El fin de “Volver al Trabajo”: un ataque a los ingresos y la labor de casi un millón de personas

Delia vive en el barrio Fátima de Villa Soldati y trabaja en un comedor del Bajo Flores. Milita en el Polo Obrero de la Capital Federal. Le cuenta a Tiempo que muchas familias de los barrios usan, hasta el día de hoy, el dinero del programa social “Volver al Trabajo” para “la SUBE de los chicos que van al colegio, para pagar medicamentos, para comprar algunos alimentos que sean necesarios o para poder complementar un alquiler”. Daniela, que vive en el barrio San Carlos de La Plata y milita en UTEP-Movimiento Evita, hace la cuenta e indica que tres kilos de carne en cada hogar se adquieren con la misma contraprestación.

Todo esto se termina. El gobierno nacional acaba de dictaminar que el programa “Volver al Trabajo” se pagará por última vez el 9 de abril. Otro golpe para las familias más empobrecidas del país.

Trabajo e ingresos

“El programa ‘Volver al Trabajo’ beneficia a un millón de personas —indica a Tiempo Eduardo “Chiquito” Belliboni, del Polo Obrero y la Unidad Piquetera— y otorga una asignación de 78 mil pesos que está congelada desde el inicio de este gobierno. Milei incumplió con esto una promesa de campaña, ya que dijo que no iba a tocar los planes sociales. Ahora, directamente los da de baja. Este millón de personas está distribuido en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy”. Belliboni, además, plantea que es una medida que va a perjudicar a la economía en su conjunto: “600 millones de dólares por año van a salir del mercado, que ya de por sí está deprimido por la situación económica, los bajos salarios y los despidos”.

El actual programa surge del viejo Potenciar Trabajo, que se dividió durante el gobierno de Javier Milei entre “Volver al Trabajo” (donde quedó la mayoría, entre 900.000 y un millón de personas) y el Programa de Acompañamiento Social (que, por el mismo monto, llega a un poco más de 200.000 personas). Ambos fueron congelados durante el gobierno actual para impulsar su liquidación.

Existe un mito alrededor del concepto de “plan social”. Lejos de un simple pago, es la contraprestación de una actividad laboral. “Por el ‘Volver al Trabajo’, acá en el barrio hay cuadrillas que limpian las calles, los basureros. Hay compañeros que nos vienen a ayudar a los comedores. Esto va a perjudicar trabajos importantes”, indica Delia. Daniela también toca la misma preocupación: “Los 78 mil pesos no nos salvaban la vida, la vida nos la salvamos nosotros, pero este programa contiene a miles que en los barrios están en los merenderos, comedores, que también llevan adelante textiles, reciclado, construcción, cuidado. Nuestros compañeros se levantan a las 3 de la mañana para juntar cartones y así llevarles el plato de comida a sus hijos”.

Belliboni, a su vez, es bastante claro con este asunto: “Son trabajadores que realizan ollas para 100, 200 o 300 personas cotidianamente, que trabajan en las bibliotecas populares que funcionan en los barrios, los merenderos y los apoyos escolares. Los planeros son los Adorni (en alusión al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni) y los empresarios que reciben subsidios que ellos mismos denuncian. Los programas sociales han sido un instrumento de todos los gobiernos ante el fracaso de la creación de trabajo. Los compañeros que realizan una tarea por el plan no son vagos, como suele decir el gobierno: tienen una actividad social muy importante en el barrio que implica una red de trabajo social y un dique de contención contra el avance del narcotráfico y el delito organizado en los barrios más pobres de la Argentina”.

Entre mitos y vouchers

El comunicado del Ministerio de Capital Humano del pasado martes para anunciar la medida tiene tres párrafos y siete líneas. Menciona la finalización del programa y el último pago. Y termina con la siguiente frase: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”. Ligeramente cínico.

“El discurso de la capacitación —plantea Belliboni— es un verso que han utilizado todos los gobiernos. No falta capacitación; lo que falta es trabajo. El gobierno, además, ha incumplido la promesa de capacitar: apenas 88 personas participaron de un curso de pintura en La Paternal, frente a un millón de trabajadores que reciben el ‘Volver al Trabajo’. Muchos de ellos están calificados y podrían empezar a trabajar mañana mismo si la economía creciera, como efectivamente no ocurre”.

El gobierno busca justificar esta política. En un video previo a este anuncio del 6 de marzo, la ministra Sandra Pettovello defendió el recorte, que ella llama “unificación”, de “125 programas sociales en 49, con reglas claras y trazabilidad”. Indicó que la prioridad estuvo en la “transferencia directa”. Para ejemplificar, dijo que actualmente la suma entre la Asignación Universal por Hijo (AUH, hoy en $ 136.664) y la Tarjeta Alimentar ($ 52.250) cubre el 100% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Lo cierto es que el monto resultante de ambos programas ($ 188.914) no alcanza a cubrir siquiera las necesidades alimenticias de un adulto, que a febrero de 2026 equivalían a un valor de $ 208.443 según el Indec. Si se toma el grupo familiar completo (dos adultos y dos menores) ese monto alcanza al 29% de la CBA ($ 644.088). Además, esa suma tuvo una caída interanual real del 6,8%.

Más ajuste

Este recorte también alcanza al sector estatal que forma parte de la administración y la ejecución de este programa. “Puede haber cientos de despidos en Capital Humano”, le dice a Tiempo Hernán Izurieta, delegado de formación de la Junta Interna de ATE. Es la continuidad de una política de vaciamiento: el gobierno primero redujo las “agencias territoriales” para garantizar el trabajo del ministerio y ahora directamente las cerró.

En su comunicado de esta semana, la Junta Interna planteó: “Desde nuestra representación gremial manifestamos el total compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro organismo en todo el país para la defensa de las políticas públicas que históricamente se impulsaron desde nuestra cartera. En este caso, exigimos la continuidad de políticas de empleo y formación con asistencia económica, a modo de contraprestación, para los 900.000 beneficiarios”.

Mucho y nada

Belliboni deja en claro que las organizaciones piqueteras no dejarán pasar esta decisión sin luchar: “Nosotros estamos ya lanzando una campaña con afiches, volantes, videos con testimonios de las propias compañeras y compañeros. Estamos proponiendo en estos días una gran acción de lucha en todo el país, con cortes, piquetes, acampes y todo lo que sea necesario. Por otro lado, estamos iniciando una demanda con un amparo judicial colectivo que se va a presentar en los próximos días”.

Daniela, por su parte, plantea que hay otro ataque, más allá de los ingresos y el trabajo. “También es un golpe a la lucha. Nosotros conquistamos el salario social complementario después de mucho tiempo de lucha y pelea”.

A Delia se le pregunta si realmente es un recorte tan grande, dado que el monto que se estaba cobrando era bajo. Responde:

—Los 78 mil pesos eran una miseria. Pero para nosotros es mucho, a la hora de no tener nada.