El FMI sigue de cerca el envío de un programa económico al Congreso

El programa económico plurianual que el gobierno se comprometió a enviar al Congreso será, en los hechos, un paso concreto hacia la rúbrica de un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. La decisión anunciada por el presidente Alberto Fernández es uno de los requisitos que pidió el organismo para sellar un acuerdo de facilidades extendidas que permita refinanciar la deuda de U$S 43 mil millones que debe afrontar Argentina.

Según dijo el presidente en su mensaje al país del domingo a la noche, cuando se empezaban a conocer los resultados de las elecciones, el programa incluirá “los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el FMI”. Se desprende de esa frase ya hay un núcleo de coincidencias y que el resto está sujeto a discusión «sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social», según lo dijo el propio jefe de Estado.

La exigencia de un consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales fue puesta sobre la mesa por los técnicos del Fondo en las últimas reuniones sostenidas con la delegación argentina, durante la reunión del G-20 en Roma. La “cláusula ownership” intenta dejar en claro que el país asuma su responsabilidad sobre el contenido del programa y las condiciones que se pacten, más allá de un eventual cambio de gobierno (recordar que el programa en discusión tendría vigencia hasta 2032) y de las resistencias internas que se puedan generar.

Lo que pretende la entidad es que la búsqueda de ese apoyo unánime corra por cuenta del propio gobierno. “Tratamos de que el programa sea uno que veamos como creíble y útil para la gente de Argentina”, dijo su directora gerente, Kristalina Georgieva, en la reunión conjunta del FMI y del Banco Mundial que tuvo lugar en Washington hace algunas semanas, delegando la responsabilidad sobre los contenidos del programa.

En los manuales del Fondo, el compromiso interno que puede tener un programa es clave para su éxito. A tal punto que ese fue uno de los criterios excepcionales en que el staff se basó para aprobar el stand by de 2018: juzgó (equivocadamente, según lo demostraron los hechos siguientes) que el gobierno de Mauricio Macri tenía “capacidad política e institucional para realizar el ajuste” al que se había comprometido. Ahora, con la negociación estancada y la delicada situación política evidenciada en el resultado electoral del último domingo, Fernández resolvió pedir al Congreso que apoye la negociación y acepte sus consecuencias.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este martes que «este es un proyecto que hay que consensuar también con la oposición, con las fuerzas políticas, sociales y económicas, porque estamos hablando de un tema que involucra a todos los argentinos». También confirmó que será girado al Parlamento en la primera semana de diciembre y que «en estos momentos está trabajando el ministro (de Economía Martín) Guzmán y los equipos técnicos para enviar el mejor proyecto posible porque esto es realmente importantísimo».

Se cree que el programa plurianual presentará un frente externo más despejado, ya que el nuevo acuerdo incluiría la postergación hasta comienzos de 2026 de todos los pagos de capital al FMI (unos U$S 18.000 millones por año para 2022 y otros tantos para 2023). Una de las incógnitas radica en la rapidez con que las autoridades económicas se comprometan a eliminar en los próximos ejercicios el déficit fiscal, que para el corriente año podría alcanzar el 3% del PBI, y reducir la emisión monetaria. Para ello se impulsaría una baja en los subsidios de las tarifas públicas, a partir de una segmentación en función de los ingresos de los usuarios.

La otra gran cuestión está en el frente cambiario, ya que la brecha entre la cotización de la divisa oficial y las alternativas sigue muy alta y esto conspira contra el objetivo de acumular reservas que aseguren los pagos de deuda. El Fondo pide que esa distancia se reduzca pero el gobierno no quiere saber nada con una devaluación que alimente aún más la inflación.