La ministra Priti Patel debe decidir si entrega al periodista a EE UU. Asesoró a un grupo de presión financiado por la CIA hasta 2016.

No se espera que Patel sea benévola. Según documentos revelados por Desclasiffied UK, la ministra fue entre 2013 y 2016 asesora política de la Sociedad Henry Jackson (HJS), un grupo derechista con financiación de la CIA que atacó a Assange en los medios británicos durante una década.
El caso motiva el reclamo de periodistas de todo el mundo, aunque en medios hegemónicos su nombre pasó a ser mala palabra desde que Washington, durante la administración de Barack Obama, comenzó con la persecución. El primer paso fue negar que su tarea fuera periodística: lo redujeron a “un hacker”. Sin embargo, los documentos que publicó el sitio WikiLeaks son filtraciones de personas que participaban en alguno de los eslabones de la burocracia estadounidense y estaban en desacuerdo con el rumbo que tomaban las autoridades.
El portal saltó a la fama cuando en abril de 2010 difundió el video de un ataque con helicópteros Apache realizado en 2007 en el que disparaban a mansalva contra civiles que circulaban por una calle de Bagdad. Fueron asesinadas 12 personas, entre ellas dos periodistas de la agencia Reuters. Después se supo que el video fue entregado por un soldado horrorizado por las imágenes que veía, Bradley Manning, luego convertida en Chelsea Manning.
Perseguido por una acusación de abuso sexual que más tarde se reveló falsa, Assange se refugió en 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres, con asilo del gobierno de Rafael Correa, hasta que en 2019 Lenin Moreno permitió el ingreso de la policía inglesa para llevarlo a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh.
El “peso de la ley” es cruel con Assange, Mannig fue indultada por Obama en 2016 y los autores materiales e intelectuales de la masacre jamás fueron llamados a declarar. La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a la ministra británica que no extradite a Assange y reclama en una carta abierta junto con grupos de defensa del derecho a la información de todo el mundo que «actúe en interés de la libertad de prensa» y permita la inmediata excarcelación. La defensa del periodista, encabezada por el exjuez español Baltasar Garzón, tiene un plazo legal hasta el 18 de mayo para presentar alegaciones.
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