El proyecto impulsado por el oficialismo para modificar la norma que regula el financiamiento de las campañas electorales no fue tratada en el recinto. Podría sancionarse en abril.
La falta de acuerdo en el propio bloque del oficialismo y los cuestionamientos de la oposición obligaron al gobierno a retirar el proyecto para no sufrir una derrota en el recinto.
El texto, por tratarse de una cuestión electoral, requiere una mayoría especial: la mitad más uno de los votos.
El proyecto, que tiene como eje la bancarización de los aportes a fin de transparentar las campañas, recibió dictamen el 7 de noviembre del año pasado pero, desde esa fecha hasta hoy, tanto senadores como diputados han presentado numerosas sugerencias para modificarlo.
Uno de esos cambios fue el tope de aportes que una empresa podrá realizar sobre el total de los gastos autorizados para la campaña electoral de un partido: pasó del 5% original al 2%.
En los últimos días generaron desacuerdos una propuesta del chubutense Alfredo Luenzo para que el 50% de la publicidad digital sea destinada a portales de producción nacional; y un pedido del neuquino Guillermo Pereyra (líder del sindicato petrolero) para que se levante la prohibición para que los gremios puedan aportar a las campañas.
El encargado de proponer la vuelta a comisión del proyecto fue el jefe del bloque PJ, Miguel Pichetto, quien dijo que hay que “dar un debate de fondo sobre si el financiamiento tiene que ser estatal, si tiene que haber participación privada. Pero lo que sí estamos convencidos es que lo que no tiene que haber es financiamiento ilegal, ni tampoco del narcotráfico”.
“El alcance de los acuerdos está muy avanzado, lo que requerimos es un dictamen de las tres comisiones para poder imprimir el dictamen de mayoría”, señaló e informó que “la intención nuestra es sesionar el 10 de abril con este tema” y otros proyectos referidos a género.
El rionegrino resaltó que “Argentina necesita una ley de financiamiento político”, pero “lo que no podemos hacer es bajar al recinto con 20 modificaciones, donde no nos pongamos de acuerdo y todo termine mal”.
“Queremos tener la orden del día publicada, los consensos mayoritarios articulados para poder hacer un debate profundo y que podamos tener una ley que pueda ser votada en la Cámara de Diputados. Digo esto porque si no las noticias mañana dicen… ‘el Congreso de nuevo postergó para no se sabe cuándo’. Queremos darle claridad a este tema, certezas y transparencia”, finalizó.
Por su parte, el presidente de la bancada radical, Ángel Rozas, pidió que los jefes de bloques se pongan de acuerdo sobre la fecha de sesión para que ese día esté garantizado el quórum, porque se trata de una “ley indispensable para la democracia”.
En tanto, la senadora Magdalena Odarda anticipó que presentará un dictamen de minoría y manifestó su rechazo a la habilitación de que las empresas puedan aportar a las campañas. Consideró a esto como “la privatización lisa y llana de la democracia” que “rompe definitivamente con el principio de igualdad y soberanía de los partidos políticos”.
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