Las organizaciones sociales exigieron el reabastecimiento de los comedores luego de que el gobierno reconociera que las auditorías jamás se realizaron. La ministra está imputada por recibir coimas por intermediaciones.

La noticia se conoció en boca del propio gobierno que respondió un pedido de información pública de la diputada Natalia Zaracho presentado el 16 de mayo. La respuesta oficial al pedido de la diputada Zaracho sostenía que, a contramano de lo expuesto por el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse ante el Congreso Nacional, que “la referencia genérica a ‘auditoría’ comporta una interpretación gramatical realizada por el entonces jefe de Gabinete, la cual se refiere a las acciones de control propias de los órganos a cargo de la ejecución de las políticas públicas y no a un informe de auditoría con los alcances previstos en la Ley N°24.156″.
El pedido de informes se realizó un día después de que el mismo Posse asegurara que “casi el 50% de los comedores” auditados no existían. En nombre de tales procedimiento inexistentes la cartera de Capital Humano decidido interrumpir el envío de alimentos a los comedores con el agravante de que toneladas de los mismos terminaron vencidos en depósitos del Estado.
A pesar del escándalo, la política del organismo encargado de velar, entre otras cosas, por las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, no se modificó. Los alimentos siguen sin llegar a los comedores que se financian con los aportes solidarios de otras organizaciones y el esfuerzo de los sostenedores de los mismos en los barrios. La demanda, además, crece día a día de la mano de la pobreza y la indigencia.
Por eso las organizaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero optaron por retomar la protesta callejera y marcharon desde Constitución al ministerio de Capital Humano en la avenida 9 de julio. En un comunicado exigieron que “devuelvan los alimentos a los comedores populares”.
Desde las 10 de la mañana concentraron en la estación de Constitución y luego masivamente se dirigieron hasta la cartera liderada por la cuestionada Pettovello a la que calificaron “también” de “alta coimera y chorra”. Las organizaciones señalaron que la ministra “acaba de reconocer ante la justicia que le mintió al pueblo y a la justicia sobre las auditorias que no realizo a ningún comedor!”.
A la vez señalaron que “desde que comenzó este nefasto gobierno desde el ministerio y varios medios amigos lanzaron una campaña para instalar que mediante auditorias se había constatado que la mayoría de los “comedores populares no existían” y que los dirigentes de las organizaciones nos habíamos robado la comida. Sobre esta base desde el ministerio cortaron la asistencia alimentaria a más de 45.000 comedores de todo el país”.
Pero además destacaron que “el juez Lijo imputó a Pettovello porque no pudo explicar el destino de 14 mil millones de pesos al programa de compra de alimentos” y que “según el juez ‘se indica el pago de una comisión del 3% por la intermediación’”
Finalmente señalan que “lo que esta gente ha hecho es un crimen social, no solo miente y roban, sino que”, al contrario, “han dejado a merced del narco y la desesperación a millones de familias que no tienen como resolver el problema del hambre y que pelean contra la desocupación y la precarización laboral”.
En la marcha señalaron que “exigimos que en forma inmediata se devuelvan los alimentos a los comedores registrados y que el Estado garantice la alimentación de las familias que lo necesiten”. Además sostuvieron que “denunciamos el congelamiento del programa Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y la Asignación Universal por Hijo ya anunciada en el presupuesto como próximo de blanco de ataque contra los que menos tienen”.
Fue ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea francesa.
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