El FMI limita la oferta de dólares y apuestan a que los ponga el sector privado

Con las manos atadas por su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno busca alternativas para frenar cualquier intento de dolarización que desemboque en una nueva corrida cambiaria. Para eso confía en la liquidación de exportaciones del campo, mientras el Banco Central explora darles más protagonismo a los bancos privados para engordar la oferta de divisas.

La necesidad de nuevas estrategias se potenció luego de la visita a Washington del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Allí se encontró con la titular del FMI, Christine Lagarde. El saldo de la reunión fue positivo, aunque insuficiente para las urgencias del gobierno. Lo que logró Dujovne fue el permiso para vender las divisas que atesoró Hacienda a lo largo de 2018 gracias a las Letes y el préstamo del FMI. Pero lo podrá hacer a cuentagotas, en licitaciones de no más de 60 millones de dólares por día, que le quitarán flexibilidad y oportunidad para intervenir en caso de una nueva corrida. El sistema comenzaría a regir en abril y se extenderá hasta fin de año .

En la práctica, el saldo del encuentro fue un triunfo de la ortodoxia del Fondo, que hizo prevalecer su rígida visión macroeconómica de priorizar la libre flotación del dólar, sin considerar los perjuicios de una exagerada volatilidad en la actividad doméstica. Esa postura ratifica la expresada en el acuerdo stand by firmado en septiembre, en el que el Banco Central es el único ente oficial autorizado a intervenir en el mercado, sólo si la cotización del dólar supera la franja preestablecida.

«Nosotros vamos a hacer licitaciones transparentes, donde se van a vender los dólares al tipo de cambio vigente. El objetivo es hacernos de pesos, no es hacer política cambiaria», señaló Dujovne al término de la reunión con Lagarde. «Estamos haciendo una operación de distinta índole que el Banco Central. Evidentemente habrá influencia sobre el mercado. Pero el objetivo no es alterar el tipo de cambio, sino convertir los dólares a pesos», insistió.

Mirando al campo

Lo que está en juego es quién ofertará dólares en caso de que se recaliente la demanda, algo que no sería de extrañar teniendo en cuenta la incertidumbre política. Por caso, hay $ 1,1 billones (más de U$S 25 mil millones) que el sector privado tiene en plazos fijos y que podrían salir del sistema en busca de destinos más seguros. Si el gobierno sólo puede vender U$S 60 millones por día y el Central no puede intervenir hasta que el dólar salga de la franja cambiaria (cuyo techo es hoy de $ 50,46), ¿quién pondrá lo que falte?

La apuesta es que el campo sea la fuente de dólares. Pero es difícil predecir el monto, porque una de las medidas iniciales del macrismo fue liberar al sector de la obligatoriedad de vender las divisas de inmediato. Por de pronto, según el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), los U$S 3046 millones liquidados en el primer bimestre son la cifra más baja de los últimos cuatro años. «Yo digo que hay más o menos unos 20 mil millones de dólares que se deberían liquidar entre abril y septiembre», estimó el empresario Gustavo Grobocopatel, uno de los referentes del sector.

Por las dudas, el Central inició contactos con bancos privados para que se conviertan en market makers (animadores del mercado). Su rol sería asegurar precios a los que están dispuestos a comprar y vender divisas, para dar mayor certidumbre al mercado y evitar excesivas fluctuaciones. A cambio, podrían obtener preferencia en las licitaciones de divisas oficiales.

El vaso medio lleno

Hasta que esas acciones se concreten, lo que reina es la cautela y cierta decepción por el escaso grado de flexibilidad obtenido por el gobierno. «El afán del FMI por evitar que se usen sus dólares para financiar una corrida cambiaria a precios bajos es un problema para un gobierno que piense que la volatilidad cambiaria le resta votos», señaló Daniel Artana, economista jefe de FIEL, en una columna en el diario La Nación.

«Lo positivo es que las ventas acotadas y previsibles suman liquidez a un mercado donde con poco se puede mover mucho. Lo negativo: si la refinanciación de Lecap es baja, se estarían usando dólares que podrían estar cubriendo el programa financiero en moneda extranjera para cancelar deuda en pesos», opinó Martín Vauthier, de la consultora Eco Go.

El informe de Ecolatina fue más pesimista. «Esto no es una buena noticia: el poder de fuego del Palacio de Hacienda se limitó con el anuncio, su poder disuasorio será menor. Pese a que se sumó una herramienta adicional para hacer frente a las presiones cambiarias, la misma luce acotada e incapaz de contrarrestar eventuales tensiones que podrían darse en un día. Por lo tanto, podemos afirmar que en momentos de elevada incertidumbre, las licitaciones del Tesoro serán poco efectivas», evaluó.  «

Ajuste fiscal: febrero cerró con superávit primario

A la espera de que el FMI libere un nuevo tramo de U$S 10.700 millones del préstamo stand by (el dinero llegaría la próxima semana), el gobierno tuvo otra noticia para mostrarle al organismo: obtuvo superávit primario en febrero.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, en el segundo mes del año hubo un saldo positivo de $ 6726 millones. Los ingresos ($ 256.589 millones) crecieron 48,3% con relación al mismo mes del año pasado, en línea con la inflación, mientras que los gastos ($ 249.863) lo hicieron en 29,3%, lo que supone una reducción de 14,5% en términos reales. Esa es la verdadera medida del ajuste fiscal.

El gobierno celebró los números. «Es la primera vez en siete años que el sector público nacional no financiero comienza el año encadenando dos meses consecutivos de superávit primario», se destacó en el comunicado oficial.

Esto no significa que el gobierno haya ahorrado plata en febrero. Es que además se pagaron intereses de la deuda pública por $ 11.632 millones, por lo que en realidad el balance cerró con un déficit financiero de $ 4906 millones, que trepa a $ 64.944 millones en el acumulado de 2019. Esas cifras, que revelan el peso de la deuda adquirida en los últimos años, no es considerada relevante por el gobierno.