El artículo 30º del Capítulo II del proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso deroga disposiciones claves para el financiamiento educativo, científico e incluso de Defensa.

Transmitido horas antes de la Marcha Federal que se realizará este miércoles a las 17 frente al Congreso, cuando los legisladores estén tratando los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, las palabras de Milei parecieron apuntar a querer sepultar el conflicto, aunque sin mencionar mayores fondos para lo que resta del año.
Incluso hay otro aspecto que se pasa por alto: las estimaciones del Ejecutivo. Por ejemplo, proyecta un dólar a $1.325 a fin de año, a $1.423 a fin de 2026, a $1.470 a fin de 2027 y a $1.448 a fin de 2028. El mismo lunes que Milei hizo la Cadena Nacional cerró a $1.475 y este martes ya está en $ 1.480, más de lo previsto para fin de 2027. De inflación proyecta 10,1% en todo 2026. Si se supera esa cifra de inflación, ya no habrá «aumentos» para las partidas que mencionó el presidente.
Respecto de las universidades no habló de «aumentos» como lo hizo con salud, discapacidad o educación en general, sino que mencionó la cifra que le destinarán para 2026: 4,7 billones de pesos. De por sí parece una cifra grande, pero en detalle solo «implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema«, resaltaron los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Apuntaron que el proyecto de presupuesto «es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario: para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. (El proyecto) consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico».
Y agregan: «La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener la sesión de este miércoles y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose«.
Incluso los $ 4.785.117.662.765 especificados por el Ejecutivo en el presupuesto no están garantizados y dependerán de la discrecionalidad oficial. El proyecto sostiene que «las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma. El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación».
Y añade: «Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2026 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2025, salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias».
Desde el Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires enfatizaron que la presentación del proyecto de presupuesto 2026 «no hace más que profundizar la inédita crisis que ya atraviesa la UBA. Ratifica el salario de profesores bajo la línea de pobreza y el recorte en los gastos de funcionamiento para las funciones de educación y ciencia y técnica».
«Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes«, acotaron.
Y subrayaron que la partida prevista para 2026 no contempla:
Medida en relación al PBI, la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI.
El artículo clave para analizar el proyecto de presupuesto 2026 en relación a la educación es el 30. Y allí aparece una palabra que supo repetirse en la denominada Ley Bases: «derógase«.
Al mirar en detalle, ese artículo 30 propone derogar las siguientes disposiciones legales:
a) El artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias;
b) Los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
c) El artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional;
d) El inciso 1 del artículo 4º de la Ley Nº 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.
¿De qué se tratan? Arranquemos por la primera, que es esencial y núcleo de las políticas educativas del siglo XXI: el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (aprobada durante el primer kirchnerismo) sostiene que «el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB)«.
Es cierto que casi ninguno de los últimos gobiernos cumplió la medida: un informe de la Universidad Di Tella explica que la inversión en educación solo alcanzó el 6% del PBI en 2015 (exclusivo para educación); y se cumplió en 2009 y 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología). Todos con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. Pero ahora, con este presupuesto 2026, ya no será obligatorio que la educación alcance el 6% del PBI.
Lo mismo sucede con los 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La norma establece que el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento (1%) del Producto Bruto Interno (PBI) de cada año.
Para 2025 debía ser el 0,52 del PBI y para 2026: 0,59. Será de un tercio, en el mejor de los casos.
Además también deroga el artículo 7º de la Ley de Financiamiento de Ciencia que establece una Garantía: «La asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior». Eliminada esta cláusula pueden decidir recortar respecto al año anterior, sin que los alcance una ley.
«Mientras analizan el ‘tono’ y otras yerbas, el presupuesto enviado ELIMINA: – el 6% del PIB para educación. – la inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PIB. – el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. – la inversión progresiva en defensa nacional (FONDEF)». Quien lo alertó fue el jefe de bloque del ahora llamado Fuerza Patria en Diputados, Germán Martínez.
El artículo 52 de la Ley de Escuelas Técnicas (que deroga el proyecto de presupuesto 2026 de LLA) crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional «que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas».
Curioso que gobernadores como Rogelio Frigerio de Entre Ríos, donde las escuelas técnicas son paradigmáticas, hayan salido a apoyar tan rápidamente el anuncio del presupuesto nacional.
De hecho el avance sobre las escuelas técnicas no es nuevo. Ya se vivió en el menemismo durante los ’90, con el macrismo en Nación y Provincia de 2015 a 2019 e incluso con Milei desde el año pasado, con recortes que llegaron al 80% y la intención de eliminar un año de formación, en una de las áreas de formación educativas más especializadas y que necesitan mayor inversión en docentes, equipamientos e infraestructura.
Del Presupuesto 2026 tampoco se salva el sector de Defensa. Justo horas después de conocerse que desde que asumió Milei, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 integrantes por «retraso salarial» y «la falta de estímulos profesionales» (15.421 de ellos, soldados), el proyecto de presupuesto 2026 elimina el Fondo Nacional de Defensa.
El FONDEF tiene por objetivo financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, mediante la recuperación, modernización y/o incorporación de material.
Fue creado en el año 2020 mediante la Ley N° 27.565. Y prevé constituirse con al menos 0,8% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto anual nacional buscando: favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado; mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional. Nada de esto quedará en la Argentina de 2026.
La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechazó «de manera categórica» el proyecto de Presupuesto 2026: «Constituye una nueva vuelta de tuerca en la política de ajuste neoliberal iniciada en diciembre de 2023, que ya había golpeado duramente a la escuela pública, y ahora pretende avanzar con un recorte aún mayor».
Relatan que el Gobierno proyecta para diciembre de 2025 una inflación interanual del 24,5%, cuando la inflación acumulada ya llega al 19,5% en agosto y se mantiene en valores cercanos al 2% mensual: «Todo indica que el año cerrará con un 28%/30%, lo que vuelve inverosímil la estimación oficial. Para 2026, el presupuesto anuncia una inflación del 10,1%, una cifra ficticia ante la presión inflacionaria actual. Del mismo modo, resulta poco serio proyectar un crecimiento de +5,4% del PBI en 2025 y 5% en 2026, cuando la actividad económica viene en caída desde hace meses».
«Con estas proyecciones irreales», el presupuesto reduce nuevamente el financiamiento educativo en relación al PBI: en 2023 alcanzaba el 1,44% del PBI; en 2024 cayó al 0,86% del PBI; en 2026 se prevé que se reduzca al 0,75% del PBI, según las cifras oficiales.
Después mencionan la «derogación de leyes fundamentales» enumeradas antes en este artículo periodístico. Y advierten: «De aprobarse, estas medidas desarticularían de manera permanente el esquema de financiamiento educativo, científico y tecnológico en Argentina«.
En este contexto, CTERA se declaró «en estado de alerta y movilización», y convocará a reunión de Secretarios Generales para evaluar medidas de acción y «para defender el derecho social a la educación y exigir un presupuesto que garantice el financiamiento de la escuela pública, la universidad, la ciencia y la tecnología».
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