El Frente de Todos volvió a la carga con el juicio político contra Conte Grand: «Sigue blindado»

En la primera sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense, el Frente de Todos insistió con el pedido de juicio político al procurador Julio Conte Grand por «mal desempeño de sus funciones» debido a su participación en la «mesa judicial» que investiga la justicia federal, entre otros motivos.

El proyecto fue presentado en enero y no logró el quórum para ser tratado en sesiones extraordinarias, pero ahora comenzará su recorrido por las comisiones y el FdT espera poder conformar la comisión investigadora para recabar pruebas contra Conte Grand, ya que sólo requiere de mayoría simple. El oficialismo aprovechó el arranque de sesiones para dejar sentada su postura sobre la «Gestapo» y cuestionar a Juntos por el «blindaje» a quien fuera secretario Legal y Técnico de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

La que trajo el tema a colación fue la vicepresidenta del bloque peronista, la diputada Susana González, quien hizo uso de los cinco minutos que le correspondían por el rechazo del cuerpo a un proyecto suyo de repudio a la foto que Conte Grand se sacó con el ex presidente Mauricio Macri. «Qué hipocresía, tanto que se rasgan las vestiduras hablando de la república y la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial, y asistimos a esa foto donde el procurador Conte Grand estaba sentado con el ex presidente Macri», arrancó González y los interpeló: «¿Ustedes se imaginan si (Alejandra) Gils Carbó hubiera salido en una foto al lado de Cristina Kirchner? ¿Se imaginan si (María del Carmen) Falbo hubiera sido vista comiendo con Daniel Scioli?».

Acto seguido, la legisladora cuestionó a los legisladores de Juntos por no dar quórum para aprobar el pedido de juicio político, en sesiones extraordinarias, y consideró que «tienen miedo» de votar la creación de la comisión investigadora porque, aseguró, «ustedes también fueron espiados y carpeteados».

«Parece que tienen miedo que esta cámara inicie una investigación contra Conte Grand, respetando siempre el principio de inocencia, pero investigar qué pasó con el único procurador del país que tenía un teléfono encriptado, que triplicó las denuncias contra los magistrados y que aún sigue blindado», dijo González y agregó que el procurador «va a a tener que explicar la connivencia judicial con la mesa donde había funcionarios de María Eugenia Vidal, senadores, el intendente de La Plata y funcionarios de la AFI, el mismo espacio donde el exministro de Trabajo (Marcelo Villegas) decía que estaba todo acordado con el Procurador».

La legisladora también recordó que el propio Conte Grand estableció un Código de Ética para fiscales y defensores que establece que los miembros del Ministerio Público «deben abstenerse de participar en actividades incompatibles con sus funciones o puedan afectar su independencia de criterio» y apuntó: «Él violó su propio código».

Para cerrar, la diputada sostuvo que el objetivo de la comisión que propone el FdT es «investigar de una vez por todas cuál fue el rol que tuvo Conte Grand entre otros, en el armado de causas judiciales en la provincia de Buenos Aires».

El pedido de juicio político a Conte Grand se enmarca en el inciso 2 del artículo 73 de la Constitución provincial que establece que «es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado» a funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones y en la ley 4334 de juicio político, que establece el mecanismo para acusar y remover al procurador.

El FdT cree que abril será el mes clave para avanzar en la creación de la comisión investigadora, que se aprueba con mayoría cuimple, un número que el oficialismo tiene. La comisión estará integrada por cinco legisladores y tendrá seis meses para recolectar pruebas y citar a declarar a funcionarios y, especialmente, a quienes participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia.

Empresas recuperadas y agenda por el 8M

Durante la sesión, los diputados y diputadas aprobaron y giraron al Senado el proyecto de ley enviado por gobernador Axel Kicillof para declarar la Emergencia, Económica, Financiera y Tarifaria de las Empresas Recuperadas de la provincia por el término de dos años.

La iniciativa suspende la ejecución de desalojos mientras dure la emergencia, como también el corte de servicios públicos y el remate de los bienes que integren el patrimonio de esas empresas y resulten necesarios para su explotación. Kicillof agradeció este jueves la media sanción. «Representa un alivio para el sector», escribió y aclaró que «forma parte del plan 6×6» que impulsa su gestión.

No se trató, sin embargo, el proyecto de adhesión de la provincia al Consenso Fiscal firmado a fines del año pasado por Kicillof y el resto de los gobernadores. La idea del oficialismo era que se aprobara sobre tablas pero no hubo acuerdo con Juntos y la iniciativa pasó a comisión.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Cámara también aprobó el proyecto que establece la provisión gratuita de productos de gestión menstrual a estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la provincia, y dio media sanción a la creación de protocolos para hacer frente a la violencia por motivos de género en el ámbito laboral dentro del sector público de la provincia de Buenos Aires. Este último proyecto alcanza a los tres poderes del Estado provincial y a todas las empresas y organismos vinculadas con el mismo.