El argumento esgrimido es que debe profundizar la investigación con más medidas de prueba. Los jueces resolverán cuando terminen las audiencias que se fijaron para los restantes procesados.
El fiscal ante esa instancia sostuvo que debe revocarse el procesamiento para profundizar la investigación con más medidas de prueba en lo referido al rol del ex presidente en la maniobra investigada.
Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico resolverán cuando terminen las audiencias que se fijaron para los restantes procesados.
Fernández y su defensora pidieron por su parte la nulidad del procesamiento por violación al derecho a defensa.
La Corte Suprema rechazó en julio pasado la presentación del ex presidente que impulsaba la recusación del juez Julián Ercolini en la causa,
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso de la defensa de Fernández por “no dirigirse contra una sentencia definitiva”, informó el máximo tribunal en con comunicado.
En rigor, Ercolini ya no está al frente de la causa porque subrogaba el Juzgado Federal 11, cuyo último titular fue el fallecido Claudio Bonadio, y desde febrero ese tribunal está a cargo del juez Sebastián Casanello.
Sin embargo, la defensa de Alberto Fernández apuntaba a conseguir la recusación de Ercolini en miras a cuestionar lo sucedido en la causa.
En mayo de 2024, el ex presidente había pedido apartar a Ercolini por temor de parcialidad y habló de una “venganza disfrazada de causa penal”.El juez rechazó el pedido, desmintió que alguna vez hubiera sido amigos y rechazó también tener una supuesta enemistad en su contra.
El ex presiente entonces pidió ir personalmente a la audiencia ante la Cámara Federal, donde insistió en sus argumentos, aseguró que tiempo atrás habían sido amigos, pero ese vínculo, dijo, se rompió cuando el magistrado avanzó con algunas causas contra el kirchnerismo, y recalcó que él lo había dado la orden de denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.
El planteo fue rechazado por el juez federal Roberto Boico, en la Cámara Federal porteña, y también por la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma del juez Gustavo Hornos.
La abogada Barbitta buscó llegar en queja a la Corte Suprema, pero ahora el máximo tribunal dejó firme esa decisión.
Casanello procesó a Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, que castiga con una pena de hasta seis años.
Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor antes de ser jefe de Estado. Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado.
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