas que maneja el espacio ultraderechista, hicieron público el número de teléfono de Paz, invitando a amedrentarla. «Te mereces una violación conchuda sucia de mierda», fue uno de los mensajes que le llegaron; «Acá te vamos a subir zurda hija de puta», decía otro, acompañado de una imagen con el nefasto Falcon verde; «Sabemos donde vivís peronista roñosa» y «preparate turrita te vamos a ir a buscar mansa picana te vas a comer», fueron otros de los insultos que recibió.
«Hago responsable a la candidata a vice de Milei, quién fue la que difundió mi cuenta», expresó Paz en otro posteo y añadió: «Luego del escrache que hizo de mi cuenta, varios de sus trolls hicieron público datos personales míos, la hago responsable de la seguridad mi y de mi familia, y mañana mismo le voy a hacer la denuncia penal».
Podría decirse que la represalia de Villarruel salió mal porque sus seguidores atacaron sin ningún miramiento, incluso contra menores de edad. Por ello, la Plataforma X, que es bastante permisiva con los discursos de odio y con los escrachadores seriales, suspendió varias cuentas del mencionado ejército de trolls. Entre otros usuarios, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, gran generador de fake news y agresor virtual, fue dado de baja por X.
El 23 de octubre se promulgó la Ley 27.736, llamada “Ley Olimpia”, que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 como una modalidad de violencia de género. Asimismo, la legislación prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia, entre ellas, ordenar que las plataformas digitales quiten los contenidos que generan la violencia.
La flamante norma establece que se entiende por violencia digital o telemática “toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
Entre otros puntos, que bien podrían aplicarse en la maniobra desplegada por Villarruel, se especifica que violencia digital contempla las conductas que «atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital».
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